CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hoy, de nueva cuenta, la administración de Donald Trump dio la espalda al mundo: entre los países que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos fue el único en rechazar el documento final del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se firmará en Marruecos en diciembre próximo. El acuerdo establece un marco de colaboración internacional para abordar las migraciones desde el punto de vista del individuo e incentiva a los distintos gobiernos a aplicar políticas para cada etapa de las migraciones, alineadas con los derechos humanos, ya sea en su enfoque humanitario, económico, social o medioambiental. Sin embargo, al igual que ocurrió con el Acuerdo de París sobre Medio Ambiente, o el acuerdo nuclear iraní, el gobierno de Trump se negó a ratificar el documento final. El rechazo se dio en medio de la implementación, por parte de Estados Unidos, de una serie de medidas antiinmigrantes –conocidas como política de “Cero Tolerancia”—que implicó la separación de familias y contempla la deportación inmediata de indocumentados. William Lacy Swing, titular de la Organización Internacional de la Migración (OIM), reconoció que el acuerdo no representa “el fin de la tarea” --se trata de una declaración de intenciones y no obliga a los Estados a aplicarlo--, pero saludó “el nuevo esfuerzo histórico para configurar la agenda global sobre la migración en las décadas que vienen”. El documento, producto de “una revisión sin precedentes de evidencias y datos” sobre migraciones a nivel internacional, refrenda que “refugiados y migrantes tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales, que deben ser respetados, protegidos y cumplidos en cada momento”. Entre sus planteamientos destacan las medidas para garantizar la seguridad y la vida de la población migrante durante su tránsito –especialmente para niñas y mujeres--, asegurar sus condiciones laborales en los países de destino –entre otros, para que puedan enviar remesas a sus países de origen--, fomentar la migración regular y combatir las redes de tráfico de personas. El acuerdo reafirma que los Estados no deben mantener a las personas migrantes en centros de detención, excepto como “última opción”, y les urge a proveerles los servicios básicos y luchar contra las expresiones de rechazo y xenofobia que puedan surgir entre las poblaciones locales.