COLIMA, Col. (apro).- El gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que decrete la nulidad o revocación del título de concesión, junto con las respectivas prórrogas, de la caseta de peaje de Cuyutlán, ubicada en la carretera Colima-Manzanillo. El mandatario indicó que después de un análisis legal y financiero del funcionamiento de la caseta de Cuyutlán, se determinó entregar a la SCT la solicitud, esperando la respuesta en un plazo de 60 días hábiles. Explicó que haciendo uso de vacíos legales se han realizado cuatro ampliaciones de esa concesión, a pesar de que con base en cálculos que se han realizado se puede estimar que esa infraestructura ya fue pagada, además de que con el cobro del peaje se pagó una carretera en otra entidad. La caseta de Cuyutlán, que en los últimos meses ha sido el centro de constantes protestas y actos de liberación del paso por parte de habitantes de la entidad, es manejada por la concesionaria Promotora y Operadora de Infraestructura SA de CV, cuyo socio mayoritario es el empresario David Peñaloza. Peralta Sánchez anunció que enviará próximamente al Congreso del Estado una iniciativa para que una vez dictaminada se turne al Congreso de la Unión, con el fin de que quede explícitamente prohibido el que se pueda triangular el financiamiento entre carreteras, pues “cada caseta debe pagar la propia carretera y no pagar con casetas de una entidad las carreteras de otro”. Dijo que con la solicitud ante la SCT se cumple con una demanda social, además de que se atiende el punto de acuerdo aprobado anteriormente por unanimidad en el Congreso del Estado en el que se exhortaba al Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González a que hiciera dicha solicitud, pero por la importancia del caso el mandatario estatal decidió ser impulsor de este proceso. “La SCT tiene las facultades legales para declarar administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión o revocación de las concesiones otorgadas si existen elementos jurídicos para hacerlo”, indicó el gobernador. Reconoció que, si bien el uso de las casetas es un vehículo adecuado para el financiamiento de infraestructura carretera, en el caso de la caseta de Cuyutlán existen elementos tanto jurídicos como financieros para solicitar la revocación de la concesión. “Como gobernador —dijo— estoy obligado a escuchar el mandato del pueblo, el rechazo a dicha caseta es evidente, afectando principalmente a manzanillenses y armeritenses que día a día se desplazan por dicha carretera, ya sea por cuestiones de trabajo o estudio; que afecta el turismo y encarece el destino y que también le resta competitividad a la logística del puerto de Manzanillo”. El mandatario estatal advirtió que si no hay respuesta de la SCT, su gobierno irá hasta las últimas consecuencias legales, es decir, recurrirá a los tribunales. Por su parte, el diputado local Nabor Ochoa López dijo que en los últimos tres meses los poderes Ejecutivo y Legislativo han trabajado en el proceso legal y calificó como histórica la acción del gobernador, pues “ningún gobernador en funciones que yo recuerde había encabezado una lucha de estas; ha habido algunos acaldes de otros estados, ha habido representantes populares que han impulsado esto. Sin embargo, ningún gobernador se había decidido a dar este paso importante”.