CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Apelando a su buena voluntad y honestidad, Andrés Manuel López Obrador ha hecho del combate a la corrupción su eje discursivo. Pero, si fuera el caso, una y otra no bastan, como solo acto de fe, para desmantelar un régimen que hizo de la corrupción y la impunidad sus rasgos distintivos. Hasta ahora parece quedar claro que no debe haber cuotas de partidos ni de cuates en las asignaciones de los cargos públicos, en especial de los que fungen como contrapeso y control del ejercicio del poder, toda vez que este esquema reproduce la corrupción, por ejemplo, mediante el conflicto de interés; porque echa mano de perfiles personales que van a contracorriente de la idoneidad de los cargos; y, entre otras cosas, porque reproduce la correlación insana de los partidos en la composición de las instituciones públicas y en la asignación de cargos, lo que imposibilita a esas instancias y mandos cumplir con sus atribuciones en forma debida. El punto nodal es, entonces, cómo eliminar esas cuotas de partidos y cuates en las designaciones. La solución sería el siguiente modelo, basado en criterios rigurosos: -Lanzar convocatorias con mayores requisitos de idoneidad y desprovistas de conceptos jurídicos ambiguos que permitan el ingreso de aspirantes sin las cualidades ni preparación idóneas. -Aplicar exámenes de control de confianza que incluyan, además del polígrafo, el eye-detect y pruebas toxicológicas, lo que en conjunto arrojaría más de 90% de fiabilidad en los perfiles. -Encargar estos tests, por ejemplo, a la American Polygraph Association, y éstos a su vez a la organización británica International Investigative Interviewing Research Group, que colabora con la Corte Penal Internacional de La Haya. -Sustentar estos exámenes en los más altos cánones metodológicos del Standard Practice for Quality Control of Psychophysiological Detection of Deception (Polygraph) Examinations de la estandarizadora mundial ASTM. De esta suerte, los aspirantes que aprueben todos los exámenes conformarían un grupo de un altísimo nivel en términos de confianza, independencia e idoneidad para los distintos cargos públicos. Este esquema de perfiles significaría no estar sujeto a las injerencias partidistas, y en lo que respecta a los servidores públicos asignados a tareas de inteligencia y seguridad nacional, los exámenes tendrán que ser practicados por esas mismas instancias externas, a diferencia de los fraudulentos autoexámenes que impone a sus integrantes el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, organismo que AMLO, dicho sea de paso, ofreció suprimir junto con las tareas de espionaje de ciudadanos. Del universo final de perfiles revisados se procedería a la insaculación como mecanismo de selección definitiva. Este procedimiento tendrá que basarse desde luego en los más altos puntajes de idoneidad y las mayores calificaciones en los exámenes de control de confianza a los candidatos a servidores públicos. Con mayor razón deberá aplicarse el mismo ejercicio en lo tocante al universo de servidores públicos que aspiren a ocupar las instancias anticorrupción, caso en el cual no habría que incluir a quienes hayan sido funcionarios subalternos de los titulares de las dependencias y organismos relacionados con el combate a la corrupción, con la finalidad de evitar que eludan su responsabilidad, dado el caso, de investigar a quienes fueron sus jefes. Y sería menester practicar, cada año al menos, el examen de control de confianza integral a quienes hayan sido designados como servidores públicos. Sólo mediante iniciativas como éstas podría lograrse un cambio sustantivo de paradigma en cuanto a la selección de perfiles de servidores públicos, de tal suerte que el estándar de cuotas y cuates sería inversamente proporcional a las probabilidades reales de ejercer responsabilidades en los cargos públicos relacionados con el combate a la corrupción y la impunidad. En efecto, el mérito y la ausencia de relación orgánica con partidos y políticos serían las vías de acceso esenciales a los organismos y dependencias encargados de vigilar el cumplimiento de la ley. Por lo demás, los exámenes de confianza tendrían una adecuada cadena de custodia siguiendo los más estrictos parámetros internacionales previstos por la estandarizadora mundial ASTM. Éstos constituirían una versión incluso más rigurosa que la aplicada a los agentes de la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, instancia reconocida por sus altos umbrales de control de acceso. De igual forma, como sucede en países democráticos desarrollados, se establecerían porcentajes mínimos del presupuesto de egresos para minimizar todo tipo de presión partidista tendiente a afectar el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales y legales de los organismos y dependencias que, por su naturaleza vigilante, deben tener la mayor independencia real posible. No cabe duda que mediante los esquemas citados el camino para terminar progresivamente con la corrupción y la impunidad dejará de ser una simulación en México como la ha sido por años. @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com Este análisis se publicó el 3 de julio de 2018 en la edición 2174 de la revista Proceso.