En la reciente elección Guerrero vivió el llamado “efecto López Obrador” y Morena se impuso como primera fuerza en el estado. Sin embargo, el grueso de los nuevos legisladores y presidentes municipales, sobre todo los del PRI y el PRD, pertenecen a la misma clase política que provocó el descontento y permitió que la delincuencia organizada se adueñara de extensos territorios.  CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- El efecto López Obrador en Guerrero reconfiguró el escenario político con Morena como la primera fuerza, pero quedaron intactas la estructura criminal que controla extensas regiones del estado y la presencia de grupos de autodefensa. El lunes 9, el gobernador priista Héctor Astudillo Flores admitió públicamente que la histórica derrota del PRI en la entidad y el país está relacionada con la mala imagen y la ausencia de resultados de las administraciones estatal y federal, que se han caracterizado por sus escándalos de corrupción, frivolidad y su ineficacia ante la ola de violencia. Por eso Astudillo dijo confiar en que López Obrador implante medidas para resolver la inseguridad en Guerrero. Es necesario recordar que el mandatario, quien durante su campaña prometió “orden y paz”, se declaró incompetente para esa tarea y depositó su responsabilidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto desde 2016. Sin embargo, los 46 diputados locales de la próxima legislatura (la LII) y los 80 alcaldes electos pertenecen a la misma clase política estatal, plagada de compadres y caciques que heredaron puestos a esposas e hijos. Algunos incluso han sido señalados por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. Candidatos de todos los partidos tuvieron que pactar con líderes regionales del narco y con los jefes de sus células armadas para que los dejaran “transitar, realizar campaña y ganar las elecciones” a cambio de “otorgarles cargos”, sobre todo en administraciones municipales, así como beneficiarlos con “obra pública o contratos”, informan a Proceso varios políticos que pidieron no revelar sus nombres por temor a represalias. Esto muestra el contexto de impunidad y violencia extrema en que se desarrolló aquí el reciente proceso electoral, durante el cual una treintena de políticos fueron ejecutados y al menos 41 candidatos requirieron protección oficial, por lo que se les asignó un centenar de policías estatales habilitados irregularmente como escoltas. En un informe del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado se revela también que al menos 514 aspirantes renunciaron a sus candidaturas a causa de las presiones o por efecto de la narcoviolencia; además, 450 fueron sustituidos por intereses de su partido. El documento indica que 8 mil 847 candidatos se registraron para contender por los 80 ayuntamientos y 28 distritos locales, de los cuales 4 mil 488 fueron mujeres y 4 mil 359 hombres. El mapa delincuencial De 2015 a la fecha, durante la administración de Astudillo se han documentado en Guerrero más de 6 mil homicidios dolosos, un número indeterminado de desaparecidos y más de 3 mil desplazados de la zona amapolera de la Sierra, donde bandas de narcos se disputan el control de la franja minera y la producción de heroína. En las siete regiones de la entidad operan 18 organizaciones delictivas. Controlan extensos territorios en 40 de los 81 municipios mediante 20 grupos armados “­vinculados con el narco” –dicen las fuentes consultadas– autodenominados “policías comunitarias” y “grupos de autodefensa expandidos”. Dichos grupos de autodefensa ya han sido señalados por Astudillo como brazos armados del narco; las organizaciones criminales están plenamente identificadas pero aun así mantienen retenes en vías federales y controlan territorios completos, donde disputan el control de las ganancias de la industria minera y las zonas de producción, tráfico y venta de estupefacientes en la entidad. El mapa delictivo del gobierno estatal indica que la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), surgida en los pueblos originarios en 1995, tiene presencia en los 15 municipios de la región Costa Chica y en 19 de la Montaña. Esa franja es habitada por indígenas y afromestizos. Ahí operan bandas dedicadas al secuestro, homicidio y extorsión, así como a la producción y tráfico de droga. Las principales son Los Marín, Los Carrillo y Los Añorve en Cuajinicuilapa y Ometepec, lo mismo que los remanentes de los Beltrán Leyva en la Costa Chica y la Montaña. Según el análisis del gobierno estatal, en Chilapa tienen la mayor presencia Los Rojos y Los Ardillos, estos últimos encabezados por la familia del candidato a diputado local por la coalición PRD, PAN y MC, Bernardo Ortega Jiménez. En Acapulco, la joya de la corona del narco, el gobierno de Astudillo detectó una confrontación entre remanentes de los Beltrán Leyva y el Cártel Independiente de Acapulco, en la que también toman parte la PC-CRAC y el grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). En la región Centro, que abarca una parte de la sierra, se desarrolla un brutal enfrentamiento entre el Cártel del Sur, el Comando Suicida, Los Rojos y Los Ardillos. Según el informe citado, las bandas armadas son identificadas como la UPOEG; el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG); PC-CRAC y las guardias comunitarias de Mezcala, Tlacotepec, Chichihualco, Petaquillas, Paz y Justicia de Chilapa, el Consejo Municipal de Seguridad Pública y el Consejo Ciudadano de Olinalá. En la región norte actúan, por su parte, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Gente Nueva y Los Rojos, igual