Al tiempo que el canciller Luis Videgaray fustiga la política migratoria del gobierno de Donald Trump –la califica de “cruel e inhumana”– y encabeza iniciativas internacionales para defender los derechos humanos de los indocumentados centroamericanos, las autoridades mexicanas se ensañan con ellos, incluidos los menores de edad. Los datos oficiales son elocuentes: en los últimos cinco años México detuvo a más de 138 mil niños y adolescentes que, solos o acompañados, intentaban atravesar el país. Los encerró en centros carcelarios donde imperaban el hacinamiento, la insalubridad y los malos tratos y terminó por deportar a 90% de ellos. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno mexicano aplica en casa lo que repudia en Estados Unidos: de enero de 2013 a la fecha deportó diariamente a un promedio de 21 indocumentados menores de 12 años, amontonó a decenas de personas en celdas de centros de detención –a veces insalubres, sin luz ni agua– e incurrió en malos tratos, incluidos actos de tortura física y psicológica. En violación de sus compromisos internacionales y de la propia Ley de Migración, las autoridades mexicanas detienen y deportan de manera casi sistemática a los migrantes adultos y niños originarios del triángulo norte de Centroamérica –quienes tienen como destino final Estados Unidos–, sin que importe el llamado “interés superior de la niñez” ni el principio de no devolución. Según los datos oficiales, entre enero de 2013 y abril de 2018 los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a 138 mil 362 migrantes centroamericanos menores de edad –55 mil de ellos tenían menos de 12 años–, de los cuales la institución deportó a nueve de cada diez. Estos niños, a su vez, formaron parte de los 625 mil migrantes centroamericanos que las autoridades mexicanas retornaron a sus países de origen durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a un ritmo promedio de 321 por día. En las llamadas “estaciones migratorias”, que son en realidad centros de detención de tipo carcelario, organismos nacionales e internacionales documentaron maltratos, humillaciones y castigos perpetrados por agentes que no tienen conocimientos en derechos humanos, y mostraron cómo las autoridades disuaden a los detenidos para que no tramiten solicitudes que les permitan obtener la condición de refugiados. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió apenas 30 mil 249 solicitudes de refugio entre 2013 y 2017, de las que otorgó 6 mil 819. Esa realidad contrasta con el papel protagónico que asumió el gobierno de Enrique Peña Nieto en las últimas dos semanas para denunciar la política de separación de niños y padres migrantes y refugiados que aplicó el gobierno de Donald Trump. Después de la difusión de imágenes impactantes donde aparecen niños encerrados en jaulas, llorando y pidiendo ver a sus padres, el canciller Luis Videgaray tachó la política antiinmigrante del magnate como “cruel e inhumana” –aunque aminoró su impacto en el país, al aseverar que involucraba “sólo” a 21 menores mexicanos– y urgió a organismos internacionales a tomar cartas en el asunto. El 28 de junio se reunió con António Guterres, secretario general de la ONU, al que solicitó la intervención del Alto Comisionado, de los Comités y de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. En esta ocasión aseveró que “los migrantes y refugiados deben ser tratados con dignidad y respeto de sus derechos humanos, independientemente de su condición migratoria”. El día siguiente Videgaray presentó un proyecto de resolución ante el Consejo Permanente de la OEA en el que rechazó “enérgicamente” cualquier política que conduzca a la separación de familias, “porque genera una práctica violatoria de los derechos humanos, en particular de niñas, niños y adolescentes”. El documento exhortó además a la administración de Trump a “promover la identificación de migrantes y solicitantes de refugio que requieran protección internacional y aplicar el principio de no devolución a personas cuyas vidas y libertades podrían estar amenazadas o en riesgo, conforme al derecho internacional”. “Muy hipócrita” “Me parece muy hipócrita el discurso del gobierno de México”, opina Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que opera en Tapachula, Chiapas. En entrevista con Proceso, el activista estima que en México también los niños migrantes terminan en centros de privación de libertad –incluyendo los albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)–, con o sin sus padres. “En el DIF, el mensaje a los niños es que siguen totalmente bajo la custodia de migración y que van a ser deportados”, asegura. Según Lorente, la indignación del gobierno mexicano “es una simulación” que sirve intereses en ambos lados de la frontera: según el experto, a Trump le permite infundir miedo y desincentivar la migración, mientras que el gobierno mexicano puede echar la responsabilidad hacia el vecino del norte. “Lo que vemos es una colaboración plena entre ambos gobiernos. Me parece que están totalmente de acuerdo. En los momentos donde parecía que existía la mayor tensión entre Trump y Enrique Peña Nieto, veíamos cómo se reunían aquí, en Chiapas, funcionarios mexicanos y estadunidenses”, abunda. Por lo menos hasta el año pasado, subraya, agentes estadunidenses acudían a la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 15:00 horas para realizar “actividades de información” –recabar datos sobre las personas detenidas–. Las máquinas de identificación biométrica fueron suministradas por el gobierno de Estados Unidos por conducto de la Iniciativa Mérida. “Estalló toda la polémica cuando se dieron a conocer los casos en Estados Unidos, pero en México está pasando algo muy parecido e incluso peor en algunos lugares (…) En la práctica, la política y las acciones (de ambos gobiernos) son totalmente idénticas”, añade. Lorente es uno de los 13 integrantes del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM) –la instancia encargada de vigilar al INM–, que el año pasado realizó visitas a 17 centros de detención esparcidos en el territorio mexicano, con base en las cuales elaboró un informe demoledor, publicado en julio de 2017. En 40 páginas el reporte documentó el ambiente arbitrario que impera en los centros de detención, donde los agentes a menudo extorsionan a los detenidos, los maltratan –incluso los amenazas de muerte– o los castigan y humillan de manera arbitraria, mediante la reclusión en “celdas de castigo”, también llamadas “pozos” o “calabozos”. El documento planteó que las condiciones de hacinamiento son “una constante”, y que la mayoría de los centros de detención presentan graves situaciones de insalubridad –falta de luz o agua, baños inservibles–, mala comida, insumos insuficientes y acceso restringido a la salud, que provocan enfermedades en la población detenida. Y no sólo eso: los expertos notaron que los procedimientos se llevaban a cabo en apenas 55 minutos, con base en formatos con las supuestas declaraciones de los migrantes ya redactadas y orientados hacia la deportación, algunos de los cuales llegaron al absurdo de catalogar a hombres como personas embarazadas. Según el CCINM la situación en los centros de detención muestra que la política migratoria mexicana resulta una “simulación de garantías jurídicas”, que prioriza la deportación en lugar de proteger los derechos humanos de los migrantes que huyeron de la violencia y la miseria. A raíz de la publicación del informe, el INM impuso “trabas burocráticas absurdas” a los integrantes del centro Fray Matías de Córdova para impedirles el acceso al centro de detención de Tapachula, indica Lorente. Estrategia “3D” Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, rechazó que los centros de detención sean de “alojamiento”, como los califica eufemísticamente el gobierno mexicano. “Los centros de detención migratoria son de carácter carcelario de media-alta seguridad, a veces resguardados por hombre armados”, aseveró el diplomático durante la presentación de un informe elaborado por el recién creado Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura (GICDMT). Insistió: “En México sí hay privación de libertad de los migrantes”. Atado a la neutralidad de su cargo diplomático, Jarab recalcó que México aplica una política migratoria conocida como “3D” –“detección”, “detención” y “deportación”–, basada en el castigo y la disuasión. “No podemos permitir que la política de disuasión sea el paradigma”, lamentó. “Es evidente la tendencia, en distintas partes del mundo, de que los países de destino intentan crear las condiciones para que la migración se quede en los países de tránsito mediante políticas de disuasión”, planteó. Y lamentó: “No se puede terciarizar la violación de los derechos humanos de los migrantes a otros países”. “Lo que está claro es la contradicción entre la