BOGOTÁ (apro).- Hasta hace cinco meses, el hoy presidente electo de Colombia, Iván Duque, era un senador poco conocido a nivel nacional y con escasa experiencia política. Tenía apenas cuatro años en esa actividad. Pero de la mano del exmandatario Álvaro Uribe, su mentor político, el joven abogado se convirtió, primero, en el candidato presidencial del derechista partido Centro Democrático (CD) y, después, de una coalición conservadora con la que este domingo 17 ganó la segunda vuelta de los comicios por la primera magistratura del país con el 53% de los votos. Tras su triunfo, el columnista de la revista Semana, Daniel Coronell, le escribió una carta abierta en la que le dice: “Sin Uribe usted no existiría, pero bajo Uribe usted no va a poder gobernar”. Ese vaticinio, que comparten amplios sectores de colombianos, es el primer escollo que tendrá que sortear desde el próximo 7 de agosto, cuando juramentará como presidente y se coinvertirá en el mandatario más joven en la historia de Colombia. Es un hecho que Uribe es una sombra que lo persigue desde que el expresidente lo perfiló como la mejor opción presidencial del Centro Democrático, un partido fundado por el exmandatario para dar cauce a un proyecto político en el que se ven representados latifundistas, amplios sectores de las Fuerzas Militares y personajes que quieren hacer “trizas” los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Aunque en la primera vuelta presidencial del pasado 27 de mayo la votación no le alcanzó a Duque para quedarse con la Presidencia (necesitaba la mitad más uno de los votos y obtuvo el 39 por ciento), este domingo 17 de junio lo logró con holgura. Derrotó al candidato presidencial izquierdista, Gustavo Petro, con una diferencia de 12 puntos porcentuales. “Ese salto político de Duque sólo fue posible por Uribe, a quien le debe todo”, dice el director del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, Fabio López de la Roche. Para el catedrático, “es claro que, sin el impulso de Uribe, Duque no estaría donde está, pero el expresidente no sólo es una fortaleza para él, sino, también, una debilidad”. Y es que Uribe es, por una parte, un político de enorme popularidad en Colombia. Según la firma Gallup tiene una favorabilidad del 51%, y en las elecciones legislativas de marzo pasado fue reelegido como senador con 866 mil votos, una cifra sin precedentes para un cargo en el Congreso. En contraste, el exmandatario –quien durante sus dos gobiernos (2002-2010) hizo de la lucha contra las entonces guerrilleras FARC una causa misional— tiene un rechazo del 44%, de acuerdo con Gallup, y enfrenta 28 procesos penales en la Corte Suprema de Justicia y 70 acusaciones activas en el Congreso por delitos que incluyen homicidio, alianzas con grupos paramilitares, manipulación de testigos y masacres. “Uribe es un político que polariza, que divide, que tiene un gran apoyo, un gran rechazo y un amplio prontuario de acusaciones gravísimas. Todo eso lo tiene que cargar Duque”, señala López de la Roche. Duque, sin embargo, asume a Uribe como una de las cuatro personas más determinantes en su formación –las otras tres son su padre, el fallecido político Iván Duque Escobar, el expresidente del BID, Enrique Iglesias, y el empresario Fabio Echeverry Correa— y como un hombre honorable en cuya rectitud cree “ciegamente”. Frente a las acusaciones y causas penales contra el exmandatario colombiano, Duque ha respondido que se trata de “infamias” y nunca ha explicado con claridad qué haría en caso de que la Corte Suprema de Justicia o cualquier otro tribunal emita un fallo contra Uribe que implique una condena de cárcel. Por una parte, sostiene que un presidente ni puede ni debe incidir en los fallos judiciales, pero por otra, dice estar seguro de que “una justicia objetiva lo declarará inocente”. Es decir, si la justicia declara culpable a Uribe en cualquiera de las cusas que lleva en su contra, Duque podría pensar que esa justicia no es objetiva. Una carga pesada Pero lo cierto es que es difícil imaginar a Duque --quien es un tecnócrata preparado, cosmopolita, de trato amable, conciliador, con fama de honesto y defensor de la democracia liberal— obstaculizando la acción de la justicia. El profesor Fabio López de la Roche considera que “aquí no se trata de las posturas y honorabilidad de una persona, sino de realismo político: Duque no tiene una base política y necesita a Uribe y al uribismo, y eso