MANAGUA (apro).-- Treinta y tres días después de la suscripción del acuerdo para la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló este mecanismo internacional que coadyuvará con el Estado para investigar e identificar quiénes son los culpables de las muertes ocurridas en la jornada de protestas que se han registrado en el país centroamericano, y apoyar en el desarrollo de un Plan de Atención Integral a las víctimas y sus familiares. Según un Informe Preliminar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), en el periodo comprendido en el acuerdo suscrito entre las partes antes señaladas --del 18 de abril al 30 de mayo-- se estima que murieron alrededor de 180 nicaragüenses en el levantamiento cívico que se registra en el país centroamericano, luego que el gobierno de Daniel Ortega intentó imponer una reforma a la Seguridad Social y después de que emprendió una feroz represión contra la población. Entre los integrantes del GIEI para Nicaragua se encuentra Claudia Paz y Paz, la primera fiscal general mujer en Centroamérica y en Guatemala, quien se destacó por llevar a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt por el genocidio en contra de más de mil 700 indígenas ixiles, a manos del ejército guatemalteco. En ese histórico juicio, el antiguo hombre fuerte fue encontrado culpable y sentenciado a 80 años de prisión, sin embargo, el fallo fue anulado por la Corte Constitucional de Guatemala. Paz y Paz, además, fue una de las cinco integrantes del GIEI que actuó en México para coadyuvar en las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hecho ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014. Los otros son: Amérigo Incalcaterra, de Italia; Pablo Parenti, de Argentina, y Sofía Macher, de Perú. Cabe apuntar que Parenti es fiscal federal en Argentina y desde hace casi 20 años trabaja en causas por crímenes contra la humanidad, especialmente en la identificación de niños y niñas argentinos que fueron secuestrados de las manos de sus padres y adoptados por otras familias bajo falsas identidades. Según el acuerdo suscrito entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OE), la CIDH y el Gobierno de Nicaragua, el GIEI “coadyuvará y apoyará las acciones iniciadas por el Estado de Nicaragua” para investigar los hechos de violencia acaecidos en el periodo comprendido entre el 18 de abril y el 30 de mayo, por un periodo inicial de seis meses prorrogables. Por otra parte, el gobierno de Ortega se ha comprometido a que los expertos desempeñen su labor de forma independiente y autónoma. Urrejola: sancionar a los culpables Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH y Relatora de ese organismo regional para Nicaragua, aseguró en entrevista exclusiva que la designación de los cuatro expertos internacionales fue un proceso exhaustivo, en el que intervinieron los siete Comisionados de la CIDH, junto con la Secretaría Ejecutiva del organismo (Paulo Abräo), con el aporte de organismos de la sociedad civil vinculados a la lucha por los derechos humanos. Urrejola aseguró que en la identificación y designación de los cuatro expertos internacionales fue importante que tuviesen conocimiento y experiencia en investigación en derechos humanos, pero sobre todo experticia en investigar crímenes como los que se han cometido en Nicaragua, así como en materia de investigaciones penales y judiciales. “También hemos buscando un conjunto de personas que tienen experiencia en materia de reparación a las víctimas, que es otro elemento esencial. Lo fundamental del GIEI son dos tareas: una es alcanzar la verdad y la justicia, investigar y sancionar a los responsables, y otra es un plan integral de reparación a las víctimas, por eso hablamos de un grupo interdisciplinario, porque no solo son abogados e investigadores, sino gente que haya trabajado con las víctimas y entienda la importancia de una reparación integral”, apuntó. Añadió: “Hemos tenido una larga lista, hay mucha gente en el continente, y no sólo en el continente sino en general, en el mundo, que tiene experticia. Hemos buscado equilibrio de los conocimientos técnicos y profesionales, equilibrio de género, de nacionalidad”. Durante la instalación oficial del GIEI, ante la prensa nacional y extranjera, Pablo Parenti, abogado y fiscal federal en Argentina, insistió en que ellos no están en Nicaragua para sustituir en sus funciones a las autoridades del país, sino para coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos del 18 de abril y 30 de mayo y sugerir nuevas líneas de investigación, de acuerdo con los estándares internacionales, en caso que así lo requieran. “Estamos en una etapa inicial. Hemos solicitado todos los expedientes vinculados a los hechos violentos en el periodo temporal que nos corresponde. Vamos a analizarlos uno por uno, a estudiarlo detenidamente. Tenemos que ser cuidadosos, profesionales, tener una metodología clara, que parta