CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) multó a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) por diversas irregularidades financieras. La multa que el Consejo General del INE impuso al PRI asciende a 36 millones 544 mil 702 pesos, por recibir en 2015 aportaciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua mediante un sistema de compensaciones. De acuerdo con las indagatorias, en esa dependencia se realizaron descuentos a los trabajadores sin su conocimiento por un monto de 14 millones 617 mil 881 pesos, para ser entregados al partido. Al respecto, el consejero Ciro Murayama resaltó que ningún trabajador público “es empleado de fuerza política alguna. Conquistar el gobierno no implica poder imponer descuentos a los subordinados, ni forzar adhesiones partidistas”. Los trabajadores de los gobiernos, abundó, “son servidores públicos, no base política ni militancia”. Añadió: “La fiscalización que realiza el INE es exhaustiva y busca detectar cualquier irregularidad, aun cuando se diseñen mecanismos complejos para tratar de ocultar tramas de financiamiento irregular”. En el caso de Acción Nacional, las consejeras y consejeros electorales determinaron sancionar al partido por tres aportaciones al entonces precandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, por un monto de 1.5 millones de pesos, que fueron depositados por una persona moral a tres personas físicas, quienes lo aportaron al partido. Según el INE, con esa medida se configuró una aportación en dinero por interpósita persona de un ente prohibido en la ley. La sanción impuesta por el Consejo General asciende a 200% del monto involucrado, es decir, 3 millones de pesos. Tras destacar el trabajo hecho por la Unidad Técnica de Fiscalización, que hizo una investigación “pulcra, cuidadosa y rápida, como elemento indispensable para tener una fiscalización efectiva”, la consejera Dania Ravel llamó a explorar también la responsabilidad solidaria para quien se ve beneficiado directamente con las aportaciones, para futuros procesos electorales. “Sería lógico que quien obtuvo un beneficio, también como precandidato o candidato, por una aportación por un ente prohibido, se vea también sancionado y comparta la responsabilidad con el partido político involucrado”.