Por falta de competencia, gas LP aumenta 8% en 2017: Cofece

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto liberó los precios del gas licuado de petróleo (gas LP), usado por la mayoría de los hogares en el país, el combustible aumentó hasta 8% el año pasado, debido a las precarias condiciones de competencia económica.

Así lo revela el documento ‘Transición hacia mercados competidos de energía: Gas LP’, elaborado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y dado a conocer este lunes.

En 2015, cinco grupos económicos concentraban aproximadamente 48% del mercado de gas LP a nivel nacional, al año siguiente se mantuvo ese nivel y en 2017 aumentó a 53%.

Estas concentraciones de mercado se profundizan a nivel regional en la distribución del combustible, y destacan las de Yucatán, Baja California y la región del Pacífico.

De acuerdo con el estudio, en las distintas actividades de la industria mexicana del gas LP –importación, transporte, almacenamiento, distribución y venta final– existen importantes áreas de oportunidad para introducir más competencia, incrementar el número de participantes y, con el tiempo, lograr que los usuarios tengan mejores precios en el suministro de este combustible, utilizado por 76% de las familias del país.

Además, los aumentos en el precio de gas LP tienen efectos regresivos importantes en los hogares más pobres de México, que en términos porcentuales destinan para comprarlo 3.5 veces más de su gasto que las familias de mayores recursos, abundó.

La liberalización

En el marco de la reforma energética implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en enero de 2017 se liberalizaron los precios de venta al público de gas LP, después de 11 años de estar determinados por una política de precios máximos.

En ese tiempo fueron definidos por la Secretaría de Economía (SE) a partir de un cálculo que, en gran medida, estuvo desvinculado del precio de referencia internacional de la molécula.

Hoy los precios se fijan libremente por los permisionarios, considerando las cotizaciones del gas LP en el mercado internacional, así como los costos de cada una de las actividades que son necesarias para llevar el combustible desde su lugar de producción hasta las áreas de consumo: producción o importación e internación, comercialización, transporte, almacenamiento y distribución, más el margen de venta.

La mala noticia es que tan solo en el transcurso del año pasado, los precios del gas LP aumentaron en promedio 8% en las distintas regiones del país.

Parte de ello se debe a que existe un número reducido de grupos que participan simultáneamente en todas las actividades de la cadena, desde la importación hasta la venta de gas LP al usuario final.

“Si bien dicha integración vertical puede ser benéfica por las eficiencias que estas empresas generan en su operación, también es una condición que inhibe la entrada de nuevos participantes”, sentenció la Cofece.

Por ejemplo, apuntó, con la liberalización de las importaciones en 2016, el mercado se concentró aún más, muy probablemente porque solo unos cuantos grupos económicos tienen la capacidad de internar y almacenar dicho producto para luego comercializarlo.

Infraestructura ociosa

A partir de la evidencia recabada, el documento expone que en el país podría haber capacidad subutilizada de transporte y almacenamiento de esa molécula en manos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de unas cuantas empresas privadas. Si esa infraestructura no puede ser aprovechada por otros jugadores, eso impide su entrada al mercado y eleva sus costos de operación.

En la internación del combustible, el estudio documenta un incremento en las importaciones, que entre 2000 y 2015 representaron 30% del consumo total, pero ante la caída de la producción nacional y la entrada de particulares a esta actividad (reservada al Estado hasta antes de la apertura), aumentaron a 60% a finales de 2017.

No obstante, “llama la atención que, ante este nivel de importaciones, no exista información pública respecto de los precios de internación, es decir, aquellos a los que las empresas, tanto Pemex como privadas, compran el combustible en el extranjero y lo ingresan al país. Esto imposibilita el análisis del margen de comercialización de las empresas que lo importan y venden a los consumidores finales”.

De esta forma, la Cofece recomendó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que tanto Pemex como las empresas privadas del sector se apeguen cuanto antes a los ordenamientos de la Ley de Hidrocarburos, de forma que compartan su infraestructura como vía para fomentar la entrada de nuevos competidores.

Sobre todo, si se considera que existe una subutilización en la infraestructura de transporte por ducto y almacenamiento de gas LP; la obligación legal de publicar capacidades y operaciones de infraestructura que, en la actualidad, no se cumple, y la obligación de realizar temporadas abiertas para asignar capacidades de infraestructura no utilizadas, contempladas en el marco regulatorio.

Aún más. La Cofece recomendó a la CRE que en materia de importaciones recopile y publique datos acerca del movimiento de precios en el punto de internación con base en los datos recogidos en las aduanas, con el objetivo de tener información confiable sobre los márgenes de venta de las empresas de gas LP.

Respecto de la comercialización, suspender o no dar permisos a aquellos agentes que estén verticalmente integrados (participación cruzada) y que no soliciten la opinión favorable de la Cofece como lo ordena la Ley de Hidrocarburos en términos del artículo 83.

Mientras tanto, para el transporte y almacenamiento, se propone garantizar el acceso abierto a los ductos y terminales –propiedad de Pemex y privados– a todo el que lo requiera.

La Cofece consideró necesario que Pemex y particulares cumplan con su obligación de publicar la información sobre la capacidad efectivamente utilizada en cada sistema de ductos y terminal de almacenamiento para identificar problemas de subutilización y/o restricción artificial. De no hacerlo, se apliquen las sanciones correspondientes.

En el caso de la distribución, recomendó imponer a los distribuidores que contraten o tengan vínculos comerciales con comisionistas, la obligación de reportar precios y cantidades vendidas a través de estos agentes económicos.

En materia de venta al público, el organismo antimonopolios propuso, en el caso de Disconsa, valorar la posibilidad de utilizar todas sus tiendas como puntos de venta de gas LP a través de licitaciones públicas con un alcance regional para elegir al suministrador que asegure las mejores condiciones de precio y servicio en esas tiendas.

Y a las autoridades competentes, gobiernos y legislaturas locales, les pidió eliminar barreras al establecimiento de expendios de gas LP incluidas en las legislaciones locales.

Acerca del autor

Comunicólogo hecho por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; reportero labrado en Proceso.

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