del análisis de la información objetivamente. Estamos esperando que el Estado nos suministre toda la información en su poder”, dijo Parenti en rueda de prensa. GIEI Ayotzinapa: una buena experiencia Mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado y los representantes de los beneficiarios de las medidas cautelares del caso de Ayotzinapa, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que pretendía proporcionar asistencia técnica y apoyar en la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas, entre otros temas relacionados. El 6 de septiembre de 2015, el GIEI emitió su primer “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas”. El 24 de abril de 2016 publicó su “Informe Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas”. En esos informes el GIEI plasmó las recomendaciones a los cuatro componentes de su mandato que culminó el 30 de abril de 2016. La CIDH, mediante comunicado de prensa de 15 de abril de 2016, lamentó que el Estado mexicano manifestara su posición de no prorrogar el mandato del Grupo Interdisciplinario y de poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos permanecían incumplidos, principalmente en lo relacionado con la ubicación de los estudiantes desaparecidos. “El tema de los GIEI es un mecanismo que se ha ido creando en el último tiempo para hacer frente a las demandas de justicia que existe al interior de los distintos Estados, que sea primero en México y ahora en Nicaragua no es porque sólo México o Nicaragua lo requieren. La experiencia mexicana nos parece que fue muy provechosa y es un modelo que creemos que cuando la situación lo amerita es bueno replicar, pero eventualmente el día de mañana puede ser en otro estado”, señaló Urrejola en la entrevista. “Hay realidades distintas, son situaciones a investigar completamente distintas, son Estados distintos, por lo tanto, hay muchas diferencias, pero como modelo de generar mecanismos de expertos independientes que acompañen los procesos de investigación internos, nos pareció que en el caso de México fue un buen modelo y, por lo tanto, lo bueno lo vamos a replicar y los errores del modelo esperamos corregirlos”, recalcó la comisionada y Relatora de la CIDH. Desafío: establecer la verdad La experta de origen chileno explicó que estos cuatro especialistas, a lo largo de seis meses renovables, acompañarán procesos de investigación que harán el Ministerio Público y la Policía Nacional de Nicaragua, dos instituciones desacreditas en el país por su falta de profesionalismo e independencia y que, a su vez, aon cuestionados en el Informe Final de la CIDH presentado el pasado 22 de junio ante el Consejo Permanente de la OEA. “El propio acuerdo con el Estado nicaragüense establece que tienen que tener acceso a toda la información, pueden proponer líneas de investigación, pueden hacer ver sus objeciones a la manera en que se están llevando las investigaciones”, indicó Urrejola. Prosiguió: “Mi esperanza y nuestro desafío es que en estos seis meses (del mandato del GIEI) nosotros logremos establecer la verdad sobre los hechos acaecidos a partir del 18 de abril. Entiendo que es un desafío muy grande, pero, por otro lado, son hechos acaecidos recientemente. Cuando los hechos han ocurrido hace poco las pruebas de las investigaciones son más fáciles que investigar hechos que han ocurrido hace años, porque las pruebas desaparecen, se pierden”. La Relatora de la CIDH para Nicaragua, quien fungió como asesora de la Comisión de la Verdad Histórica y Nuevo Trato en su natal Chile, en el periodo comprendido entre marzo de 2001 y mayo de 2002, insistió en que tan pronto se pueda establecer la verdad en Nicaragua, acerca de las condiciones bajo las cuales fallecieron alrededor de 180 ciudadanos en el periodo del 18 de abril al 30 de mayo, será mejor para el país. “El objetivo del GIEI es acompañar investigaciones judiciales que permitan establecer la verdad judicial respecto a cada uno de esos casos y permitan establecer quiénes son los responsables y por tanto buscar sanciones penales a personas individuales y establecer un plan de reparación integral a las víctimas. No nos cabe la menor duda que la verdad es fundamental para que Nicaragua logre encontrar la paz”, abundó. La experta chilena refirió que hay una diferencia entre el GIEI y las Comisiones de la Verdad que funcionaron en Chile y Perú, entre otros países de la región, ya que éstas son establecidas mediante acuerdos de las sociedades en un contexto de justicia transicional, y el objetivo fundamental no es establecer responsabilidades individuales, sino una suerte de verdad oficial, así como patrones de violaciones a los derechos humanos e identificar a los principales responsables desde el punto de vista institucional. Por otra parte, agregó, las Comisiones de la Verdad no buscan establecer responsabilidades penales individuales, ya que eso siempre les corresponde a los poderes judiciales.