CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones que representan a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron la resolución del magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, al considerar que “sucumbió” ante la presión del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es que, recordaron que dicho magistrado consideró “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” (PGR) para atender el ordenamiento judicial de crear una Comisión de Investigación para la Justicia y Verdad que con la que se pueda saber el paradero de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), así como el Centro de Análisis e Investigación Fundar, lamentaron la determinación del magistrado dirigida a combatir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito Judicial, ambos con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para crear un “mecanismo extraordinario” para el caso que ha marcado el sexenio de Peña Nieto. “Toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”, resaltaron, tras destacar que, desde la Presidencia de la República y su Consejería Jurídica, así como diversas secretarías y dependencias federales, incluso, el Poder Legislativo, presentaron un centenar de escritos contra la sentencia garantista. Las organizaciones recordaron que las secretarías que se inconformaron fueron las de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Salud, Defensa Nacional y Marina, así como la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Federal y la Cámara de Diputados. “Lamentablemente, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito sucumbió a esta inusitada presión del gobierno federal y, aunque su resolución no se ha notificado a las víctimas, su acuerdo indica que estimó que el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado es imposible”, señalaron los defensores de las familias de las víctimas. Sin embargo, resaltaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad de corregir la determinación del magistrado Pérez García, toda vez que a la Primera Sala le corresponderá pronunciarse al respecto. “La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, refirieron los defensores. Familiares de las 43 víctimas y sus representantes consideraron que la resolución judicial del magistrado Pérez García “lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado”. Para familiares y organizaciones, el acuerdo publicado este miércoles “muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”.