pasa, inevitablemente, por defender los intereses de ese sector y del líder de ese sector”. Duque contó en la campaña por la segunda vuelta presidencial con todo el apoyo de las fuerzas conservadoras de Colombia y hasta con un sector del centrista Partido Liberal. También, con el abierto respaldo de los organismos empresariales de Colombia. Y es que el rival de Duque en la segunda vuelta presidencial, el progresista Gustavo Petro, generó muchos temores entre el empresariado, que ha hizo eco a la propaganda uribista sobre el “castrochavismo” que le esperaría a Colombia con ese candidato. Con todo, Petro obtuvo ocho millones de votos –una cifra sin precedente para un candidato de izquierda en este país-- que le otorgan un claro mandato para liderar un bloque opositor desde el Senado, donde ocupará una curul. Gobernará para todos Consultado por Apro durante un acto de campaña el mes pasado, Duque señaló que en una Presidencia suya Uribe sería un gran aliado “desde el Congreso”, donde el exgobernante y senador lideraría la bancada del Centro Democrático. Desde allí, dijo, jugaría un papel “clave” para sacar adelante reformas como la fiscal, que incluiría una baja al impuesto de utilidades de las empresas; la educativa; la de las pensiones, para que los subsidios se reorienten hacia los jubilados de menores ingresos, y la de la justicia, “para hacerla más cercana al ciudadano”. La reforma a la justicia genera muchas suspicacias entre amplios sectores de juristas y analistas políticos, que la ven como como una operación para garantizar la impunidad de Uribe pues incluye la desaparición de cortes que investigan al expresidente o han tenido controversias con él. Según una iniciativa del Centro Democrático, deberían eliminarse la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y gran parte del Consejo de Estado, para dar paso a un Tribunal Constitucional Supremo. De acuerdo con el proyecto avalado por Duque, la reforma a la justicia estaría encaminada a tener “un sólo órgano de cierre que concentre las jurisdicciones que hoy están en cabeza de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”. El jurista Rodrigo Uprimny considera que los riesgos de esa propuesta “son enormes, pues implicaría casi inevitablemente la revocatoria de las actuales altas cortes”, en algunas de las cuales se concentran investigaciones contra el expresidente Uribe. “Esta iniciativa, por sí sola, es una forma de intimidación para los magistrados que tienen procesos contra Uribe porque el mensaje del uribismo es ‘los vamos a revocar’”, asegura Fabio López de la Roche. Duque niega que esa sea la intención de las medidas que propone y asegura que todas las reformas incluidas en su programa de gobierno las pondrá a consideración del país y serán “para favorecer a todos los colombianos, no a alguna persona en particular”. --¿No serán para favorecer al expresidente Uribe? –se le preguntó. --Yo no gobernaría para favorecer a personas, sino al país. --¿Y usted va a gobernar, o va a gobernar, como muchos colombianos piensan, Uribe? --El presidente voy a ser yo –respondió a una pregunta que, evidentemente, le resulta incómoda. En materia de política exterior, Duque defiende una mayor cercanía y coordinación con Estados Unidos en temas como la lucha contra el narcotráfico y el endurecimiento de las sanciones contra el régimen venezolano que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Y hasta ha llegado a decir que no descarta trasladar la embajada de Colombia en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, como lo hizo el presidente estadounidense Donald Trump con la sede diplomática de Washington en ese país. De acuerdo con Duque, un gobierno suyo alentará “la salida del régimen dictatorial de Maduro” y el combate “al problema del narcotráfico que nos viene del cártel de los soles” (como se conoce a los militares venezolanos implicados en ese delito). Asegura que, además, “como presidente, voy a promover una denuncia a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) para que responda ante la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido contra los venezolanos que rechazan su dictadura”. Duque afirma que Venezuela, “bajo los regímenes de Hugo Chávez y Maduro ha patrocinado el terrorismo al dar albergue a las FARC (exguerrilla colombiana que ya entregó las armas luego de un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos) y al ELN (grupo rebelde colombiano que mantiene un diálogo