CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Acabaron los debates presidenciales y en ninguno se abordaron problemáticas, retos y propuestas vinculadas con una política cultural de Estado actual, competitiva, y en equilibrio con los valores y desafíos de la época contemporánea. Ausente del discurso de los candidatos, en el tercer debate realizado el pasado martes 12 de junio en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, el patrimonio artístico sirvió únicamente como decoración para la escenografía televisiva del evento. Indiferentes ante las piezas de arte prehispánico que tenían a sus espaldas, ninguno de los candidatos hizo por lo menos una mención al extraordinario pasado que los rodeaba: ni José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, ni Ricardo Anaya, de la coalición Por México al frente, ni Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos haremos historia, ni el independiente Jaime Rodríguez Calderón.  Enfáticos todos ellos en el combate a la corrupción, ninguno hizo referencia al cuestionable origen del recinto donde se encontraban. Construido durante la gestión de la priista Ivonne Ortega Pacheco como gobernadora de Yucatán (2007-2012), el museo tuvo severas críticas por el resultado de la licitación de su construcción, su elevado costo, y el descuido en el traslado de piezas arqueológicas. Inaugurado todavía inconcluso en septiembre de 2012 por Ortega Pacheco, el museo fue producto de un contrato de construcción y operación por 20 años, que fue adjudicado por el entonces presidente del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur) y colaborador de la familia Hank del Estado de México, Jorge Esma Bazán, a la empresa Promotora de Cultura Yaxché, perteneciente a Carlos Hank Rohn. Además de un presupuesto inicial de 410 millones de pesos que se elevó a 800, el contrato licitado incluyó el pago, durante 20 años, a Promotora de Cultura Yaxché, por los servicios de mantenimiento de las instalaciones, servicios de estacionamiento, servicio de fumigación y control de fauna nociva, servicios de intendencia y jardinería, telecomunicaciones e informática, y servicio especial de seguridad y vigilancia (Rosa Santana, Proceso 1874). En total, un costo anual de operación de 143 millones de pesos comprometido a 20 años (videocolumna de Alfredo Lecona en Aristegui Noticias, 12 de junio). ¿Qué criterios tuvo el Instituto Nacional Electoral (INE) para elegir esta sede y a qué se debió el silencio de los candidatos?  El sector cultural, en el contexto de las artes visuales, se ha convertido en una burbuja que parece existir al margen de las problemáticas y responsabilidades sociales, políticas y económicas del país. Y no es así; hoy en día, el escenario artístico no sólo es creación y veneración estética, también es desigualdad, impunidad, amiguismo, detonador de dinámicas económicas, generador de empleos, plataforma de prestigio, convivialidad, entretenimiento, ocupación para el tiempo de ocio, oferta turística…  La desigualdad es un tema relevante. Se gesta desde el acceso o inaccesibilidad a una formación artística que permita crear lenguajes propios y competitivos a nivel estético y comercial, se fortalece con las alianzas institucionales y privadas vinculadas con el mercado, y se burocratiza con las políticas asistenciales basadas en becas. En esta desigualdad, los creadores de artesanías y arte popular requieren urgentemente de apoyos gubernamentales que protejan sus imaginarios, regulen la utilización de sus manufacturas, y apoyen la comercialización de sus productos.  ¿Para qué sirve una Secretaría de Cultura si la producción y los productores artísticos son ignorados por los políticos?  Este texto se publicó el 17 de junio de 2018 en la edición 2172 de la revista Proceso.