CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Arely Gómez González y Luis Raúl González Pérez, respectivamente, destacaron la urgencia de integrar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como una de las principales vías para enfrentar y atender problemas como la desigualdad y la impunidad. “Se está en falta ante uno de los más grandes avances para lograr un manejo correcto de los recursos públicos”, precisó Gómez González durante la ceremonia para conmemorar el Día por la Integridad del mes de julio, realizada en la sede de la SFP. Dijo que también es fundamental no sólo el nombramiento de los integrantes que faltan para completar el SNA, sino también la celeridad para instrumentar la Política Nacional Anticorrupción y para aprobar los formatos de las declaraciones patrimoniales, a fin de que sea posible consolidar este sistema. De acuerdo con Gómez González, el Comité Coordinador del SNA analiza las propuestas que le remitió la sociedad civil y la SFP, con la finalidad de que sean valoradas para la aprobación final de la Política Nacional Anticorrupción, y llamó a redoblar esfuerzos e impulsar medidas que permitan la continuidad de lo alcanzado por el SNA. “Tenemos la responsabilidad de hacer que este sistema arroje resultados efectivos y contribuya a la regeneración de la confianza en las instituciones públicas, aspecto fundamental para nuestra democracia”, abundó. A su vez, el presidente de la CNDH manifestó que, para una efectiva protección y defensa de los derechos humanos, así como para alcanzar una vida digna, de bienestar, resulta esencial consolidar la cultura de la legalidad, de la denuncia y de la rendición de cuentas, factores fundamentales para fortalecer la integridad y el combate a la corrupción. Aunado a lo anterior, agregó, es necesario profundizar en la lucha contra la desigualdad, marginación y discriminación, pues de esa manera se tendrán instituciones fuertes y un robustecido Estado de Derecho, que velarán, efectivamente, por los intereses superiores del país y de la ciudadanía. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, destacó que la corrupción afecta particularmente a los sectores más desfavorecidos, y por tanto han sido históricamente discriminados en tres sentidos. El primero, cuando la práctica del soborno puede inclinar la balanza de la justicia hacia quienes cuentan con mayores recursos económicos. El segundo, cuando la práctica de la extorsión condiciona a personas de menores recursos, particularmente a las mujeres, servicios o bienes públicos a cambio de una cuota. Y el tercero, que involucra a funcionarios de alto nivel, se da cuando se diseñan políticas públicas a expensas del bienestar de ciertos colectivos. Por ello, llamó a que la lucha contra la corrupción coloque en el centro de su atención los derechos humanos y la no discriminación.