Ayotzinapa, reto para la Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están en aprietos. El gobierno de Enrique Peña Nieto quiere que los jueces constitucionales reviertan el fallo del Tribunal Colegiado que echó abajo, de tres plumazos, las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La técnica jurídica, según expertos constitucionales, ni siquiera da margen para la intervención de la Corte y mucho menos revertir la polémica sentencia firmada por los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno de Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.

En su controversial fallo, que para las autoridades es excesivo, los magistrados ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad y prácticamente desecharon las actuaciones de la PGR en más de tres años de investigación, el más grande en la historia de la Procuraduría.

El caso se salió del control del gobierno de Enrique Peña. Su escenario era que en los próximos meses se tuvieran las primeras consignaciones por secuestro y homicidio, evitando toda referencia a crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada y, en consecuencia, la responsabilidad del Estado mexicano.

La única manera en que la administración de Peña Nieto recupere espacio ante las organizaciones sociales nacionales que patrocinan a los familiares de las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, es a través de una intervención de la Corte que limite los alcances de la resolución de los magistrados.

No sería el primer servicio de la Corte al Ejecutivo en momentos de apremio. En 1998, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, una mayoría de ministros apoyó el anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses en momentos en que para ese gobierno era crucial obtener recursos fuera de los impuestos.

A pesar de las violaciones constitucionales argumentadas, la Cote aprobó esa medida que sigue atentando contra los bolsillos de los mexicanos.

En 2005, cuando Vicente Fox necesitaba argumentos jurídicos para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, citó a los ministros a Los Pinos. Solícito, el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela se convirtió en asesor informal del Ejecutivo, lo que provocó una crisis entre los ministros.

El gobierno de Felipe Calderón también requirió a la Corte en momentos de apremio y logró que el máximo tribunal diluyera las responsabilidades por el incendio de la guardería ABC en Hermosillo Sonora, en el que murieron 49 niños. Estaban implicados funcionarios de ese gobierno y de su antecesor.

Las presiones contra los ministros fueron intensas. “No te pusimos ahí para esto”, fue el mensaje desde la Secretaría de Gobernación para uno de los ministros que buscaba escalar las responsabilidades.

Las presiones siguieron con el caso de Florence Cassez. Se resolvió hasta que se fueron Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Ahora Peña Nieto requiere a los ministros. El Poder Judicial también es un poder político y hace política. Vamos a ver de qué está hecho cada uno de los ministros.

@jorgecarrascoa

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