BOGOTÁ (apro).- Este domingo 17 los colombianos acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente entre dos candidatos que defienden modelos de desarrollo no sólo diferentes, sino antagónicos. Uno de ellos es el abanderado del derechista partido Centro Democrático, Iván Duque, quien es el “delfín” del controvertido exmandatario colombiano Álvaro Uribe, el más enconado opositor del proceso de paz con la ex guerrilla de las FARC y cuya fuerza política es tan robusta como su expediente judicial. Duque es un abogado de 41 años que ingresó a la política en el 2014 como senador del Centro Democrático, de la mano de Uribe. Es un hombre ecuánime, preparado (tiene maestrías en derecho económico y en políticas públicas), tiene un estilo conciliador y fama de honesto. Pero Uribe, su mentor, ha acumulado a lo largo de varios años 28 procesosen su contra en la Corte Suprema de Justicia, la mayoría por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha que cometieron 1,166 masacres y unos 16,000 asesinatos de civiles en dos décadas de actividad, según un informe oficial. Y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (de diputados), que es la instancia encargada de investigar a los presidentes y expresidentes en Colombia, ha recibido más de 400 denuncias contra Uribe por delitos que van desde financiamiento ilegal de campañas políticas hasta homicidios y masacres. El proyecto uribista, anclado en la más rancia oligarquía latifundista y ultraconservadora de Colombia y en la ortodoxia neoliberal, es el que abandera Duque. En esa concepción política, las culpables supremas de los males de Colombia son las FARC, hoy convertidas en partido político legal. Según esa visión, ninguna responsabilidad de la violencia política tiene el Estado que, con la represión, orilló en 1964 a un grupo de campesinos con una agenda agraria a tomar las armas y convertirse en una guerrilla comunista que habría de llamarse FARC. Tampoco tienen responsabilidad las Fuerzas Militares, que entre sus pecados e historial de violaciones a los derechos humanos está la ejecución, durante los gobiernos de Uribe (2002-2010), de unos 10,000 jóvenes de barrios populares para presentarlos como bajas guerrilleras. Esto, según un reciente estudio del coronel retirado Omar Eduardo Rojas. En la Colombia de Uribe, no tienen lugar los campesinos propietarios de sus tierras sino los peones agrícolas, y los únicos actores del conflicto armado que deben pagar con cárcel los crímenes atroces que cometieron durante más de medio son los jefes de las FARC. Desde luego, el hecho de que un exguerrillero del M-19, como lo es Gustavo Petro, se haya convertido el pasado 27 de mayo en el primer candidato presidencial de izquierda en pasar a la segunda vuelta y de que hoy esté compitiendo con Duque por llegar a la Casa de Nariño –la sede del Ejecutivo en Colombia— es una afrenta para las elites ultraconservadoras del país. Más, cuando ese exguerrillero fue un eficaz senador que destapó sonados casos de corrupción gubernamental desde la tribuna del Congreso durante la Presidencia de Uribe y, además, fue uno de los pocos colombianos que se atrevieron a denunciar los vínculos entre paramilitares de extrema derecha y políticos muy cercanos al exmandatario. Para millones de colombianos, Petro representa la antítesis de la clase política tradicional que se ha mantenido en el poder durante décadas con clientelismo, alianzas con las mafias del narcotráfico y corrupción. Pero incluso para muchos respetados críticos de esa forma de hacer política, Petro es un populista con un proyecto inviable –quiere transformar a Colombia de un país exportador de petróleo y carbón en un productor de energías limpias y alimentos-, y por eso ese sector va a votar en blanco en la segunda vuelta del próximo domingo 17. Al candidato presidencial progresista, quien fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, también se le reprocha la escasa capacidad gerencial y de ejecución que mostró en ese cargo. Otros más lo consideran proclive al autoritarismo y resistente a la crítica. Lo cierto es que, con todas las animadversiones que genera entre las clases altas de este país y entre los medios de comunicación, que mayoritariamente son propiedad de grandes conglomerados económicos, Petro ha sido capaz de suscitar el respaldo de millones de colombianos que lo observan como una real alternativa de cambio. Aunque todas las encuestas favorecen a Duque, la más reciente, conocida el viernes pasado y elaborada por la firma Datexco, señala que Petro está a sólo seis puntos del candidato uribista, lo que significa que en los últimos días ha reducido de manera importante la desventaja de 15 puntos que llegó a tener en los primeros sondeos que se hicieron tras la primera vuelta electoral del 27 de mayo. A Duque no le ha ayudado mucho insistir en una propuesta para analizar la conveniencia de desaparecer algunas altas cortes del país. Esto se ha interpretado por sectores críticos del candidato derechista como una manera de intimidar a los magistrados que investigan a Uribe. Si los colombianos prefieren lo que representa Petro o lo que representa Duque, es lo que se resolverá en las urnas este 17 de junio en Colombia. Se trata de una disputa política muy parecida a la que se registra en México entre el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien promete un cambio de régimen, y la clase política tradicional que ha gobernado al país con las banderas del PRI, durante 77 años, y durante 12 años con del PAN.