CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el programa de protección a los mexicanos en Estados Unidos, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lanzó a principios del año pasado para defender a los connacionales ante las medidas antiinmigrantes del presidente Donald Trump. En su auditoría, el órgano fiscalizador determinó que la SRE malgastó 53 millones de pesos y no tenía el desglose de las erogaciones en acciones de defensa a mexicanos. La ASF realizó 16 observaciones –de las que la dependencia sólo solvento una-- y concluyó que la Cancillería incumplió “con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”. El 22 de febrero de 2017, apenas un mes después de la toma de posesión de Trump como presidente estadunidense –después de una campaña electoral marcada por sus promesas de ir en contra de los migrantes indocumentados--, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) otorgó mil 70 millones de pesos de recursos extra “de carácter excepcional” a la Cancillería para defender a los mexicanos en Estados Unidos a través de su red de 50 consulados. De este monto, la ASF revisó 480 millones de pesos, que la SRE derivó a ocho consulados y a la creación del llamado Mandato para la Estrategia de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos de América, una estrategia articulada alrededor de cinco ejes, entre ellos la representación legal de los connacionales y fondos para el traslado de personas. El órgano fiscalizador detectó que la Cancillería gastó los 4 millones 831 mil dólares destinados al traslado de personas en “contrataciones para la elaboración de materiales audiovisuales informativos, implementación y estrategias en redes sociales, así como difusión del material informativo en plataformas digitales móviles”. No sólo esto: al revisar algunos de los materiales audiovisuales pagados con los fondos de traslado de personas, la ASF se percató que el consulado de México en Nueva York gastó 46 millones de pesos en materiales sobre protección preventiva para los mexicanos en Estados Unidos “sin acreditar la entrega total de los servicios”. La SRE tampoco proporcionó la información detallada sobre la distribución del gasto efectuado en los llamados “litigios estratégicos”, que eran parte de los 354 millones de pesos otorgados al Mandato para la Estrategia de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos Estos litigios, que el canciller Luis Videgaray presumió como eje central de la política de defensa de mexicanos en Estados Unidos después del triunfo de Trump, consisten en defender en tribunales los casos de connacionales que puedan sentar jurisprudencias y tener efectos legales en el vecino país del norte. La ASF también detectó irregularidades en la contratación de los prestadores de servicios, que los consulados pagaron para realizar “diversas actividades de apoyo” a los mexicanos en Estados Unidos. Observó que los contratos no contemplan “los conocimientos, perfiles y experiencia” de los prestadores de servicios profesionales y determinó que, 55 de los 70 asesores contratados por los consulados de Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Tucson –por un monto total de 289 mil dólares-- no pudieron comprobar que efectivamente realizaron los servicios. El consulado de San Antonio, por su parte, pagó 702 mil pesos a un prestador de servicios que no entregó los documentos “que debían proporcionarse para sustentar los servicios prestados”. Sobre la información de la ASF, el área de comunicación social de la SRE hizo llegar una carta a Apro en la que asegura que "dentro del plazo establecido por normatividad, cumplirá con brindar la información que requiere el órgano correspondiente y que demuestre el correcto uso de los recursos asignados".