Exigen auditar fondo de pensiones y reinstalar a trabajadores de la Universidad de Colima

COLIMA, Col. (apro).- El Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU) de la Universidad de Colima (Ucol) exigió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Congreso local auditar el manejo de los recursos del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) de la institución educativa.

De igual manera, demandó la inmediata reinstalación de siete académicos despedidos y cesar el hostigamiento laboral como represalia por el movimiento que inició hace más de cuatro años para exigir transparencia en el fondo de pensiones.

Entre los despedidos se encuentran el exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), Leonardo César Gutiérrez Chávez, y los docentes Yanalum Cerda Guzmán, Pedro Vidrio Pulido, José Jesús Lara Chávez, Hugo Marcelino Coronado Carreón, Teresa Hernández Ortiz y Sergio Elenes Cepeda.

En un pronunciamiento realizado este jueves, el SITU pidió que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) le otorgue el reconocimiento legal negado desde hace cuatro años, así como la reinstalación de Leonardo Gutiérrez Chávez como líder del SUTUC, del que fue destituido para evitar el inicio de una huelga laboral en la casa de estudios en 2014.

Otra de las demandas del SITU, que encabeza el profesor José Miguel Rodríguez Reyes, es la suspensión de la deducción “ilegal” denominada APPS, realizada vía nómina, y la devolución de lo descontado a los trabajadores hasta la fecha.

En el marco de un evento conjunto de la Nueva Central de Trabajadores, realizado en la ciudad de Guadalajara en solidaridad con los docentes despedidos de la Universidad de Colima y del magisterio jalisciense, el SITU denunció que en los últimos años los universitarios han sufrido atropellos de parte de las autoridades de la Ucol, con la anuencia de las autoridades laborales del estado de Colima.

“Desde hace varios años –refirió– los universitarios de Colima hemos hecho público un reclamo legítimo: la transparencia en el manejo de los dineros de la institución para la que trabajamos, en particular el de nuestro fondo de pensiones”.

Leonardo Gutiérrez Chávez señaló que el reclamo, hecho por las vías legales a través del SUTUC, fue acallado mediante un albazo orquestado por la autoridad universitaria con la anuencia de la JLCA, mediante el cual lo sustituyeron a él por “un dirigente a modo, quien cuatro años después sigue controlando el SUTUC, violando los estatutos del mismo sindicato y pasando por alto la voluntad de los agremiados de dicho sindicato”.

Lo anterior motivó una huelga de hambre de siete académicos por 45 días, de abril a junio de 2014, pero no hubo respuesta de las autoridades universitarias ni del gobierno del estado.

Con el propósito de continuar los reclamos por la vía legítima, fue conformado el SITU, que hasta la fecha sigue sin ser reconocido por la JLCA, a pesar de haber ganado dos juicios de amparo, pues ante la imposibilidad de seguir postergando el registro, la Junta de Colima llegó al extremo de “extraviar” el expediente inmediatamente después de haber recibido la orden definitiva del juez.

“No se comprende la razón por la cual, a pesar de haber repuesto el expediente de registro, seguimos a la espera de éste a más de ocho meses de que la orden de registro fue expedida”, indicó.

Asimismo, a más de cuatro años del conflicto, denunció el SITU, los trabajadores sufren una deducción de una parte de su salario que “nadie puede explicar, mucho menos justificar, que aparece en los recibos de nómina como ‘APPS’, pero nadie sabe a qué corresponde ni para qué sirve, pero equivale a un aproximado de 8% del salario de cada trabajador”.

Añadió: “Millones de pesos son sustraídos mensualmente del salario de los trabajadores universitarios sin que podamos legalmente defendernos, pues el SUTUC, con su dirigente a modo, hace como si no pasara nada”, mientras que “a la deducción anterior se suman el 5% del salario base que es deducido para la integración del FOSAP, más el 10% de la nómina que la rectoría debería depositar al fondo y que no hace desde hace cinco años”.

Lo más grave de esta situación, apuntó, es la indefensión en que viven quienes han sido despedidos a raíz de este conflicto, pues a cuatro años en ningún caso se ha dictado laudo por parte de la JLCA, sin que parezca haber voluntad de atender sus reclamos.

“Se ha despedido sistemáticamente, de manera escalonada y sin mediar proceso conforme a los estatutos y reglamentos vigentes de la misma institución, a compañeros que participaron o apoyaron en la huelga de hambre y/o a compañeros fundadores del SITU; los primeros de manera punitiva y los segundos a fin de debilitar el movimiento”.

El SITU resaltó que lejos de defender el derecho de los trabajadores a asociarse libremente, conforme al artículo 1º Constitucional, y a sancionar a la autoridad patronal por despedir arbitrariamente a quienes conforman un nuevo sindicato, la autoridad laboral ha llegado el extremo de usar el asunto en contra de la organización, pues argumenta que no cumple los requisitos.

“Urge un alto a esta situación, pues un ambiente laboral nocivo termina ineludiblemente por afectar la calidad de la educación que nuestros jóvenes reciben en la más noble de las instituciones con que cuenta el estado de Colima”, remató el SITU.

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