La creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia y la reposición del proceso jurídico del caso Ayotzinapa, ordenadas por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, enfrentarán múltiples limitantes, como la desaparición de evidencias.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ya no se podrán realizar otra vez diversos peritajes dados a conocer en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que culminó con la polémica “verdad histórica” con la que intentó detallar lo ocurrido a los 43 normalistas de Guerrero, desaparecidos en diversos hechos violentos de septiembre de 2014.  De acuerdo con peritos del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) consultados por Proceso, existe el riesgo de que muchos de los rastros del caso ya estén alterados o manipulados porque no hay certeza de que permanezcan resguardados por la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR conforme a lo establecido por el Acuerdo A/009/2015, que estipula lineamientos y criterios para el registro de la cadena de custodia de indicios. Los peritos entrevistados, quienes a condición de no publicar su identidad revisaron la resolución de los magistrados, explicaron que las muestras del caso Ayot­zinapa están almacenadas en un salón que la PGR improvisó como bodega, la cual carece de instrumentos para el control de temperatura y humedad óptimas que eviten su descomposición. Los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez Tánchez resolvieron que se debe reponer el proceso de Gildardo López Astudillo, El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Miguel Ángel Landa Bahena, El Cheque, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos, organización delictiva que, según la PGR, es responsable de la desaparición de los estudiantes. En el polémico e histórico fallo los magistrados determinaron que “cualquier agente del Ministerio Público de la Federación, peritos y demás personal ministerial que haya actuado dentro de las investigaciones previas relacionadas al contexto integral del caso Iguala, se encontrará impedido para seguir conociendo o participando de la indagatoria”. A decir de los responsables de la resolución, ésta se emitió “debido a que en México, lamentablemente, no contamos con una fiscalía independiente”.  Así que cuando eligieron el mecanismo a implementar para el caso, con el fin de contrarrestar y superar los defectos de la investigación de la verdad histórica, se consideró necesario que los familiares de las propias víctimas sean quienes dirijan las pesquisas contando con el apoyo del Ministerio Público y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  Según la PGR, los restos de los cuerpos de los 43 normalistas fueron arrojados en el río San Juan después de haber sido calcinados en el basurero de Cocula, lugar donde se halló una bolsa negra que contenía material del que se pudieron extraer las muestras óseas que permitieron a la Universidad de Innsbruck analizar e identificar al normalista Alexander Mora Venancio. En la versión pública del expediente, dada a conocer el 10 de octubre de 2015, en el tomo 71 a partir de la foja 342 se encuentra el dictamen emitido por la Universidad de Innsbruck. En él se menciona que muchos de los indicios no resultaron aptos para análisis y que en otros se obtuvo una cantidad mínima de ADN nuclear que no sirvió para obtener algún perfil genético. Sólo una muestra sirvió para identificar al joven Mora; por lo tanto, ya no es posible hacer un segundo análisis para descartar o confirmar el resultado. En la versión oficial del expediente del caso Iguala también se habla de una credencial de la normal rural Raúl Isidro Burgos a nombre de Bernardo Flores Alcaraz, encontrada dentro de un autobús.  Una parte de la mica tenía restos de sangre. Los peritos consultados por este semanario explicaron que no pudieron localizar un dictamen del perfil genético que contenía la muestra. De haber sido realizada, los indicios ya pudieron agotarse o están alterados en el almacén donde se encuentran: un sitio sin control de temperatura ni de humedad.  Los expertos explican que otras muestras irreproducibles son los restos de explosivos, sustancias acelerantes del presunto incendio del basurero de Cocula, restos biológicos y elementos dentales aislados.  