HERMOSILLO, Son. (apro).- A petición de la gobernadora priista Claudia Pavlovich se suprimieron en el Congreso local la discusión y aprobación de las iniciativas de ley que facultarían al Ejecutivo sonorense a ejercer su poder de manera discrecional. El dictamen de la discordia lo presentaría esta mañana la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, un escrito de ley que reformaría, derogaría y adicionaría diversas disposiciones y figuras legales de la Carta Magna sonorense. La intención de Pavlovich era acotar las facultades del poder Legislativo y ampliar los alcances del Ejecutivo al permitirle el "veto al presupuesto", mediante el cual la gobernadora por decisión propia podría desechar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos anual si la distribución de los recursos no le favorece. El temor fundado de la mandataria sonorense se basa en el hecho de que, durante las pasadas elecciones, los candidatos a diputados locales de Morena obtuvieron el triunfo en 20 de 21 distritos electorales. La victoria morenista colocó a esta futura bancada local en el primer lugar de los enemigos políticos de Pavlovich, debido a que el partido de Andrés Manuel López Obrador consiguió la mayoría simple en el pleno legislativo. También logró la mayoría calificada, ya que con sendos votos de sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) reúnen a las dos terceras partes del Congreso local, y esta condición los faculta para desaforar funcionarios, direccionar el presupuesto y destituir incluso a la gobernadora Ante este escenario político, que la jefa del Ejecutivo habrá de enfrentar los próximos tres años, colaboradores de Pavlovich en la estructura gubernamental y el Congreso agilizaron la controversial iniciativa que polarizó a la población sonorense en la última semana. La gobernadora pretendía "garantizar la conformación de la administración pública directa y paraestatal" para que la creación o eliminación de dependencias sólo esté a cargo del Ejecutivo. Asimismo, anhelaba "reafirmar la libertad presupuestaria", a fin de elevar esta disposición a rango constitucional y relegar de cualquier decisión al Congreso local respecto de este tema. Otra de las figuras legales que se deseaba reformar es la "publicación oportuna de la Gaceta Parlamentaria" para que la difusión de la información legislativa a discutirse en el pleno se dé a conocer con dos días de anticipación y no un día, como se lleva a cabo en la actualidad. Paradójicamente, Pavlovich y sus colaboradores propusieron que se elevara a ley la construcción de una "Agenda legislativa conjunta con el Ejecutivo" para tutelar las acciones de los congresistas locales. Y finalmente definir la figura legal de "Sustituir al gobernador por falta absolutas, temporales y definitivas", mediante la cual se propondría que cuando el jefe del Ejecutivo acumule 90 días en faltas absolutas o temporales, el Congreso se constituiría en Colegio Electoral y estaría obligado a elegir por dos terceras partes de sus integrantes al próximo mandatario, con la condición de que el sucesor sea diputado en funciones y pertenezca al mismo partido del gobernador saliente. Pavlovich recula La retahíla de ventajosas disposiciones legales que Pavlovich y sus aliados querían "auto-agenciarse" fue frustrada por políticos opositores y ciudadanos que se inconformaron contra las trapacerías publicitadas en las redes sociales. Una prueba evidente de ello fue el comunicado enviado esta mañana por la propia gobernadora, quien solicitó al pleno del Congreso "no discutir iniciativas de reformas" y mejor someterlas a "un proceso de mayor análisis". "Las reformas que se discutirían este miércoles 18 de julio en el pleno del Congreso del estado incluían temas como la transferencia de la operatividad de transporte a los municipios, propuesta por la gobernadora Pavlovich, y reformas constitucionales propuestas por integrantes de la Diputación Permanente en temas como el retiro del fuero para servidores públicos de los tres poderes de gobierno, mayor transparencia en procesos legislativos, y el fortalecimiento del Congreso estatal", informó a través de su escrito. Después concilió: "Se propone a esta Legislatura continuar el proceso de análisis, reflexión y consenso de las iniciativas que hoy entrarían a discusión, antes de someterlas a votación, buscando siempre el beneficio de los sonorenses". Y remató: "Manifiesto el absoluto respeto por parte del gobierno del estado hacia todos los poderes y fuerzas políticas en la entidad, buscando siempre generar condiciones que beneficien a los ciudadanos en Sonora". Fallaron las cuentas Si bien Pavlovich se desistió de las reformas que ella y su grupo habían diseñado, una realidad contundente abate su propuesta de “veto ejecutivo”. El artículo 163 de la Carta en Magna estatal señala que, para aprobar estas reformas, se requería que el Revolucionario Institucional (PRI) y sus partidos satélites (Verde Ecologista y Nueva Alianza) congregaran a 22 diputados locales. Hasta ahora, estos tres institutos políticos sólo aglutinan a 17 legisladores, lo que les representaría un faltante de cinco más para avalar los caprichos de Pavlovich. Las reformas tendrían que ser remitidas a los 72 municipios sonorenses y, al menos 37 ayuntamientos, tendrían que aprobar las iniciativas en sus respectivos cabildos. Además, este artículo ordena que, a su vez, las dos terceras partes de estos cuerpos colegiados autoricen las reformas, lo que se traduciría en realizar la labor de convencimiento con 480 personas que se desempeñan como alcaldes, síndicos y regidores, en un periodo no mayor a 42 días hábiles, teniendo como tiempo perentorio al 15 de septiembre.