Comité Conciudadano alerta por incapacidad del Estado para frenar violencia política

La casa y el auto del candidato Gilberto Ramírez resultaron dañadas. Foto: Tomada de Twitter La casa y el auto del candidato Gilberto Ramírez resultaron dañadas. Foto: Tomada de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité Conciudadano para la Observación Electoral deploró la incapacidad del Estado mexicano para frenar la violencia política, a la par que alertó sobre el alto grado de desconfianza hacia instituciones electorales y federales, partidos, coaliciones, candidatos, y gobiernos locales en el actual proceso electoral.

En un comunicado, señaló que lo anterior derivada de la falta de contundencia en la actuación de las autoridades electorales para frenar “el lamentable desempeño y ausencia de apego a la ley de los partidos políticos, las coaliciones y las y los candidatos, así como de la intervención ilegal del gobierno federal, los gobiernos locales y de actores no estatales, como empresarios, sindicatos y sus organizaciones y medios de comunicación”.

Las campañas y los debates, acusó el Comité Conciudadano, “han estado plagados de mentiras, engaños, infundios, agresiones directas, verdades a medias y frases fuera de contexto, sin consecuencia alguna para quienes los emiten y difunden”.

Igual lamentó el impulso y la difusión de campañas negras de parte de los medios de comunicación y las redes sociales.

También repudió la “práctica extendida e impune de compra y coacción del voto por el gobierno federal, los gobiernos locales, los partidos, los empresarios y los sindicatos, y tememos que se haya repetido la transferencia indebida de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a los gobiernos estatales, para apoyar al PRI, mediante empresas fantasma, como ocurrió en Chihuahua”.

Por ello, abundó, “denunciamos la incapacidad o desidia de las autoridades electorales para frenar y castigar la avalancha de irregularidades. No podemos aceptar esta normalización antidemocrática”.

Observación electoral

La ONG expresó su preocupación por el elevado número de observadores electorales aprobados hasta ahora en Chiapas (4 mil 38) y en el Estado de México (6 mil 184), un número que se duplicó respecto del proceso de 2012.

Los observadores, alertó, “podrían estar siendo usados para reforzar la compra y coacción del voto desde el interior de las casillas en dos estados con elevados niveles de pobreza”.

Enseguida deploró la “validación” por parte de la Sala Superior del TEPJF del uso de monederos electrónicos como medio de propaganda con los que los candidatos prometen la realización de depósitos en efectivo una vez que resulten electos.

Lo anterior, denunció el Comité Conciudadano, “es un doble atentado contra la democracia: primero porque implica solicitar el voto con una promesa de dinero, y en segundo lugar, porque compromete los recursos económicos del Estado en favor de una minoría”.

Además, expuso su preocupación por la incapacidad, “real o intencionada, de los partidos y coaliciones, así como de las y los candidatos, de proporcionar de manera oportuna la información sobre los gastos de campaña con fines de fiscalización. Esta conducta pone en altísimo riesgo de nulidad la elección, abriendo la posibilidad de que la Sala Superior del TEPJF aplique el cuestionado criterio, aprobado en febrero pasado, que obliga al ganador a comprobar o refutar las acusaciones de que pudiera ser objeto”.

Asimismo, fustigó que el carácter ciudadano del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los institutos locales, se haya desdibujado.

Ejemplo de ello, señaló, es la “captura y descomposición” de los consejos ciudadanos, práctica que ha alcanzado incluso a capacitadores, observadores y funcionarios de casilla, “posiciones que están siendo ocupadas por miembros activos de los partidos y de sus organizaciones afines, particularmente del PRI, que no ha dejado de tener gran influencia en las instituciones y estructuras electorales”.

También resulta preocupante, observó, que al lunes 25 el INE reporta un porcentaje de 33.97% de sustituciones de funcionarios de mesas directivas de casilla designados, lo cual es alto respecto de otros procesos electorales.

De manera particular, abundó, resalta la situación en cinco entidades por sus elevados porcentajes de sustitución: Jalisco 40.26%; Nayarit 44.34%; Tlaxcala 45.31%; Quintana Roo 49.03%, y Chihuahua 51.44%.

“Esto nos alerta, pues un alto número de sustituciones implica que el proceso de capacitación y designación de funcionarios de casilla presentó fallas”, sentenció.

Y si bien el INE reporta un porcentaje de 88.35% de casillas a nivel nacional que ya cuentan con nueve funcionarios designados, acotó, “es preocupante que a menos de una semana de la elección exista un alto porcentaje de casillas que no cuentan con la totalidad de funcionarios designados”.

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