que los siguientes grupos civiles armados: las policías comunitarias de Tepecoacuilco, Mezcala, Cuetzala, La Tecampanera y el Movimiento Apaxtlense. En Tierra Caliente, el gobierno ubica a las bandas Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Los Tequileros y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahí, principalmente en la Sierra, tienen presencia la autodefensa de San Miguel Totolapan y la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero. En la región Costa Grande predominan el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Granados de Tecpan, Los Caballeros Templarios, la Guardia Guerrerense de La Unión y Petatlán, y Sangre Nueva Guerrerense de Zihuatanejo. En este municipio opera también la Guardia Rural de Ejidos Unidos, principalmente en la parte de la Sierra, que conecta con Tierra Caliente. Perdedores y ganadores Tras la elección del domingo 1, Morena y su aliado el Partido Encuentro Social –en la entidad el Partido del Trabajo no formó parte de la coalición– son la primera fuerza al ganar dos escaños del Senado para Nestora Salgado Ramírez y Félix Salgado Macedonio. También ganaron ocho de las nueve diputaciones federales, 18 de los 28 distritos locales y 13 ayuntamientos, entre ellos Acapulco, así como Iguala, Tlapa y ­Xochistlahuaca, antes bastiones del PRI. A su vez la alianza del PRD con MC y el PAN –encabezada por el defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero– se colocó en segundo lugar al ganar una diputación federal (el distrito 6, con sede en Chilapa), cuatro distritos locales y 31 ayuntamientos, entre ellos Chilpancingo y Taxco. Entre tanto, el PRI y su apéndice el PVEM descendieron al tercer lugar, con un puesto en el Senado para el exalcalde porteño Manuel Añorve Baños. Más allá, el tricolor perdió todas las diputaciones federales y sólo se impuso en seis distritos locales, así como en 28 de los 81 ayuntamientos. La crisis del PRI en Guerrero exhibió que el grupo político del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer se impuso a las facciones que encabezan Héctor Astudillo y Manuel Añorve, así como al del dirigente nacional de ese partido, René Juárez Cisneros, al quedarse con los seis distritos locales que obtuvo el tricolor. Perfiles La mayoría de los 46 diputados que van a conformar la LII Legislatura de Guerrero (28 electos en las urnas y 18 por la vía plurinominal) surgió de la clase política que ha ocupado por décadas cargos de elección popular y la administración pública. Los figueroístas que alcanzaron una curul local por la vía de las urnas fueron Omar Jalil Flores Majul, exalcalde de Taxco que regresa al Poder Legislativo por el Distrito 21 de la Zona Norte, así como el exalcalde de La Unión, Cervando Ayala Rodríguez, por el Distrito 12 de Zihuatanejo; también es el caso del exdiputado local y alcalde de Talcotepec, Olaguer Hernández Flores, por el Distrito 19 de Eduardo Neri. Al mismo grupo pertenecen Héctor Ocampo Arcos, quien triunfó en el Distrito 23 de Huitzuco y lleva como suplente al actual presidente del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón. La exalcaldesa de Chilapa, dos veces diputada local y quien fuera secretaria de Desarrollo Social de la administración de Astudillo, Alicia Zamora, ganó en el Distrito 25 en una campaña que coordinó directamente Figueroa. En cuanto a los diputados electos de la nueva mayoría legislativa, muchos fueron perredistas y trabajaron en administraciones como las de Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero. En los distritos 1 y 2, que abarcan la capital del estado y se habían caracterizado por ser priistas, se impuso Morena con la joven Norma Otilia Hernández y el experredista Ricardo Castillo Peña. En los siete distritos locales de la región de Acapulco ganaron morenistas: la exdirigente de la Canacintra Yoloczin Lizbeth Domínguez, la directora del programa del gobierno de Ángel Aguirre Guerrero Cumple, Mariana García Guillén; el profesor universitario Moisés Reyes Sandoval; la exsíndica porteña Teófila Platero Avilés; el aguirrista Marco Antonio Cabada Arias; el director de Comunicación Social del Congreso local en la pasada legislatura, Ossiel Pacheco Salas, y el subsecretario de Desarrollo Social en el sexenio de Aguirre, Zeferino Gómez Valdovinos. También en el distrito 10 de Tecpan ganó Morena con Arturo Martínez Núñez, funcionario de los gobiernos perredistas de Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre, en Guerrero, y de Graco Ramírez en Morelos. El Distrito 11 de Zihuatanejo fue para el dirigente ganadero y exsecretario general del ayuntamiento perredista de Petatlán, Adalid Pérez Galeana. En el Distrito 17 de Coyuca de Catalán resultó electo el expresidente del Tribunal Electoral del Estado, Jesús Villanueva Vega, y en el 28, de Tlapa, el exdiputado local y exalcalde perredista de Malinaltepec, Aristóteles Tito Arroyo. A su vez, los cuatro distritos locales que ganaron el PRD y sus aliados también fueron para exalcaldes y exdiputados, entre ellos Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes del grupo delictivo Los Ardillos, y Robell Urióstegui Patiño, amenazado de muerte por La Familia Michoacana. También es perredista Celeste Mora Eguiluz, quien ganó el distrito 18 de Pungarabato, en la Tierra Caliente. Ella es alcaldesa con licencia de Tlalchapa e hija de los perredistas Martín Mora Aguirre y Guadalupe Eguiluz Bautista, quienes convirtieron el municipio en un feudo familiar, ya que ambos han sido alcaldes.  Este reportaje se publicó el 15 de julio de 2018 en la edición 2176 de la revista Proceso.