LEÓN, Gto., (apro).- El alcalde panista de este municipio, Héctor López Santillana, incumplió con una recomendación emitida por la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PEDH) para garantizar la libre manifestación pacífica y la libertad de expresión de la ciudadanía.
Dicha recomendación, girada el 12 de marzo pasado, se hizo después de que la PEDH concluyó que se violaron derechos de un grupo de ciudadanos y activistas que en enero de 2017 protestó por el incremento a la tarifa del transporte público.
La organización civil Ciudadanos Hartos presentó su queja luego de que, tras varias manifestaciones y la presentación de recursos legales, fueron señalados con nombres, datos y fotografías en un diario local como “instigadores de violencia”, según fichas creadas por la Secretaría de Seguridad Municipal.
De acuerdo con el rotativo, en esas fichas “se detalla el grado de beligerancia de cada uno, su disposición al diálogo, las causas por las que se manifiestan y los antecedentes de activismo y protestas en los que han participado”. Sin embargo, en el desahogo de la investigación efectuada por la PEDH el alcalde leonés negó la existencia de esos reportes internos.
Pero incluso el propio López Santillana –alcalde electo por segunda ocasión– calificó a los inconformes como violentos, intransigentes e incitadores de la violencia por sus protestas ciudadanas, y los amenazó con emprender acciones legales en su contra.
La PEDH emitió la recomendación dirigida a López Santillana para que, como medida para garantizar la no repetición de violaciones a diversas garantías individuales y universales, su gobierno emprendiera las acciones necesarias “para garantizar las distintas formas de expresión, verbigracia: la desobediencia civil pacífica”.
Aunque el municipio aceptó la recomendación, a la fecha no ha comprobado ante el ómbudsman su cumplimiento.
Por ello, el pasado 27 de junio, la PEDH remitió el oficio 2093/18 dirigido al presidente municipal interino, Luis Ernesto Ayala Torres, en el que le notifica que el organismo no ha recibido “los elementos de convicción que acrediten el debido y total cumplimiento de la Recomendación Única, que en su momento fue aceptada a través del oficio PML/763/2018”, que fija un plazo de 15 días para responderse con las medidas que signifiquen su acatamiento.
El incumplimiento también se hizo del conocimiento de las seis personas afectadas.