de paz con el gobierno), y nos hemos quedado cortos en esa denuncia, que también voy a llevar a la CPI”. Al referirse a México, Duque señala que se trata de un “socio muy importante de Colombia”. Los dos países, indica, pertenecen a la Alianza del Pacífico, un esquema de integración regional del que también forman parte Chile y Perú, y mantienen “una estrecha relación bilateral que, desde luego, voy a buscar reforzar”. Dice que esto lo hará con el presidente mexicano que resulte electo en las elecciones del próximo 1 de julio, “sin importar quién sea”. También, agrega, Colombia y México requieren “mayor coordinación” para enfrentar un tema de creciente preocupación: la presencia de los cárteles mexicanos de la droga en territorio colombiano. “Esto, para nosotros es un problema de seguridad nacional –señala--, y compartimos con México el interés de que a los cárteles de las drogas hay que combatirlos y desarticularlos. En esta tarea, yo espero también que las FARC le entregue a Colombia toda la información sobre sus rutas y su sociedad con los cárteles mexicanos, para que le pongamos fin a eso”. Duque precisa que el fenómeno de las drogas tiene otra arista: la de la salud pública. “Al adicto hay que tratarlo, al portador de drogas de uso personal no hay que meterlo a la cárcel, pero hay que confiscarle la dosis, y necesitamos mucha prevención en la sociedad, desde la familia, desde el colegio. Pero a los carteles hay que combatirlos y desmantelarlos con toda la fortaleza del Estado”, plantea. Un diplomático financiero Aunque Iván Duque es un novato en la política, pues hace apenas cuatro años que ingresó a esa actividad, tiene una larga trayectoria en el sector público y en la diplomacia financiera internacional. En el 2000, cuando solo tenía 24 años y era un abogado recién egresado de la Universidad Sergio Arboleda, fue llamado por el entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos –de cuya gestión presidencial ha sido un severo crítico en los últimos años— para que fuera su asesor. En 2001 fue designado como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington. En esa institución permaneció 12 años, hasta 2013. Fue consejero de la dirección para Colombia, Perú y Ecuador, y jefe de la división de Cultura, Creatividad y Solidaridad. En el BID, estableció una cercana relación con el expresidente del organismo bilateral, el uruguayo Enrique Iglesias, y con el actual presidente de la institución, el colombiano Luis Alberto Moreno. Duque, quien está casado con la abogada María Juliana Ruiz y tiene tres hijos, cursó dos maestrías durante su estancia en Estados Unidos, una en derecho internacional económico en la American University, y otra en políticas públicas en la Universidad de Georgetown. Además, hizo cursos de posgrado en la Escuela de Negocios y Gobierno de la Universidad de Harvard, un semillero de la tecnocracia latinoamericana. Duque, cuyo padre, Iván Duque Escobar, fue un político del Partido Liberal, gobernador de Antioquia y ministro de Minas y Energía, regresó a Colombia en 2014 de la mano del expresidente Uribe para postularse al Senado por el Centro Democrático. Desde el Senado, fue un duro crítico de los acuerdos de paz que firmó el presidente Santos con la exguerrilla de las FARC, los cuales ha prometido que modificará si llega a la Presidencia. Para el profesor Fabio López de la Roche, el “riesgo mayor” de un gobierno de Iván Duque será su intención “de acabar o golpear sustancialmente el acuerdo de paz con las FARC y de horadar o hacer inviables las instituciones de la justicia transicional” que se crearon para juzgar a los exjefes de la antigua guerrilla. Duque quiere que los excomandantes de las FARC paguen con cárcel, y no con trabajo comunitario, los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la guerra, y que se les prohíba participar en política. Pero esas modificaciones a los acuerdos tienen que ser aprobadas por el Congreso, donde si bien la colación electoral que construyó el presidente electo le dará una mayoría, no está claro si en ese tema tendrá el suficiente respaldo. López de la Roche considera que los eventuales cambios al acuerdo de paz tendrían posibilidades de ser aprobadas en un Congreso que estará liderado por Uribe. “Pero eso –advierte el académico-- podría llevar al traste el proceso de paz y generar razones adicionales para un indeseable rearme guerrillero. Habría un real peligro de volver a la guerra”.