CIUDAD DE MEXICO (apro).- La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Nuevo León (CTAINL) deberá emitir una nueva resolución para saber si una carpeta de investigación está o no relacionada con actos de corrupción en el llamado "Cobijagate". Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que también pidió conocer los motivos por los cuales el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal al investigar los delitos de fraude y ejercicio indebido o abandono de funciones públicas y considere en su análisis las especificaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez detalló que el 9 de febrero de 2016, el periódico El Norte publicó que el gobierno estatal había comprado 200 mil cobijas al triple de su valor en el mercado, lo que involucraba el desvío de 28 millones 900 mil pesos. “La compra fue irregular. Sólo una empresa se inscribió y ganó la subasta electrónica a pesar de no ser un fabricante textil”. Sobre el “Cobijagate”, denominado así por la prensa y algunos políticos de Nuevo León, un particular solicitó a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Nuevo León diversos documentos de una carpeta de investigación, pero el sujeto obligado reservó la información. Adujo que forma parte de una carpeta de investigación y contiene datos específicos que podrían comprometer las funciones de investigación del Ministerio Público. Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante la CTAINL, pues consideró que la información requerida debía ser pública, por estar relacionada con hechos de corrupción y no poner en riesgo las acciones de prevención o persecución de delitos, ya que la investigación había concluido. Tras analizar el caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez llamó a la PGJ, ahora Fiscalía General de Justicia del estado, como tercero interesado para especificar los delitos investigados y los fundamentos legales bajo los cuales se decretó el no ejercicio de la acción penal. El comisionado informó que sí existió un señalamiento de que en el “Cobijagate” hubo un delito de corrupción cometido por funcionarios locales y, dado que el caso está cerrado, es posible dar la información solicitada. Tras revocar la resolución del recurso de revisión RR/1036/2018, aprobada por el Pleno de la CTAINL, le instruyó a emitir una nueva resolución, con las siguientes consideraciones: 1. Deje insubsistente la resolución de fecha 26 de enero de 2018, emitida dentro del recurso de revisión RR/1036/2018, por el Pleno de la CTAINL. 2. Se allegue de los elementos necesarios, en relación a los motivos por los cuales el Ministerio Público Investigador determinó el no ejercicio de la acción penal para cada uno de los delitos investigados en la indagatoria, con el fin de determinar si la carpeta de investigación, está o no, relacionada con actos de corrupción. 3. Tome en consideración durante el estudio las especificidades que plantea el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que ya no sólo se basa en la justicia retributiva, sino también la justicia restaurativa, y con ello analice los nuevos planteamientos en relación a la determinación de los hechos delictivos, respecto a la figura de responsabilidad por parte de los imputados, a partir de la determinación efectuada por el agente del Ministerio Público Investigador, de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, de la entonces PGJ de Nuevo León.