TEPJF: a mayor votación, menor tensión

Ante una de las elecciones más complicadas de la historia, el Tribunal Electoral federal se apresta a juzgar posibles impugnaciones de los resultados, sobre todo en aquellos casos en que la diferencia entre el primero y el segundo lugares sea menor a 5% de los votos, y se alista para solventar los procedimientos de fiscalización para desembocar en la calificación de los comicios presidenciales. A decir de su presidenta, Janine Otálora, todas esas tensiones se reducirán en la medida que se registre un mayor número de sufragios.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Culmina esta semana una de las campañas electorales más largas, complejas y violentas de los últimos años. A través del voto estarán en juego la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 972 diputaciones en 30 congresos estatales, mil 596 ayuntamientos, con una suma de cargos que van desde 12 mil 13 regidurías hasta mil 664 sindicaturas.

Sin grandes sorpresas políticas, pero con mucha tensión, el litigio poselectoral estará en manos no sólo del Instituto Nacional Electoral (INE), responsable del cómputo de los votos y de la fiscalización de los partidos políticos, sino sobre todo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya Sala Superior está integrada por cinco magistrados y dos magistradas, electos apenas en octubre de 2016 y que vivirán la prueba de fuego desde el 1 de julio hasta el 6 de septiembre de este año, plazo límite para calificar la elección presidencial.

A diferencia de los procesos federales anteriores, sobre todo los de 2006 y 2012, la sombra de la anulación de la elección presidencial no es tan alta por la distancia entre el candidato que encabeza las preferencias electorales y los otros contendientes.

Sin embargo, observadores y autoridades electorales consultados por Proceso prevén que la distancia entre el primero y el segundo lugares puede acortarse entre ocho y 10 puntos porcentuales, dada la tendencia del voto y las condiciones políticas en cada entidad.

“A mayor votación de la población, se espera un menor conflicto poselectoral”, resume la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, consultada por este semanario.

Otros observadores advierten que la primera fase del conflicto poselectoral corresponderá al proceso de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, etapa que le corresponde al INE y tiene como plazo definitivo hasta el próximo 10 de agosto.

La fiscalización será la etapa más compleja, tanto para el INE como para el TEPJF, porque ahí se juzgará la posibilidad de anular procesos electorales estatales y municipales o hasta el presidencial.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2173, ya en circulación.

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