Colectivo pide a presidenciables comprometerse con crisis humanitaria por desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México emplazó a los candidatos presidenciales a aceptar un decálogo de demandas para atender la crisis humanitaria que heredará el próximo mandatario expresada en la cifra oficial de 37 mil desaparecidos.

En un comunicado los 55 colectivos de familiares de personas desaparecidas de 18 estados de la República y de tres países de Centroamérica, demandaron a los candidatos presidenciales que “con urgencia den prioridad a la protección de los derechos humanos, y en especial a la atención de la terrible tragedia de las desapariciones, comprometiéndose públicamente con acciones concretas”.

A unas horas del tercer debate presidencial, los familiares de desaparecidos advirtieron que darían a conocer las respuestas de los aspirantes a su decálogo después del 20 de junio, fecha límite que los colectivos fijaron para que respondan a sus exigencias.

El llamado a los presidenciables, parte del diagnóstico de que en México existen más de 37 mil personas desaparecidas reconocidas por el Estado, cientos de miles de muertes violentas y “el temor con que vivimos la mayoría de las familias mexicanas a ser víctimas de la violencia, la inseguridad y las interminables violaciones a los derechos humanos”.

Al recordar que desde 2015 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, es acompañado por 30 organizaciones sociales, y que impulsaron la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los colectivos recordaron a los aspirantes presidenciales que “tienen el deber de comprometerse a cambiar esta situación y explicar al país de qué forma pretenden hacer que cese la violencia, que exista búsqueda e investigación efectiva, verdad y justicia para las víctimas y sus familias, dar garantía de no repetición y detener las desapariciones que aún están sucediendo”.

En su pronunciamiento, las familias de las víctimas de desapariciones advirtieron que no están dispuestas a que el tema sea pasado de largo en el proceso electoral, “donde exista ausencia de propuestas concretas y se propongan estrategias ambiguas para combatir la inseguridad”.

Advierten: “las familias queremos un proceso electoral que nos tome en cuenta como sujetos sociales fuertes y capaces de aportar, acompañar y asesorar a las instituciones encargadas de garantizar la verdad y la justicia”.

Tras recordar que las desapariciones de personas se registran desde hace la llamada “guerra sucia” de la década de los setenta, las familias sostuvieron que “el sistema de seguridad y la procuración de justica está en crisis”, y que actualmente “son parte del problema, no la solución”.

Agregaron que las instituciones federales y estatales “no han servido para la búsqueda y localización” de los desaparecidos ya que “no han generado estrategias contundentes para la prevención de las desapariciones, no han garantizado la sanción de los culpables y mucho menos han respondido a la atención de las familias y reparación a las víctimas”.

Y exhortaron a los candidatos a que “se comprometan públicamente, como mínimo” con diez puntos, así como “expongan de qué forma los harán realidad”.

Los familiares de víctimas de desaparición pidieron garantías de participación “en todas las acciones y políticas relacionadas con las desapariciones”, así como para la implementación efectiva de la Ley general, a la que se le tendría que “asegurar el presupuesto amplio y necesario” además de “fortalecer las instituciones encargadas de atender las desapariciones, principalmente la Fiscalía Especializada y la Comisión Nacional de Búsqueda”.

Los integrantes del Movimiento consideraron indispensable que sea la federación quien dirija “los esfuerzos necesarios para combatir la impunidad y garantizar la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país”, así como “desarrollar políticas específicas para atender las desapariciones forzadas cometidas durante la denominada ‘Guerra sucia”.

Las familias consideran fundamental la reforma al artículo 102 constitucional para la creación de una fiscalía autónoma “que sirva para acceder efectivamente a la justicia y romper el círculo de impunidad”.

Y solicitaron crear un “mecanismo internacional contra la impunidad”, desmilitarizar la seguridad pública, “privilegiando un enfoque de seguridad humana y ciudadana”, así como cumplir los compromisos internacionales de México en materia de Derechos Humanos.

Entre los compromisos internacionales que las familias exigen están aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de personas (CED) “para recibir comunicaciones individuales”, así como a visita del CED solicitada desde 2014.

El Movimiento considera indispensable “desarrollar un plan de acción para la implementación de las Acciones Urgentes” emitidas por el CED y “participar en un diálogo de seguimiento” al que ha invitado el CED para implementar las observaciones finales adoptadas en 2015.

Los colectivos pidieron a los candidatos comprometerse a “fortalecer la relación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos” y los emplazaron a comprometerse públicamente con el decálogo. Recalcaron que esperan recibir sus respuestas antes del 20 de junio, y después de esa fecha, “el Movimiento hará públicas las respuestas recibidas”.

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