Delegación de 54 mexicanos viaja a Ginebra para defender informe sobre discriminación de la mujer

Mujeres piden igualdad en la CDMX. Foto: Eduardo Miranda Mujeres piden igualdad en la CDMX. Foto: Eduardo Miranda

Ginebra (apro).- Una delegación de 54 personas viajó a Ginebra, Suiza, para participar en la revisión del informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, una de las últimas sesiones de este tipo a la que asistirán representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La nutrida delegación mexicana es liderada por Miguel Ruíz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Rafael Adrián Avante, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

También integran la delegación Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR); David Arellano Cuán, subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Margarita Luna, ministra presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, y Mónica Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En total suman 54 los funcionarios que asistirán a la revisión del informe, incluidos siete diplomáticos encabezados por la embajadora de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Socorro Flores, que laboran en la Misión Permanente de México en Ginebra.

No es claro por qué asisten tantos funcionarios, cuando el promedio de asistencia a este tipo de informes es de 10 a 15. Por ejemplo, en la revisión de su informe, Chile contó con el apoyo de 17 funcionarios, Australia 14, Nueva Zelanda 13, Malasia 18 y Chipre tres.

“Al parecer, para México el número de su delegación es proporcional al compromiso que tienen con la defensa de los derechos humanos en México’’, comentó a Apro una fuente cercana al organismo, quien manifestó no entender cómo es que el Estado mexicano gasta tanto dinero en traer a tantos funcionarios.

Un boleto de avión en clase turista ronda entre los mil 200 y mil 500 dólares. Una noche en el hotel Intercontinental, donde usualmente se quedan los políticos de más alto rango, cuesta entre 350 y 650 francos suizos la noche y las más lujosas llegan a costar hasta mil 500 francos la noche, incluida una sesión de SPA.

El precio de un hotel tres estrellas en la misma zona, sencillo, modesto, va desde 120 a 250 francos la noche. Además, las comidas son caras en la ciudad helvética. Por persona, una comida normal, sin incluir bebidas alcohólicas, varía entre los 20 y los 60 francos, dependiendo el lujo del lugar.

Preguntas incómodas

Este viernes se espera que la delegación llegue bien preparada para contestar a las preguntas que las expertas del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) hagan al gobierno mexicano.

Se abordarán temas de feminicidio, derecho al aborto y acceso a la justicia. En este último rubro las expertas pedirán aportar detalles sobre la naturaleza de las actividades de capacitación, los cursos en línea y los talleres que tienen por objeto crear conciencia entre la judicatura y los funcionarios públicos sobre la importancia de incorporar una perspectiva de género en la tramitación de casos

También indagarán sobre las medidas adicionales adoptadas con el fin de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, similares a las establecidas en el sector de la educación.

Pedirán al gobierno de Peña que proporcione información actualizada sobre el número de casos de feminicidio procesados por tribunales penales federales desde la aprobación de las modificaciones introducidas en 32 códigos penales federales, indicando cuántos han sido enjuiciados.

También, que los funcionarios faciliten información sobre las medidas adoptadas para eliminar la impunidad en tales casos y que indiquen las medidas previstas para impartir a los miembros de la Judicatura, los agentes de policía y los funcionarios de salud pública, una capacitación adecuada que les permita determinar los factores causales de la violencia de género, incluido el feminicidio, al ocuparse de los distintos casos.

El CEDAW solicita describir los avances realizados en el establecimiento de un sistema normalizado para la recopilación periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres, desglosados por tipo de violencia y circunstancias en que esta se cometió, incluida información sobre los autores y las víctimas y su relación, como recomendó en el examen anterior.

¿Cuál es la información actualizada “sobre las medidas adoptadas para superar los continuos obstáculos que impiden al mecanismo de alerta de violencia de género reducir el número de casos de violencia contra las mujeres y feminicidio?’’, pregunta.

Y observa que según la información de que dispone, el Estado parte es un país de origen y destino de mujeres y niñas sometidas a trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.

“Especifiquen si se han adoptado medidas con el fin de armonizar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos en los estados, aumentar el número de refugios para las víctimas de la trata en todos los estados y mejorarlos’’, demanda.

Por otra parte, el CEDAW interrogará a la numerosa delegación sobre las medidas adoptadas “para fortalecer la perspectiva de género en el mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e indiquen la forma en que la metodología para la evaluación de riesgos ha tenido en cuenta las denuncias de intimidación y hostigamiento contra las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, incluidas las dirigentes indígenas’’.

En lo que respecta al trabajo, pide indicar el porcentaje de mujeres que trabajan en la industria y su principal ubicación geográfica.

“Aporten información sobre las medidas adoptadas para promover el empleo de las mujeres en sectores no tradicionales mejor remunerados, en particular mediante el uso de medidas especiales de carácter temporal, y para aplicar el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951, de la Organización Internacional del Trabajo’’.

Además, cuestiona si se ha procurado eliminar los obstáculos discriminatorios a que se enfrentan las mujeres altamente calificadas en la promoción dentro del ámbito de trabajo que han elegido.

“Señalen también las medidas establecidas para promover la igualdad de género en el sector empresarial. Especifiquen qué mecanismos existen para identificar los casos de acoso sexual en el lugar de trabajo e indiquen las sanciones aplicadas en tales casos’’, solicita el Comité.

“Habida cuenta del actual contexto social y político, sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas o previstas para combatir todas las formas de discriminación contra las mujeres migrantes y garantizar su acceso adecuado a la capacitación y el empleo, la seguridad social y los servicios sociales, la vivienda, la atención de la salud y la educación’’, agrega.

Otro de los temas es el enjuiciamiento de mujeres por delitos relacionados con las drogas que, según datos del CEDAW, aumentó un 75% en 2015, y las reclusas sufren graves problemas de salud debido al hacinamiento y la reclusión.

“Sírvanse indicar qué medidas existen para garantizar que las mujeres detenidas reciban un trato humano y tengan acceso adecuado a la atención médica, conforme a las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes’’, demandan las expertas en un documento enviado al gobierno a fines del año pasado.

“Proporcionen también información sobre los criterios que se aplican en los casos de prisión preventiva, especialmente a la luz de la información que indica que las mujeres suelen permanecer largos períodos detenidas. Faciliten datos sobre el uso de alternativas a la prisión preventiva que tengan en cuenta las cuestiones de género. Indiquen cuántas mujeres están actualmente encarceladas por haberse sometido a un aborto ilegal’’.

Estos cuestionamientos, entre otros temas y preguntas, serán los que se aborden en la sesión de este viernes 6 en el Palais de Nations sede de la ONU en Ginebra.

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