capacidad de la sociedad mexicana de generar una crítica evidentemente justificada por la política de separación del gobierno de Estados Unidos y la insuficiente crítica de la política en México”, sostuvo. Formado por varios centros de derechos humanos y organizaciones jesuitas especializadas en el tema de las migraciones, el GICDMT exige el cese inmediato de la detención migratoria y el cierre de los centros de detención –donde impera un “entorno torturante”, asegura–, ya que el hecho de entrar a México sin documentos migratorios dejó de ser delito en 2008. El informe muestra que los migrantes suelen sufrir síntomas de depresión en los centros de detención: hasta una tercera parte de los reclusos tiene ideas suicidas y siete de cada diez sienten desesperación. Según Fernando Ríos Martínez, director general de la Red Todos los Derechos para Todos –que aglutina a 85 organizaciones–, el informe pretende “desenmascarar la hipocresía del gobierno mexicano” en materia migratoria. Hacinamiento Como el de su vecino del norte, desde 2008 el gobierno mexicano considera la política migratoria un asunto de seguridad nacional. El nuevo comisionado del INM, Gerardo Elías García Benavente, era hasta el pasado marzo secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El INM opera 22 estaciones migratorias, más ocho estaciones provisionales de tipo “A” –donde los migrantes no deberían estar más de 48 horas– y ocho de tipo “B” –con tiempos de estancia no mayores a siete días–. El INM dirige estos centros en la opacidad de la seguridad nacional: sólo se puede acceder a ciertas partes de ellos con permisos otorgados de manera discrecional y arbitraria. En años recientes, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos documentaron las condiciones deplorables en las que se encuentran los centros, y los malos tratos a los que se someten sus ocupantes. En diciembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que el INM violó los derechos humanos de por lo menos 122 migrantes, incluyendo menores de edad. El ombudsman encontró que durante cuatro años las autoridades utilizaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ubicadas en Fortín de las Flores, Veracruz, como “estancia migratoria”, pese a que el lugar no tiene la infraestructura necesaria y que el INM ni siquiera lo reconoce como tal. Durante su visita a México, en diciembre de 2016, los integrantes del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes observaron un sinnúmero de abusos e irregularidades en los centros de detención. En Tijuana atestiguaron el “hacinamiento” y las “muy malas condiciones de higiene” en las que se encontraban las “mujeres, niños, niñas y adolescentes” en sus “celdas”, así como la comida “escasa y de mala calidad”. En Saltillo señalaron que si bien las niñas no acompañadas tenían “buenas condiciones de alojamiento”, ello no era el caso de los varones, amontonados en una habitación “muy fría” con agua igualmente fría en las regaderas. Los expertos se alarmaron ante el hecho de que los niños “tenían que permanecer en los cuartos todo el día, sin realizar ningún tipo de actividades ni salidas al aire libre” y que en un centro “se amenazaba a las madres de bebés que lloraban mucho de transferir a éstos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia si no dejaban de llorar”. Urgieron a las autoridades a clausurar la estancia tipo “B” de Monterrey –lo que se concretó, según Lorente–, pues se quedaron “particularmente preocupados” al ver las habitaciones “muy oscuras, sin acceso a la luz natural ni al aire libre y muy pequeñas” donde llegaron a amontonarse hasta “13 mujeres con niños”. Laura Díaz de León, directora de la organización Insyde Social –que también realizó visitas a centros de detención–, advirtió sobre las terribles condiciones en la estación de Acayucan, Veracruz, que puede alojar hasta 836 personas. Ahí, algunas madres cavan hoyos en la tierra, donde instalan a sus hijos para protegerlos del calor. “Entendemos que Estados Unidos ejerce presión sobre México y que ha habido acuerdos migratorios (…) pero también entendemos que existen márgenes”, planteó Cristian Rojas Rojas, experto en materia de derechos humanos y exdirector de Amnistía Internacional en México, quien llamó el próximo gobierno a cambiar el paradigma migratorio “de manera radical”.   Este reportaje se publicó el 3 de julio de 2018 en la edición 2174 de la revista Proceso.