CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal concedió la protección de la justicia a cinco internos del Centro de Reinserción Social para Varones “Aguascalientes”, a quienes se les vulneró su derecho humano a la alimentación. Luego de corroborar que el encargado de despacho del penal ha sido omiso en proporcionar a los quejosos, así como al resto de la población de internos, alimento nutritivo, suficiente y de calidad, Jaime Páez Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Aguascalientes, ordenó se les suministre comida equilibrada, completa e inocua. En un comunicado se precisó que la sentencia se basa en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en disposiciones internacionales que regulan el derecho a la alimentación, además de que observa la condición de vulnerabilidad en que se encuentran las personas internas en centros de reclusión, así como la aplicación de las sentencias de amparo desde una dimensión colectiva y/o difusa. Destacó que, derivado de testimoniales y dictámenes aportados en el juicio, se comprobó la falta de decisiones y acciones encaminadas a respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la alimentación, particularmente las relativas a dotar de condiciones salubres a los productos suministrados para consumo de los internos. Adicionalmente, el dictamen de nutrición sobre el estándar de calidad de los alimentos que se proporcionan en el centro de reinserción concluyó que contienen bacterias, hongos y levaduras que alteran y descomponen la comida. Asimismo, se encontró presencia de “escherichia coli” y hongos, que provocan diarrea, náuseas, fiebre, dolor abdominal y de cabeza. En consecuencia, el juez Jaime Páez Díaz subrayó que las autoridades responsables inobservan lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-043- SSA2-2012, donde se señala que la alimentación debe ser completa, equilibrada, variada, inocua, suficiente y adecuada. La alimentación, agregó, no es tratada higiénicamente, es desequilibrada e insuficiente, además de que los horarios para proporcionarla no son los adecuados, pues se fomenta el ayuno prolongado en el penal. En este contexto, se concluyó que la autoridad responsable fue omisa en realizar las gestiones pertinentes para proveer al centro de reclusión de los alimentos con la calidad nutricional y de higiene necesaria, sobre la base de que la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad se trata de un derecho humano reconocido por el artículo 4° constitucional. El juez federal ordenó realizar las gestiones necesarias para proporcionar una alimentación sana a los reos; adquirir insumos de calidad y equipos para su almacenamiento y refrigeración; aplicar medidas de higiene en el manejo de alimentos, y establecer horarios adecuados para evitar ayunos prolongados. En consecuencia, ordenó al gobernador de la entidad, Martín Orozco Sandoval, informar las acciones emprendidas, incluyendo las adecuaciones presupuestarias que garanticen que los internos accedan a una alimentación de calidad, dentro del plazo de los tres días posteriores a su notificación.