CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El académico colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, quién después de ocho años de acciones legales, nacionales e internacionales, logró una sentencia histórica en México, hizo una serie de recomendaciones a los candidatos a la presidencia de la República, partiendo del interés por el mejoramiento de la política pública de migración y derechos humanos. En una carta pública, el colombiano destacó que los tres años que pasó en la cárcel injustamente en su país, se hubieran evitado si en su momento el Estado Mexicano “hubiera actuado conforme a las directrices y protocolos establecidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados” y le hubiese concedido el asilo por motivos políticos, tal como lo solicitó de manera verbal en el momento de su “arbitraria detención”. La organización Sin Fronteras, que desde hace años ha acompañado a Miguel Ángel y a su familia, informó que en la misiva se indica cómo la situación que vivió Beltrán Villegas no constituye un caso aislado, ya que en México predomina la detención de personas en situación de movilidad, así como la deportación expedita de personas migrantes y sujetas de protección internacional. Tras destacar que del total de personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) en 2017, 88% fueron deportadas (82 mil 237), precisó que día a día “se presenta esta situación de manera sistemática y permanente, con el agravante que muy pocos cuentan con los apoyos solidarios y jurídicos para enfrentar estas injusticias, lo que favorece la recurrente impunidad con que actúan los agentes del Instituto Nacional de Migración”. La organización reveló que en México existen 35 estaciones migratorias y 23 estancias provisionales, ubicadas en 26 entidades federativas, lo cual se traduce en una capacidad total para albergar a 4 mil 300 personas simultáneamente. Durante 2017 se registraron 93 mil 846 eventos de detención por parte del INM, abundó. Con el objetivo de la no repetición y con el fin de que se reconozca al Estado mexicano como un Estado comprometido con los derechos humanos de las personas más allá de nacionalidades y fronteras, Sin Fronteras, en conjunto con Miguel Ángel Beltrán, invitaron a los presidenciables a buscar posibles alternativas dentro de la legislación vigente, como asegurar las garantías de un debido proceso. Además, a quienes fueron víctimas de violación de sus derechos, se les garantice la reparación integral, incluido el establecimiento de planes interinstitucionales de restitución de derechos, no repetición y reparación integral del daño, que incluyan la posibilidad de regularización migratoria, y garantizar el derecho a la asistencia y representación jurídica. En la histórica sentencia lograda por Miguel Ángel Beltrán Villegas se determinó que su expulsión de México en 2009 –cuando realizaba estudios de post-doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México– y la negativa del derecho al asilo por parte del INM había violado flagrantemente su derecho de defensa, legalidad, seguridad jurídica, audiencia, información, al debido proceso legal, representación, comunicación e integridad física. Se le acusó por el “delito de rebelión” por presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hecho que fue refutado por sus compañeros académicos, activistas, alumnos y otras organizaciones sociales, que aseguraron que las pruebas que se encontraron en una USB durante su detención referían a una investigación académica sobre el conflicto armado.