PUEBLA, Pue. (apro).- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) informó que hizo 15 nuevas recomendaciones al gobierno de Puebla, como resultado de las solicitudes que hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las organizaciones civiles para que en la entidad se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG). Ángela Quiroga Quiroga, comisionada nacional de la Conavim, declaró que se trata de un segundo proceso, distinto al iniciado en 2016, cuando esa Comisión emitió 11 recomendaciones, sin que se declarara la AVG, como hasta ahora. Luego de una reunión con autoridades estatales en Casa Aguayo, indicó que el gobierno de Antonio Gali Fayad tendrá hasta el 6 de agosto para responder de manera formal si acepta o no las recomendaciones, y a partir de dicha aceptación –abundó-- tendrá seis meses para cumplirlas. Después de ese tiempo se determinará si se emite la AVG. Entre las conclusiones incluidas en el informe del grupo de trabajo que se conformó para atender la segunda solicitud de la AVG para Puebla, se indica que los integrantes realizaron visitas in situ y se percataron que el personal que atiende a las mujeres víctimas de violencia carece del perfil adecuado, la actitud y la vocación de servicio para esa función. También identificó la carencia de competencias del personal del gobierno para brindar la atención adecuada y el correcto desempeño de sus funciones, por lo que asume que la capacitación que impartió la autoridad estatal no fue suficiente, y se recomendó incorporar mecanismos permanentes de evaluación del desempeño. De igual manera, constató que el personal que atiende a las mujeres víctimas de violencia en Puebla no cuenta con sentido de “ayuda, solidaridad y empatía, toda vez que permite evitar actitudes de normalización de violencia, indiferencia, hartazgo y falta de sentido a su labor”. En otra de sus conclusiones, el grupo de trabajo aseguró que en Puebla no existen indicadores que permitan conocer las dimensiones de la problemática de la violencia contra las mujeres, ni los factores que la provocan, lo cual dificulta el diagnóstico de la problemática e impide diseñar acciones de prevención que incidan en los factores que dan origen al problema. “En este sentido resulta necesario que el estado de Puebla impulse el efectivo funcionamiento del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, toda vez que se identificaron acciones aisladas y desarticuladas que dificultan los procesos integrales de atención”. Además, el Grupo de Trabajo observó que, si bien en el estado de Puebla existen instancias especializadas de atención a mujeres víctimas de violencia, éstas carecen de protocolos de atención homologados a la NOM- 046-SSA2-2005, ni tienen rutas críticas para canalizar a las mujeres a las instancias correspondientes. Igualmente, constató que algunas instancias municipales de las mujeres no cuentan con los recursos para brindar servicios, ni con personal capacitado. Incluso algunas instancias se encuentran dentro del Instituto de la Juventud o del DIF municipal. Otro hecho que se destaca en el Informe es que el grupo de trabajo tuvo conocimiento de que en las acciones que el estado realiza para la reeducación de agresores se promueve la conciliación con la mujer víctima de violencia. Los especialistas afirman que, al hacer un análisis de las denuncias y sentencias en casos de feminicidios y delitos sexuales, pudieron inferir que hay “un alto grado de impunidad” en la entidad, así como la existencia de un clima de permisividad que eleva los índices de violencia contra las mujeres. En el informe proponen fortalecer los recursos humanos y presupuestales de la Fiscalía General del estado para dotarla del personal capacitado necesario y garantizar una investigación seria, imparcial y efectiva de las denuncias. También se pronuncian por la descentralización de las agencias del Ministerio Público en cada región para evitar que las víctimas tengan que trasladarse a esta capital. El personal ministerial y policial, añaden, mostró un desconocimiento respecto del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, lo que conlleva a su inaplicación. El grupo de trabajo añade que en las entrevistas con organizaciones de la sociedad civil y visitas in situ, pudo observar omisiones en las que incurren los encargados de la procuración de justicia, tales como la pérdida de indicios, no resguardo del lugar del hallazgo, la negativa a realizar la búsqueda de una mujer y minimización de la violencia contra las mujeres, entre otras. Los especialistas consideran necesario sensibilizar y capacitar a jueces del estado de Puebla en materia de derechos humanos para que juzguen con perspectiva de género, así como ampliar las oportunidades de las mujeres a tener acceso a la educación en todas las regiones y sectores. La mayoría de las observaciones asentadas en el Informe que presentó la Conavim implican en sí un incumplimiento de las recomendaciones que se hicieron al gobierno de Puebla desde mediados de 2016, a partir de la primera solicitud que se presentó para pedir la declaratoria de AVG.