CUERNAVACA, Mor. (apro).- En el caso de las recientes reformas y demás decisiones tomadas por los salientes diputados, el gobernador electo y también alcalde de esta ciudad, Cuauhtémoc Blanco, advirtió que la próxima semana se reunirá con los legisladores electos para encontrar la forma de echar abajo las distintas reformas que han impulsado los aún legisladores. Las decisiones de la actual Legislatura van desde la aprobación de las “jubilaciones doradas” a múltiples funcionarios del gobierno de Graco Ramírez, hasta la desaparición de dos fondos, uno de promoción turística y otro de desarrollo económico, lo que deja en muchos problemas a los empresarios. “Estas iniciativas las mandó a hacer el gobernador”, sostuvo Blanco Bravo en entrevista. “Se está tratando de blindar por todos lados. Fue a buscar a unos abogados en México para protegerse. Yo siempre lo he dicho, el que la deba, que la pague. Nosotros vamos a hacerle sus auditorías, tanto a él como a todos sus secretarios”, insistió. Respecto de si existe alguna forma legal de detener el blindaje de Graco, el todavía alcalde de Cuernavaca, sostuvo: “Van a seguir haciendo cochinadas. Por eso, la próxima semana nos vamos a reunir con los diputados electos, como lo dijo su compañera, (el gobernador) se está tratando de blindar por todos lados, pero nosotros le pedimos que deje de acabar con el estado”. Por su lado, el Foro Morelense de Abogados acudió a la Fiscalía General de Justicia a interponer una denuncia de hechos contra los diputados locales por la aprobación de las “pensiones de oro”, como las llamó, así como por delitos de ejercicio ilícito del cargo público, uso indebido del servicio público y coalición de funcionarios. Pedro Martínez Bello, dirigente de esa organización, explicó que entre las decisiones que se tomaron, una de las que más molesta a la ciudadanía es la aprobación de las llamadas “jubilaciones doradas”, en particular la de los secretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna; de Educación, Beatriz Ramírez; además de otros funcionarios menores, incluyendo a la esposa del actual secretario de Gobierno, Ángel Colín, Anahí Bahena López. Y es que alerta el abogado, estas jubilaciones representarán una enorme carga al erario, pues los montos van de más de 50 mil pesos al mes, a lo que se suma el hecho de que algunas de las personas jubiladas todavía no rebasan los 40 años de edad. Entre las reformas destaca la facultad al fiscal general actual, Uriel Carmona Gándara, para designar al fiscal anticorrupción, lo que pone en duda la autonomía de éste. Los diputados también ampliaron las facultades para tener bajo su mando el organismo de los exámenes de control y confianza del estado, el centro de justicia para las mujeres y para las niñas, los niños y adolescentes. Esto sin importar que deberían estar bajo el control de la Comisión Estatal de Seguridad: “Es decir, por qué le están dando tantas facultades al fiscal general; además, lo hicieron sin presentar proyecto alguno que lo justifique, aunado a que aprobaron un incremento a más del doble del presupuesto anual, como al sueldo vitalicio, tanto al fiscal general como a los demás fiscales”, detalló. Martínez Bello informó que “hemos venido a presentar la denuncia contra 29 de los 30 diputados, a excepción del diputado Jesús Escamilla, y de esta manera ver la respuesta del fiscal (Uriel Carmona) para ver si está puesto por el gobernador o esté usando alguna protección de impunidad a los diputados”, concluyó.