CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los magistrados de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil resolvieron que el contrato entre Carmen Aristegui y la empresa MVS -que ésta dio por terminado en marzo de 2015-, sigue vigente y su “terminación fue indebida”, afirmó el abogado de la periodista, Xavier Cortina. En entrevista con apro, agregó que, en el otro litigio por presunto daño moral, los mismos magistrados resolvieron que en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cambió un gobierno, Aristegui “no demostró” sus juicios, pero la absolvieron de pagar una cantidad a Joaquín Vargas, dueño de dicho medio de comunicación. Consultado vía telefónica tras conocerse la resolución de ambos juicios, Xavier Cortina subrayó que lo sustancial es que “el contrato con MVS sigue vigente y es exigible”. Detalló que “al no existir una razón económica que justifique su terminación unilateral, se trató de un golpe de censura” de la empresa radiofónica contra Aristegui y su equipo. En el tema del juicio por daño moral, radicado en el mismo tribunal colegiado, los magistrados resolvieron que Aristegui “no demostró” el resultado de sus juicios donde señala una presión del gobierno federal a Joaquín Vargas por el tema de la renovación de las concesiones en la banda 2.5 Ghz, que, posteriormente, MVS vendió a Grupo Carso, de Carlos Slim. Sin embargo, no le ordenan pago monetario alguno, sino la reimpresión del prólogo del mismo libro que se integre “con un extracto de la resolución” de más de 100 páginas que se dio a conocer este jueves. Frente a este tema, el equipo jurídico de Carmen Aristegui pedirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso para defender el derecho de la libertad de expresión en juicios como el de la periodista, quien escribió sobre su propia situación en el prólogo del libro, editado por Penguin Random House. Paradójicamente, la misma editorial había sido exonerada en el juicio por daño moral interpuesto por Joaquín Vargas, pero ahora tendría que volver a reimprimir el libro con un extracto de la sentencia de los magistrados. Magistrados ignoran presión de MVS Al resolver de esta manera los juicios mercantil y por daño moral, los magistrados Elisa Macrina Álvarez Castro, Roberto Ramírez Ruiz y Fernando Alberto Casasola Mendoza habrían ignorado una estrategia de presión, proveniente de la propia empresa MVS, para fallar a favor de la concesionaria y en contra de la periodista, tal como lo dio a conocer Proceso, en su edición 2167 del pasado 13 de mayo. Según la documentación a la que tuvo acceso este semanario, un documento de siete cuartillas explicó la controversia entre MVS y Aristegui favoreciendo la posición de la empresa de Joaquín Vargas y asegurando que Aristegui habría violado los términos del contrato original. “Con esta nueva resolución, Carmen tiene derecho a que se le restituya en el aire en MVS, porque la terminación del contrato fue indebida, se le corrió sin ninguna razón y se violó el propio Código de Ética que estaba en el contrato de Aristegui con la empresa”, razonó el abogado Xavier Cortina. En el tema del daño moral, se le concede el amparo a Joaquín Vargas para que se integre “un extracto de la resolución” en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Según la demanda de Vargas, la periodista se “excedió en su libertad de expresión y de información” causándole un daño a “sus derechos de personalidad, honor y prestigio” en el prólogo del mismo libro. “La periodista parte de la tesis de que, a cambio de haber eliminado su programa de noticias, fue que el Poder Judicial resolvió dos juicios de amparo a favor de los intereses de Joaquín Vargas y que el Ejecutivo federal concedió una prórroga a la concesión para explotar la banda de 2.5 Ghz”, argumentaron los abogados del presidente de MVS en su alegato. “La existencia de un supuesto acuerdo entre Joaquín Vargas Guajardo y el Ejecutivo federal sí se encontraba sujeta al estándar de veracidad”, afirmaron los abogados de MVS que pidieron a los magistrados que se actualizara “la malicia efectiva”. El párrafo del prólogo escrito por Aristegui que más señalaron los abogados de Vargas Guajardo como presunto daño moral fue el siguiente: “Fue una tragedia ver cómo aquellos que habían apostado por la libertad de expresión y la investigación periodística (refiriéndose a Joaquín Vargas y a Carlos Vargas Guajardo) finalmente sucumbieron a presiones y componendas de un poder al que ya antes se habían enfrentado con dignidad y valentía”. Una historia de censura La abrupta salida de Carmen Aristegui y de su equipo de reporteros de MVS se produjo en marzo de 2015, cuatro meses después de la publicación del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, que generó un escándalo nacional e internacional. MVS escaló en menos de una semana el conflicto con Aristegui, por presunta violación del “Código de Ética” de la estación, argumentando que había utilizado el nombre de la empresa al dar a conocer su participación en la plataforma Mexicoleaks. La radiofónica la demandó por presunta violación de los términos del contrato para justificar su salida como un asunto “mercantil” y no como una violación a la libertad de expresión. El 14 de julio de 2017 se dictó una sentencia, según la cual, tanto la empresa como Aristegui habían acreditado “parcialmente” sus pretensiones y excepciones. El 28 de noviembre de 2017 ambas partes se inconformaron con esta sentencia y promovieron juicios de amparo directo que fueron radicados en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Este 21 de junio, siete meses después, los magistrados resolvieron de manera salomónica que MVS violó los términos del contrato con Aristegui, pero consideró que la periodista no probó sus dichos en el prólogo del libro. “Lo que es importante subrayar es que, si no había razón para terminar el contrato, entonces la salida de Aristegui fue un acto de censura. Y en este sentido, hay razones para defender lo escrito por ella en el prólogo. No hay tal empate legal”, afirmó Xavier Cortina. Por ello, el litigante adelantó que acudirán a la Corte para que el máximo tribunal del país atraiga este asunto.