Organizaciones civiles, académicos y activistas de los derechos humanos insisten en cuestionar el plan de perdón y reconciliación propuesto por AMLO. Para esos luchadores sociales, la pacificación del país pasa necesariamente por una reforma profunda al sistema de procuración de justicia, algo que no se logrará, insisten, con la forma en la que el virtual presidente electo propone el funcionamiento de la Fiscalía General, pues se requiere un rediseño institucional. Y añaden que “amnistía sin justicia es impunidad”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los esbozos del proyecto de reconciliación nacional del próximo gobierno, trazados por Olga Sánchez Cordero, integrante del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, no están reñidos con la propuesta de crear una fiscalía general autónoma, que defienden organizaciones civiles, académicos y activistas agrupados en el colectivo #FiscalíaQueSirva. Para algunos de los integrantes del grupo, entrevistados por Proceso, la amnistía ofrecida por López Obrador durante su campaña podría traducirse en mera impunidad si no hay una transformación a fondo del sistema de procuración de justicia a partir de la reforma al Artículo 102 constitucional, que garantice verdad y justicia, acompañada de una transformación del sistema de atención a víctimas y de seguridad, entre otras medidas. En entrevistas periodísticas y en su ponencia “¿Olvido, verdad o justicia?”, en el seminario sobre Violencia y Paz en El Colegio de México, Sánchez Cordero –próxima secretaria de Gobernación– delineó el proyecto de reconciliación del gobierno lopezobradorista, que incluye la creación de comisiones de la verdad, amnistía, una legislación de reducción de penas y un plan nacional de reparaciones. En el acto, uno de los comentaristas de la ponencia, Santiago Corcuera, exintegrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, de la ONU, y miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señaló que la tragedia humanitaria en el país es de tal dimensión que será difícil atenderla sin la ayuda internacional, “y menos si no tenemos una fiscalía que sirva”. Asesor de familiares de víctimas de desaparición e integrante de los grupos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra, Corcuera recordó las recomendaciones de 2010 de la Relatoría Especial sobre la Independencia de Abogados, Jueces y Fiscales, de evitar la injerencia del Ejecutivo en la designación de integrantes del Poder Judicial y del responsable de la Procuración de Justicia. Aplaudido por familiares de víctimas presentes en el seminario, el académico de la Universidad Iberoamericana insistió en que, “aunque nos garanticen que la terna que presentará el presidente será impecable y maravillosa y fenomenales candidatos y candidatas”, los defensores y activistas de derechos humanos están convencidos de que el mejor camino para la verdad y la justicia es “un fiscal que sea electo por un Parlamento democráticamente electo, sin que haya participación del Poder Ejecutivo”, así como el retiro paulatino de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. La creación de una fiscalía general autónoma ha sido el primer diferendo entre las organizaciones de la sociedad civil con López Obrador desde que, en su campaña presidencial, se pronunció por mantener el procedimiento con el cual se designó a Raúl Cervantes; es decir, se presentará una terna de la cual el Senado, con mayoría de Morena, elegirá al titular. En enero pasado López Obrador presentó para la terna a quien fuera su procurador cuando él gobernó la Ciudad de México, Bernardo Bátiz; así como a la magistrada de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Eva Verónica de Gyves; y al investigador de la UNAM Juan Luis González Alcántara. Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2177, ya en circulación.