El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, entregó a la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Agenda Básica de Derechos Humanos 2018, en la que informa del estado actual del cumplimiento de las recomendaciones emitidas al gobierno federal. Sobre todo, la comisión le reitera a la administración entrante la urgencia de cumplir sus responsabilidades hacia las víctimas de los casos más graves del sexenio de Enrique Peña Nieto, los cuales permanecen impunes: las masacres de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, así como la sangrienta represión en Nochixtlán y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.   CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las miles de desapariciones forzadas que se han registrado en la “geografía del horror” que es México, el aumento de la violencia contra las mujeres y el maltrato a migrantes centroamericanos, entre otros temas que tienen en común la persistencia de la impunidad, conforman la losa que el gobierno de Enrique Peña Nieto traspasará al de Andrés Manuel López Obrador, alerta en entrevista el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. La víspera de su reunión con la exministra Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Gobernación, para entregarle la Agenda Básica de Derechos Humanos 2018, González Pérez dice que ese documento fue elaborado hace meses por el organismo para ponerlo en manos de quien resultara electo presidente. El ombudsman advierte que, al asumir el Poder Ejecutivo, López Obrador tendrá la responsabilidad de atender el rezago en el cumplimiento de recomendaciones por violaciones a derechos humanos, ya que el gobierno de Peña Nieto ha sido particularmente moroso al respecto. Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto tomó posesión, hasta el pasado martes 3, la CNDH emitió 214 recomendaciones a autoridades federales, de las cuales sólo se ha cumplido el 80%. En el Informe de Seguimiento de Recomendaciones que la CNDH entregó al Senado de la República en enero de este año se reporta que, desde el 1 de enero de 1990 al 3 de enero de 2018 el organismo autónomo emitió 2 mil 688 recomendaciones a autoridades de los tres órdenes de gobierno, de las cuales 503 estaban en trámite. Según se asienta en un análisis del estatus del cumplimiento de recomendaciones durante la gestión de Peña Nieto, hasta el viernes 13 las dependencias federales de seguridad y procuración de justicia tienen altos índices de omisión. De las 56 recomendaciones dirigidas a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) durante el actual gobierno, 48 no habían sido atendidas en su totalidad; de las 15 enviadas a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, 13 permanecen con 70 de los 104 puntos recomendatorios sin atender. A su vez, de las 20 recomendaciones enviadas a Vidal Soberón Sanz, secretario de Marina, 12 están en trámite, en tanto que de las 37 emitidas para los tres procuradores y el actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), 32 no se han atendido totalmente. Fragmento del reportaje publicado en Proceso 2176, ya en circulación.