CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los 10 decretos emitidos por el presidente Enrique Peña Nieto el martes 5 (precisamente el Día Mundial del Medio Ambiente) tienen el objetivo de privatizar, aunque sea parcialmente, el uso y comercialización del agua en 295 de las 757 cuencas hidrológicas del país, pues para preservar el medio ambiente y garantizar el “derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, como dice el artículo 4 de la Constitución, no se necesita emitir concesiones. Para preservar el medio ambiente ni siquiera se necesitaba hacer ningún nuevo decreto; bastaba con prolongar los decretos presidenciales que señalaban a dichas cuencas como vedadas. Es decir, existía la prohibición total del aprovechamiento del agua, precisamente para evitar la utilización del  líquido de las cuencas. La mejor forma de preservar el medio ambiente es justamente evitar que el hombre extraiga recursos del mismo, en este caso el agua. Y para permitir el aprovechamiento parcial del recurso de dichas cuencas para el consumo humano y doméstico y servicios públicos, bastaba con establecer una de las disposiciones que está dentro de dichos decretos y que señala: “Para el otorgamiento de asignaciones de las aguas nacionales superficiales en la zona de reserva parcial para uso doméstico… la Comisión Nacional del Agua las otorgará [las asignaciones] hasta por un volumen total de (…) metros cúbicos”. Esta disposición abría la puerta para utilizar el agua de las cuencas hidrológicas que cuentan con excedentes (de acuerdo a los estudios de la Comisión Nacional del Agua y las organizaciones de la sociedad civil internacionales que las asesoraron o, al menos, avalaron su decisión) para garantizar el derecho establecido en el artículo cuarto constitucional en la reforma promulgada el 8 de febrero de 2012. Las cuencas perdían su carácter de vedadas, se establecían los límites para preservar el medio ambiente y se abría la puerta para utilizar el agua para garantizar el derecho constitucional. Sin embargo, el objetivo primordial era abrir la puerta a las concesiones para uso privado y, por lo tanto, agregaron una norma adicional específica para ello: “Los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de la reserva parcial que se establecen en el presente Decreto, se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación previamente emitido por la Autoridad del Agua”. Con esta disposición sí abren la puerta de par en par para que el agua de estas cuencas, que estaba protegida desde 1930, se destine a garantizar los volúmenes que exigen las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, como ha señalado particularmente la organización de la sociedad civil Agua para Todos, pero también otras organizaciones preocupadas por el medio ambiente y por la tendencia privatizadora acentuada en el presente sexenio. Es evidente que para cumplir los objetivos que pregona la Comisión Nacional del Agua y que pondera el Fondo Mundial por la Naturaleza no se requería permitir la emisión de concesiones; pero sí era indispensable para cumplir el compromiso que la presente administración había hecho con particulares interesados en explotar y comercializar dicho recurso natural. Los decretos son el último eslabón de una serie de acciones, todas en la misma dirección: permitir la explotación, uso y comercialización privada del agua. Primero, el otorgamiento de estas concesiones para el uso particular del agua, que propició desde el inicio el actual gobierno, a través del primer titular de la Conagua en este sexenio, David Korenfeld, que fue por demás evidente en el caso de la cervecera Constellation Brands, a costa de los agricultores del Valle de Mexicali y de los habitantes de la misma ciudad capital, que provocó el movimiento de defensa social del agua. En segundo lugar, se presentaron dos proyectos de Ley Nacional de Aguas, primero por el mismo Korenfeld, en marzo del 2015; y a principios de este año, con un nuevo proyecto impulsado por Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal mexiquense y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Ante la resistencia de la oposición al PRI para aprobar una legislación en ese sentido, Peña Nieto optó por los decretos presidenciales, que siendo legales son una vía para sacarle la vuelta al Congreso. Por supuesto que el presidente y su equipo cercano calcularon perfectamente los tiempos y pensaron que era el momento ideal para hacerlo porque particularmente la clase política mexicana se encontraba distraída con el proceso electoral presidencial. No es la oposición, como señala el actual titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, la que escogió el momento para denunciar este nuevo intento de abrir una autopista a la privatización de la explotación, uso y comercialización del agua, sino el mismo presidente de la República; sabedores de que era la última oportunidad para poderlo hacer, decidieron jugar su última carta. Por otra parte, a lo largo de todo el sexenio ha sido evidente la protección que Peña Nieto le ha dispensado a diversos grupos empresariales, como sucedió con las controversias constitucionales que, en los primeros días de 2014, se presentaron primero contra los lineamientos sobre derechos de las audiencias que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones; y, posteriormente, contra el impuesto ecológico que aprobó el Congreso de Zacatecas para gravar a las mineras. Así los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 6 para abrir la puerta a los particulares para la explotación, uso y comercialización del agua en casi 300 cuencas hidrológicas (que equivalen al 55% de los lagos y ríos del país) son parte de los compromisos que Peña hizo con algunos grupos empresariales a fin de darles las garantías jurídicas para contar con los volúmenes que requieren las empresas mineras, petroleras… privatizadoras de los sistemas de agua. Una vez resuelto el impedimento jurídico, las concesiones empezarán a fluir. Este análisis se publicó el 24 de junio de 2018 en la edición 2173 de la revista Proceso.