Acusan despojo de 90 hectáreas por parte de padres de candidata priista en San Felipe del Progreso

TOLUCA, Edomex. (apro).- Ejidatarios de Las Salinas denunciaron el despojo de 90 hectáreas del rancho “El Cristo”, ubicado en el municipio de San Felipe del Progreso, por parte de José Guadalupe Real Pedraza y Emma Salinas López, padres de Dora Elena Real Salinas, candidata a la alcaldía por el PRI.

Los afectados acudieron este miércoles 13 a la Legislatura mexiquense en busca del apoyo de los diputados para hacer valer todas las sentencias judiciales que, en 25 años de batalla legal, se han emitido en su favor, incluida la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expedida en 2015.

Juan Suárez, presidente del Comisariado Ejidal, recordó que el rancho “El Cristo” o “Embajomuy” fue adquirido por los afectados el 28 de marzo de 1960 con el dinero de la indemnización por la expropiación en 1945 del ejido Las Salinas para edificar la zona industrial Vallejo.

Por asamblea, los ejidatarios determinaron adquirir el terreno de 90 hectáreas en San Felipe del Progreso, con la intención de reponer sus tierras de cultivo.

La compra quedó inscrita el 10 de septiembre de ese año ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ixtlahuaca, bajo el asiento registral 129 y fue certificada por el notario público 120 del entonces Distrito Federal, Efraín Lazos.

A la fecha, los 60 ejidatarios involucrados no han tomado posesión del inmueble, pues fueron despojados de él entre los años 1988 y 1990, cuando Salinas López se desempeñó como alcaldesa de San Felipe el Progreso, y Real Pedraza como representante de la Reforma Agraria.

José Guadalupe Real asegura ante los juzgados que está en posesión y disfrute del rancho desde 1988; para hacer valer su titularidad, se acoge a un juicio de usucapión –la sentencia en su favor fue emitida por el juez Felipe Álvarez Chávez– que presuntamente ganó a Rodolfo Mata Cruz, uno de los ejidatarios que ya falleció (en todo caso, el recurso debió instaurarse en contra del ejido y no sólo de un miembro), y a la presunta venta verbal de algunas porciones del terreno de parte de otros presuntos propietarios.

Con lo anterior, Real Pedraza además habría desacatado el fallo del Tribunal Unitario Agrario del 5 de octubre de 1993 relacionado con el juicio 70 de ese año, en el que se dispuso la suspensión de todo trámite relacionado con la venta, escrituración o cualquier otro acto jurídico tendiente a modificar el estado del rancho.

Esta sentencia además establece que, de no acatarse la suspensión, a Real Pedraza “se le aplicarán las medidas de apremio que la ley establece y, en su caso se procederá en su contra por el delito de desobediencia a un mandato judicial”.

“Hemos buscado a quienes dicen que el terreno se los vendió J. Guadalupe Real Pedraza, pero nunca se han presentado en juicio; está manipulado todo el asunto, el señor Real Pedraza lleva a los abogados en representación de la gente que supuestamente está en posesión”, indicó Suárez Rocha.

Inconformes con el fallo por el juicio de usucapión, los ejidatarios interpusieron el recurso de apelación 541/2013; como resultado, la Primera Sala Civil Región Toluca determinó que “el ejido de Las Salinas tiene pleno dominio sobre el predio”.

Además, condenó a Real Pedraza “a desocupar y entregar el bien a la parte actora, con todos sus frutos y accesiones, concediéndole para tal efecto un plazo de ocho días contados a partir del día siguiente en que cause ejecutoria la presente sentencia, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se procederá en la vía de apremio”.

El fallo fue recurrido por J. Guadalupe Real a través de un amparo que le fue denegado el 10 de abril de 2014 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el expediente 1088/2013.

El mismo Real Pedraza interpuso amparo directo en revisión ante la SCJN. El 11 de febrero de 2015, la Segunda Sala resolvió desechar el recurso 2252/2014, y el 9 de junio de ese mismo año se confirmó la negativa a ampararlo.

Por el contrario, el 18 de septiembre de 2017, al resolver el expediente 462/2015, la Justicia de la Unión amparó y protegió a los ejidatarios, pero a la fecha ningún juez les ha dado posesión del rancho, con el argumento de que los supuestos nuevos compradores han promovido diversos amparos que se encuentran en curso.

El titular del Comisariado Ejidal rechazó que la denuncia tenga tintes políticos, pues su lucha jurídica data de 25 años y los recursos han sido ganados en todas las instancias.

No obstante, admitió el temor del núcleo ejidal ante la posibilidad de que Dora Elena Real Salinas llegue al poder y dé la estocada final al despojo, pues no descarta tráfico de influencias ni línea política, ya que a la fecha tampoco han obtenido respuesta de diversos documentos remitidos al presidente Enrique Peña o al exgobernador Eruviel Ávila, entre otros funcionarios, en busca de que les sea reintegrado su patrimonio.

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