En el tomo 15, foja 21, hay un dictamen de criminalística de campo; desde la foja 27 a la 35 se describen todos los indicios que se recolectaron en diversos cuadrantes en los que se dividió el basurero de Cocula, la mayoría de ellos ya inservible –según expertos–, como fragmentos de cabello y tejido óseo quemado, entre toda una serie de residuos biológicos. Más indicios perdidos En el Tomo 84, fojas 003 y 004, está un dictamen químico –con fecha del 23 de diciembre– realizado a cinco restos de neumáticos, a petición del Ministerio Público federal (Proceso No. 2033). En el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-B/7799/2014 se solicitó “determinar los cambios físicos y químicos que fueron provocados con motivo de la combustión a la que fueron sometidos los neumáticos, a partir de su estado físico original, debiendo determinar la temperatura a la cual fueron sometidos y el tiempo utilizado para llegar al estado físico al momento de su levantamiento”.  En el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-B/7816 /2014 se pidió buscar residuos de gasolina o diesel en dichos indicios de llantas. En su primera conclusión, contenida en la foja 5 del dictamen, se notifica al Ministerio Público que “el laboratorio no cuenta con la infraestructura para realizar este tipo de análisis” y se sugiere que las muestras sean enviadas a instalaciones en el extranjero.  A la segunda petición del Ministerio Público se responde que “se identificó caucho, fierro y carbón, componentes fundamentales de las llantas”, pero “no se identificó el perfil característico de diesel ni de gasolina”. En el dictamen, fojas 020 y 022, los peritos anexan gráficas de un perfil de referencia característico de la gasolina y otro del diesel. Esta caracterización no se encuentra en ningún otro peritaje contenido en la versión pública. Sin embargo, en el Tomo 83 (fojas 846 a 878) aparece un documento elaborado el 15 de enero de 2015 por los peritos en incendios y explosiones de la PGR Marcos Soto Villalobos y Moisés Moreno Gallegos. Se llama “Dictámenes periciales del basurero de Cocula, APPGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015”. En el punto III.3 Soto y Moreno afirman que, tomando en cuenta la conclusión del dictamen de química forense con número de folio 80176 elaborado por peritos de la PGR –resumido anteriormente–, “puede determinarse que los acelerantes del fuego que menciona el dictamen de química corresponden a una mezcla de hidrocarburos del tipo gasolina o diesel”. Ambos peritos en incendios y explosiones determinaron lo anterior, aunque el laboratorio de química expuso el 23 de diciembre de 2014 (en el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-B/7799/2014) que carecía de la infraestructura necesaria para realizar dicha prueba. No obstante, los peritos de la PGR insistieron en concluir: “El incendio en el basurero se debió a la acumulación “deliberada” de neumáticos a los que se les vertió un acelerante del fuego correspondiente a una mezcla de hidrocarburos del tipo de gasolina y diesel”. El problema para corroborar los resultados descritos, coinciden los entrevistados, es que esos análisis son irrepetibles. Everardo Moreno, abogado y maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, expone que la resolución de los magistrados “es ilegal, aberrante, fuera de todo lugar. Los señores magistrados toman facultades que no tienen”.  En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirme el fallo de los magistrados se tendrá que reponer el proceso judicial. Sin embargo, ¿cómo se repondrá ese proceso, si algunos peritajes ya son imposibles de realizar?, se le pregunta. “No sé qué pueda suceder. Por eso le digo que es una resolución contraria a nuestro marco jurídico”, agregó. Manuel Olivares, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC, asesor de los padres de los normalistas, habla sobre los peritajes que no es posible volver a realizar: “Finalmente, hay lugares donde las evidencias ya se perdieron. La situación es completamente complicada porque vemos que esta sentencia termina con el mito de la ‘verdad histórica’, pero también nos indica que la intención del gobierno era cerrar el caso y cerrar la administración sin este lastre encima (…) eso nos indica la posibilidad de que pudiera no saberse realmente cuál fue el destino de los estudiantes.” Agregó que les preocupa que la resolución de los magistrados le abra la puerta a los detenidos que lograron el amparo para reponer su proceso. Este reportaje se publicó el 10 de junio de 2018 en la edición 2171 de la revista Proceso.