OAXACA, Oax. (apro).- Oaxaca junto con el estado de Guerrero ocupan el primer lugar en violencia electoral al contabilizar 24 asesinatos, en cada entidad, según Etellekt Consultores. Según el análisis político sobre las elecciones en México Repensar la ciudadanía después del 1º de julio, realizado por Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), la violencia política alcanzó números alarmantes al sumar en el país 132 asesinatos de personas vinculadas a partidos o agrupaciones políticas, incluyendo 48 candidatos, han sido asesinadas desde el inicio del proceso electoral. Resaltó que “cualquiera que sea el resultado de las elecciones del próximo primero de julio, este proceso político quedará marcado por el conflicto, la polarización social y la violencia”. Según Etellekt Consultores, hasta el 3 de junio, Oaxaca estaba en el segundo lugar en cuanto a violencia electoral, con 18 asesinados antecedido por Guerrero con 24, sin sumar los 6 asesinatos cometidos de los últimos días en esta entidad. En el caso de Oaxaca consideran que las elecciones adquieren un matiz especial porque el estado se ha caracterizado por ser un laboratorio social en diversos temas: organización comunitaria, conflictos sociales y explotación de bienes naturales. Para reforzar su dicho mencionaron que “el Atlas de Justicia Ambiental ha documentado 2 mil 445 conflictos en el mundo hasta junio de 2018 y estos conflictos se gestan por la implementación de proyectos extractivos en territorios indígenas y campesinos. “En Oaxaca tenemos un elevado número de conflictos socioambientales por la ejecución de proyectos, mineros, eólicos, así como la implementación de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec”. “Esta problemática no ha sido analizada por ninguno de los candidatos o candidatas a puestos de elección popular, como si no existiera. En su excesivo pragmatismo por ganar elecciones prefieren hacer la vista a un lado. Los partidos políticos, así como los grupos económicos, tampoco se han pronunciado por una alternativa a la devastación socioambiental, ni por una agenda distinta a la industria extractiva”. “Todo lo contrario, se han fortalecido los mecanismos judiciales para la privatización de los bienes naturales. Una muestra de ello es la aprobación de decretos para levantar la veda a 300 cuencas acuíferas en el país. Lo que significa que la disputa político electoral de 2018 es también la disputa por los bienes naturales”, puntualizó. En suma, durante las campañas proselitistas, ninguno de los candidatos, ni de la izquierda ni de la derecha, presentaron propuestas de fondo para modificar la situación estructural en el país. En la campaña electoral los y las candidatas únicamente anunciaron una lista de propuestas o buenas intenciones en los temas de salud, educación, justicia, economía, etcétera. La mayoría de aspirantes menciona el ¿qué? pero no el ¿cómo? afrontar los problemas, únicamente se dedicaron más a desmentir o descalificar a sus contrincantes convirtiendo las campañas en un “circo electoral” y una dilapidación de los recursos económicos, que para este proceso rebasaron los 38 mil millones de pesos, critica. En vísperas de la jornada electoral informaron que impera la compra y coacción del voto, ilícito que se convirtió en una constante en la política electoral de Oaxaca. Lo preocupante es que “todos los partidos han actualizado sus estrategias para comprar y coaccionar el voto. Las despensas, machetes, dinero, sombreros, cemento, son algunas dádivas que los partidos ofrecen a la ciudadanía. Es evidente que continúa la “compra de conciencias”, sin que la FEPADE sancione este tipo de acciones. Además, destacaron que “ante la posibilidad de una nueva alternancia política en México, es importante revisar de manera crítica lo que ha sucedido en Oaxaca, pues tenemos la experiencia de la ‘alternancia’ en Oaxaca, en el pasado reciente. La alternancia, tanto a nivel municipal como estatal, no ha modificado el ejercicio de gobierno. Las prácticas de gobierno autoritarias y rapaces continúan y no han sido modificadas por los gobiernos de alternancia”. “Es por ello que el 1 de julio tenemos la obligación como ciudadanía de ejercer nuestros derechos políticos, de manera libre e informada, para contribuir desde las urnas al fortalecimiento de la democracia, además necesitamos una sociedad civil unificada, organizada y crítica que reaccione ante cualquier agresión contra el pueblo mexicano, contra cualquier modificación o aprobación de leyes que pongan en riesgo los territorios, los derechos humanos y las libertades que se han conquistado”. Insistieron en que después del 1 de julio se debe seguir construyendo ciudadanía, independientemente de quien llegue al poder porque los verdaderos cambios son los que suceden desde abajo y los que nos animan a construir una nueva cultura democrática para reconstruir el tejido social, dañado por el ambiente electoral. Finalmente EDUCA reafirmó que el verdadero cambio se realizará con la movilización de las personas, con la exigencia de los derechos de la ciudadanía, con la incidencia a nivel local, con el pleno ejercicio de los derechos humanos.