NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- La tardanza para dictar sentencia condenatoria contra los militares que hace 16 años violaron a una indígena en el estado de Guerrero evidencia que existe una protección sistemática de las autoridades que imparten justicia hacia integrantes de las fuerzas armadas. Así lo denunció el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos, y precisó que para lograr ese fallo la víctima tuvo que recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en Costa Rica, “lo que demuestra que en México los jueces y ministerios públicos temen actuar contra los soldados”. El pasado viernes 1, dos soldados del 42 Batallón de infantería del Ejército Mexicano fueron condenados a 19 años de prisión por los delitos de violación y tortura cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú el 16 de febrero de 2002. “Para la justicia penal en México es una aberración que se haya tardado tanto una investigación y una sentencia. Eso debe ser inmediato. Por eso se insiste que se hagan las denuncias. Imagínate a las víctimas, esperar tanto tiempo para llegar a este momento en el que 99% desistirían a esperar una sentencia de este tipo”, exclamó el defensor de derechos humanos en esta frontera tamaulipeca. De acuerdo con Ramos, el caso de Valentina ejemplifica las bondades que las autoridades le proporcionan a los integrantes de las Fuerzas Armadas, pues dilatan los procesos y, si se consigue sentencia, dictan las más benevolentes para los presuntos responsables. “Procuraduría y jueces no quieren ser duros, ni aplicar la ley. Les tiembla la mano, y lamentablemente en muchos casos en el país no llegan a sentencia ni a detenciones. Por eso este caso debe ser tomado como ejemplo para decirle a todos los militares que no va a haber impunidad”, subrayó el presidente del CDHNL. De igual manera, propuso que el fallo en contra de los soldados sea dado a conocer a todo el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para enviar un mensaje sobre las consecuencias a las que se exponen si incurren en abusos como ese. “Este caso debe ser promocionado al interior de las Fuerzas Armadas, diciendo que ya no se pueden ocultar los abusos ni se garantiza la impunidad a quienes cometen un delito, como en este caso. Fue muy lamentable que las víctimas y los acompañantes defensores de derechos humanos tuvieran que recurrir a instancias internacionales para que la justicia se aplique en México”, apuntó. Al abundar sobre la protección a soldados y marinos que incurren en ilícitos, el activista expuso que para la Procuraduría General de la República nunca son suficientes las pruebas, lo que provoca demora en las investigaciones y el proceso judicial. Además, agregó, los investigadores temen actuar por temor a provocar el descontento de las Fuerzas Armadas, que pueden actuar contra ellos. “Debemos cambiar esa cultura de impunidad, y más cuando las Fuerzas Armadas se encuentran en labores de seguridad pública. Los jueces dan mucha consideración y los agentes del Ministerio Público tienen miedo de judicializar casos donde haya involucradas fuerzas armadas. Temen una represalia de la institución. Me lo han dicho: que si denuncian al marino o al soldado, se lo van a llevar para acusarlo de tener nexos con el crimen organizado”, concluyó.