CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un hermano y un hijo de Ismael Solorio Urrutia, defensor de El Barzón asesinado en octubre de 2012 junto con su esposa Manuela Martha Solís Contreras, entregaron las escoltas que tenían desde hace más de cinco años como medida cautelar ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la Fiscalía General del Estado les recortó el apoyo para combustible desde febrero pasado. Joaquín Solorio Urrutia y Uriel Solorio Solís son integrantes de El Barzón Chihuahua y hoy entregaron un oficio dirigido al gobernador Javier Corral Jurado; al fiscal general, César Augusto Peniche Espejel y a la directora de la Comisión de Atención a Víctimas, Irma Villanueva Nájera, para rechazar los agentes que los resguardaban y los responsabilizaron por su integridad física. El oficio entregado ayer dice: "Desde ya casi un año atrás, los defensores de derechos humanos de El Barzón, hemos manifestado por diversos medios y hecho saber a ustedes las condiciones deplorables en las que se encuentra funcionando el mecanismo de seguridad asignado para varios miembros de la organización que contamos con medidas cautelares de la CIDH, al igual que les hemos denunciado la forma corrupta en que se ha manejado esta tarea que tiene el objetivo de brindar seguridad a quien nos encontramos en riesgo. "En lugar de encontrar una respuesta que diera solución a esta denuncia que hicimos, nos encontramos con el desdén y desatención de la comisionada estatal de víctimas y del propio fiscal general del estado (...) de manera desproporcionada e ilógica, comenzaron a restringir los insumos necesarios para que los agentes asignados a la custodia pudieran realizar la tarea de brindar seguridad. "Es por tal razón y luego del colapso que existe para que se puedan seguir desempeñando los agentes, que hacemos de su conocimiento que a partir de este día ponemos a disposición los elementos que tenemos asignados de medidas cautelares. "Por lo que responsabilizamos de cualquier ataque a nuestra integridad, nuestra seguridad y la de nuestras familias, al gobernador del estado de Chihuahua, Lic. Javier Corral Jurado, al fiscal general del estado, Mtro. César Augusto Peniche Espejel y a la comisionada estatal de víctimas, Lic. Irma Villanueva Nájera" El 16 de febrero pasado, enviaron otro oficio en hoja membretada con logotipos de El Barzón y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), firmado por Gabino Gómez Escárcega y Ruth Fierro Pineda, en calidad de representantes legales de las personas beneficiarias. En ese documento hacen referencia a las medidas cautelares 388/12, dictadas por la CIDH a favor de integrantes de El Barzón, para dar a conocer la situación del servicio de escoltas realizado por agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado e implementadas como medidas de protección a favor de Joaquín Solorio Urrutia y su esposa Brenda Noemí González Velazco; Martín Solís Bustamente, Felipe Solorio Urrutia y su esposa Silvia Ivonne Gil Díaz; Eraclio Rodríguez Gómez y los tres hijos del matrimonio asesinado: Erick, Uriel y Edgar Ismael Solorio Solís. "Como es de su conocimiento, desde noviembre de 2012 que fue implementada esta medida, han existido algunos obstáculos de carácter administrativo que repercuten en el desempeño de los agentes. Al respecto, queremos expresar nuestra profunda preocupación en relación a este tema, pues consideramos que la protección de personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo, no puede estar condicionada o verse afectada por cuestiones meramente administrativas. La situación se agravó desde finales de enero, en que según lo que sostienen los propios agentes, se determinó reducirles el combustible para los vehículos a mil pesos por semana. Esto ha resultado en que el servicio de acompañamiento se proporcione sólo tres de los siete días de la semana, por falta de gasolina". Sostienen que la reducción fue extrema porque dejaron desprotegidas a las personas la mayoría de los días y para encontrar un acuerdo para el uso suficiente para garantizar la protección, presentaron una propuesta sobre la estimación del costo máximo de los traslados ordinarios por semana de las personas beneficiadas, que en total suman más de 30 mil pesos por seis personas, por lo que mil pesos por semana a cada una, es insuficiente. Explican que sus actividades exigen el traslado constante al municipio de Namiquipa, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Chihuahua o a predios ganaderos. Además exponen que los vehículos están en pésimas condiciones y los agentes tienen dificultades para la entrega de viáticos. La petición no fue atendida y dos barzonistas entregaron ayer sus escoltas.