PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- Integrantes del Comité Ciudadano por la Reconstrucción de 107 municipios afectados por el sismo del 19 de septiembre denunciaron que en esta contienda electoral los damnificados de la zona de la mixteca fueron usados como “botín político” por partidos y candidatos. En rueda de prensa, los representantes de organizaciones sociales dijeron tener la “fundada” sospecha de que buena parte de los recursos que el gobierno destinó para la reconstrucción de viviendas, incluso la ayuda que aportaron voluntarios nacionales e internacionales, fueron desviados en Puebla para las campañas políticas de los partidos oficiales PAN y PRI. Esto, argumentaron porque a más de nueve meses de que ocurrió el terremoto, la mayoría de las familias que resultaron afectadas viven aún en condiciones “deplorables” bajo carpas o en construcciones en riesgo de colapsarse, pese a que el gobierno asegura haber repartido 993 millones 735 mil pesos en apoyos para la reconstrucción de viviendas en Puebla. Como muestra de cómo se lucró electoralmente con los damnificados en Puebla, refirieron, es el hecho de que Gerardo Islas, quien era Secretario de Desarrollo Social del Estado y estuvo a cargo de la entrega de apoyos, fue postulado como candidato a diputado local en la mixteca por la coalición Por Puebla al Frente, formada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Gilberto Maldonado informó que el Comité Ciudadano ha recorrido el 80 por ciento del territorio del municipio de Izúcar de Matamoros, uno de los 107 municipios afectados en la entidad, y ha podido documentar, sólo en esa demarcación, mil 500 casos de familias damnificadas que no recibieron apoyos, que los recibieron incompletos o que ni siquiera fueron censadas. Yesenia Rincón, inspectora del Barrio Santa Catarina, manifestó que provoca indignación que mientras que hay irregularidades e incumplimientos en las entregas de apoyos por parte del gobierno, los candidatos se dedicaron en sus campañas a repartir materiales de construcción como cemento, varilla y tabiques pero a cuenta personal. Incluso, los miembros del Comité mencionaron que Islas ha prometido a los damnificados la construcción de 100 casas si gana la diputación local, y que lo hará con recursos propios. José Rincón Bravo, integrante del Consejo del Pueblo de la región de Izúcar, dijo que sospechan que los materiales que repartieron los candidatos entre los damnificados de la mixteca, una de las zonas más marginadas de la entidad, provienen de los mismos programas que estaban destinados para amortiguar la tragedia. Fermín Martínez Álvarez, habitante de Chietla, indicó que en ese municipio la situación es muy parecida a lo que ocurre en Izúcar y en toda la región, que los pobladores ya están en la desesperación por nueve meses de no contar con viviendas y que ahora se convirtieron en “botín político” para los candidatos. Maldonado, quien también es miembro del Consejo del Pueblo de Izúcar, señaló que de hecho, los actos de cierre de campañas de los candidatos ligados al gobierno estatal se nutrieron de habitantes de las regiones más afectadas por el sismo. En los recorridos que hicieron por Izúcar, mencionó, fue común encontrar camiones con cargas de cemento o “cerros” de tabiques al borde de carretera. “Obviamente para manipular la mente de la gente de que se les está apoyando”, expresó. ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? Yesenia Rincón explicó que sólo de lo que han recorrido pueden concluir que no existe una certeza de que los recursos que destinó el gobierno federal y estatal hayan llegado realmente a los damnificados. “Si ustedes vieran cómo están viviendo en barrios y comunidades, la mayoría están todavía bajo carpas improvisadas o bajo techos en riesgo de caer. Los de Protección Civil les dicen que se tienen que salir, pero muchos no tienen a dónde ir y ahí están con el peligro de que, con las lluvias, se les caigan encima”, refirió Rincón. La inspectora de Barrio dijo que los mexicanos y extranjeros que hicieron donaciones deberían llamar a cuentas al gobierno federal y estatal para que informen qué se hizo con