TOLUCA, Edomex. (apro).- Hace dos meses y medio, Flor del Carmen Cruz Martínez y su familia -su esposo bolero, su padre invidente, su hermano con discapacidad y sus tres hijas menores de edad- fueron desalojados por Susana Cervantes Hernández, a quien identifica como madre de Elvira Martínez Cervantes, movilizadora del PRI y cercana a Fernando Zamora, aspirante a la reelección por Toluca. Cruz Martínez narró que el pasado 7 de abril, a alrededor de las 8:00 horas, Cervantes arribó a su vivienda ubicada en la calle Urbano Fonseca 13, barrio Zopilocalco, al norte de la capital mexiquense, acompañada de dos nietos “armados”, un par de abogados y tres elementos de la Policía Municipal a bordo de la patrulla 2488, con el argumento de que llevaban una orden de desalojo, la cual nunca mostraron. “A mí y a mi esposo nos sacaron de un cuarto. Mi papá escuchó, salió y le pegaron… Mi hermano José Antonio Sánchez Nava -quien se encuentra discapacitado y requiere medicamento para atender sus crisis compulsivas- también fue golpeado por los policías, pero (por su condición) no permitimos que lo trasladaran a las galeras. Nos sacaron de la casa a empujones y nos jalonearon”, detalló. Flor Cruz fue detenida junto con su esposo, Miguel Ángel Esquivel Moreno; y su padre, José Patricio Sánchez Herrera, de 76 años -quien ya perdió la vista, sufre hipertensión arterial y es trabajador de limpia en el ayuntamiento de Toluca-. Según la carpeta TOL/AC2/07/06992/18/04, fueron acusados de allanamiento de morada. La denunciante aseguró que, tras su remisión al Ministerio Público, Susana Cervantes regresó a su casa para intimidar a su hermano y sus tres hijas menores de 10 años. También cambió las cerraduras y derrumbó el cuarto de madera donde habitaban ella y su esposo. Después de varias horas, Flor, su padre y su esposo quedaron en libertad tras acreditar la titularidad del inmueble. Sin embargo, a la fecha no han podido ocupar su terreno porque Cervantes Hernández sigue en posesión de él. Incluso, los vecinos refieren que ya rentó la casa. Por el contrario, la familia Cruz Martínez ha tenido que arrendar dos cuartos por mil 500 pesos mensuales para albergarse desde entonces, mientras sus pertenencias siguen fuera de su domicilio. La quejosa asegura que el 18 de mayo solicitó, vía el oficio correspondiente, apoyo de la Policía Estatal para recoger los utensilios, pero a la fecha no les ha sido proporcionado bajo el argumento de que “no aparece” la petición. Los afectados acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para denunciar el abuso cometido por la fuerza pública, pero este martes Marisela Mendiola, visitadora adjunta, rechazó intervenir, bajo el argumento de “inexistencia de anomalías” en el proceder de los uniformados, quienes -a su decir- sólo respondieron a la solicitud de auxilio de Susana Cervantes. En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde contrademandaron, ayer miércoles les pidieron dos testigos para sustentar que son los propietarios del inmueble, a pesar de que han acreditado la titularidad con el contrato de compra-venta notariado, traslado de dominio, clave certificada a su nombre y comprobantes de pagos de predial y energía eléctrica. Según la quejosa, a la carpeta de investigación ni siquiera han sido integradas las pruebas periciales correspondientes. En el ayuntamiento de Toluca tampoco le han proporcionado apoyo a su padre. “La justicia en este país es sólo para los que tienen dinero”, lamentó.