la ayuda que entregaron, pues es un hecho que la mayoría de las familias afectadas en la mixteca siguen prácticamente en las mismas condiciones que días después del sismo. Relató que lo que han encontrado hasta ahora es que por un lado hubo familias que no fueron censadas, otras que fueron clasificadas como daño parcial y era total; damnificados que sí tienen número de folio pero que nunca les llegaron tarjetas; otros que apenas usaron parte del apoyo cuando se las bloquearon y unos más que recibieron la tarjeta y no pudieron usar nada del dinero. Maldonado mencionó que hay casos que el gobierno asegura que no localizaron a los damnificados cuando fueron a entregar las tarjetas a las casas, por lo que, sin más, decidieron destruirlas. “Nos dicen que muchas tarjetas ya se destruyeron, pero cuando les decimos bueno las tarjetas, pero ¿y el dinero? y lo único que nos responden es que el dinero que había ya se acabó, que ya se entregó todo”, relató. Pero cuando recorren las comunidades, indicó que lo que encuentran es que a muy pocos se les entregaron los apoyos completos. “A la mayoría que sufrieron pérdida total de sus casas no les depositaron el total de los 120 mil pesos que les correspondían, entonces ¿dónde está ese dinero? Debería de haber un buen dinero por ahí ¿cuánto es y dónde está? pues sólo ellos saben y lo que pedimos es que informen”, apuntó. “No descartamos”, agregó, “que parte de esos millones que hoy están ocultando, se usaron en campañas en despensas, en materiales de construcción que repartieron los candidatos afines al gobierno”. El también dirigente del Movimiento Democrático Magisterial Poblano agregó que como parte del Comité Ciudadano por la Reconstrucción han sostenido dos reuniones con funcionarios federales y estatales y les han entregado listas con nombre, folio y domicilio de los casos de familias que tienen este tipo de situaciones, pero hasta ahora no han hecho nada por ayudarlos. Además mencionó que existen reportes contradictorios sobre las cantidades que debieron ser entregadas a los afectados con daños parciales en sus viviendas. En noviembre,  en el Periódico Oficial de la Federación se publicó que se les entregarían 30 mil pesos; luego, en enero, el Subsecretario de Sedatu, Juan Carlos Lastiri –actual candidato al Senado por el PRI- dijo que en Puebla se les entregarían 40 mil pesos y después, el Secretario de Sedeso estatal, Gerardo Islas,  afirmó que serían 25 mil. Ya aplicado el programa de reconstrucción la cantidad mayor que se les ofreció a los 22 mil 707 damnificados por daños parciales en Puebla fueron 15 mil pesos, y 120 mil pesos para los 5 mil 638 que se clasificaron con daños totales en sus viviendas. Los representantes de organizaciones señalaron que los representantes de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la Sedeso y de la Contraloría Estatal acordaron  reunirse con el Comité Ciudadano cada 15 días para dar seguimiento a los casos planteados, pero desde el 22 de mayo ya no cumplieron. Los funcionarios federales y estatales, dicen, han anunciado que el 3 de julio darán una rueda de prensa para detallar las cantidades que se han entregado. Sin embargo, Rincón apuntó que aunque se pueda hablar de miles de tarjetas entregadas, lo que es un hecho es que, al visitar las comunidades, las familias siguen en condiciones infrahumanas y aseguran no haber recibido la ayuda que les ofrecieron. Jorge Sosa, integrante de la organización Abogados por un Verdadero Estado de Derecho, anunció que recurrirán al amparo para exigir que el gobierno entregue a las familias afectadas los recursos que se presupuestaron para apoyarlos y que provienen de los impuestos de los mexicanos. Aseguró que continuarán con los recorridos por las zonas afectadas para visibilizar la “simulación” y manipulación con que se ha conducido el gobierno para usar electoralmente la tragedia y entonces analizar la posibilidad de interponer denuncias penales contra los responsables. Igual, Maldonado informó que han establecido comunicación con damnificados de Oaxaca y Chiapas, que viven situaciones similares a Puebla, para hacer un frente común que exija cuentas al gobierno.