GUANAJUATO, Gto. (apro).- Alondra Luna Núñez está por cumplir 18 años en unos días; no estudia, trabaja temporalmente en una franquicia de hamburguesas y vive con su mamá. La joven vive olvidada por las autoridades que en abril del 2015 se vieron involucradas en aquella equívoca restitución a Dorotea García, una mexicana residente en Estados Unidos que alegaba ser su madre. Registrado en video quedó cómo la menor –entonces de 14 años- fue sacada violentamente de la secundaria donde estudiaba, separada de sus verdaderos padres y trasladada a Estados Unidos, de donde regresó días después tras comprobarse mediante una prueba de ADN que no era la hija de Dorotea. Apenas se tomaron la foto con Alondra y su familia, autoridades federales encabezadas por el entonces subsecretario de Gobernación Roberto Campa archivaron el caso y se olvidaron de ella y de todas las promesas de apoyo que ante cámaras y reporteros hicieron, tras enfrentar el ridículo internacional por el cúmulo de aberraciones legales de que la hicieron víctima junto con su familia. Pero las vejaciones que recibió, la torpeza institucional, la discriminación que le hizo sentir el trato diferenciado que le dieron a ella y a la verdadera Alondra García, dejaron en la vida de Alondra Luna huellas que el paso del tiempo no ha podido borrar. Sobre todo, no acepta que nadie haya reconocido públicamente los errores, ni le haya ofrecido una disculpa a nombre del Estado “porque a mí eso me cambió la vida”, dice. Unos cuantos días después de que la entonces adolescente que estaba por cumplir 15 años fuera reintegrada a su familia, la larga lista de funcionarios federales, con el entonces Subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián al frente, se esfumaron de las vidas de los Luna Núñez, de la misma inesperada manera en que aparecieron en ese episodio de pesadilla. El 16 de abril del 2015, Alondra fue sacada por agentes de la Interpol de la escuela secundaria donde se encontraba en horario de clases, y trasladada a Los Reyes, Michoacán, en cuyo juzgado primero civil la titular, Cinthia Elodia Mercado García, ordenó su traslado a Houston para ser entregada a Dorotea García Macedo, una mujer mexicana residente en EU cuyo exesposo se había llevado a la hija de ambos de regreso a México ocho años atrás. Dorotea García había contactado a Alondra Luna por Facebook y aseguraba ante las autoridades estadunidenses que se trataba de su hija, por lo que inició un juicio de restitución internacional. Alondra fue separada de sus padres del 16 al 22 de abril; fue devuelta de Houston una vez de la realización de una prueba genética practicada por el Consulado mexicano en esa ciudad que disipó toda duda: no era la hija a la que Dorotea García estaba buscando. Como informó Proceso en su edición 2008 de fines de abril del 2015, tanto la juez civil como el gobierno federal (particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores) incurrieron en graves faltas al procedimiento de restitución, violaron convenciones internacionales y protocolos judiciales y policiacos, pasando por encima de los derechos de la menor, quien además tiene una discapacidad física, y de su familia. Uso político No fueron los únicos. Cuando Alondra regresó a Guanajuato, en plenas campañas electorales, candidatas y candidatos de distintos partidos usaron su caso sin recato algunos para sacar provecho mediático, y exhibieron a la menor en actos de campaña con diversas promesas, como ocurrió con una marcha de la entonces candidata a la alcaldía por el PAN, Ruth Lugo Martínez. En esa marcha proselitista, Alondra fue llevada de la mano de la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, quien anunció que escribiría un libro sobre su caso. “Un día le llamé (a Vázquez Mota) y le pregunté por el libro que iba a escribir sobre mí. ‘¿Cuál libro?’, me contestó. Ni se acordaba. Sí me enojé, pensé: váyase mucho…”, dice Alondra Luna a Apro, tres años después. La joven está acompañada por sus padres, Susana Núñez y Gustavo Luna, y sus abogados. A lo largo de la mesa del despacho jurídico se extienden numerosos expedientes de distinto grosor, todos procesos administrativos y judiciales que permanecen abiertos. El abogado Carlos Alvarado, quien encabeza la representación legal de los Luna Núñez, nombró cada uno de los servidores públicos involucrados en lo que él calificó como la sustracción indebida de una menor, cuyo desempeño pidió investigar para establecer si hubo abuso de autoridad o uso indebido del poder en los cargos que desempeñaban entonces. El 8 de julio del 2015 se inició la averiguación previa 1724-B/2015, presentada en la Fiscalía federal con sede en Guanajuato, en contra de 17 funcionarios identificados con nombre y cargo; de Dorotea García, la mujer que reclamó a Alondra como su hija, así como un grupo de agentes de la Policía Federal, cuyos nombres no se precisan. Los responsables En el expediente son acusados la titular del Juzgado Primero Civil en Los Reyes, Michoacán, Cinthia Elodia Mercado García; la secretaria de acuerdos del juzgado, Leticia Pinceno Cendejas; el representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de la ciudad de Los Reyes, Roberto Vega Camarillo; la psicóloga adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Michoacán, Verónica Huerta Sánchez, así como el agente del Ministerio Público Adscrito en Los Reyes, Salvador Cuevas Ruiz. De la Secretaría de Relaciones Exteriores, fueron denunciados el representante de la Secretaria de Relaciones Exteriores de la delegación Michoacán, Roberto Reyes González; la directora de Derecho de Familia SEM, adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Me?xico, Mari?a Cristina Oropeza Zorrilla; la Directora General de Protección a Mexicanos en el Exterior, adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Reyna Torres Mendivil; el encargado por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Dirección de Derecho de Familia, Rodrigo Millán, lo mismo que el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores adscrito al Consulado de México en Houston, Texas, que participó en la aplicación de la prueba de ADN a Alondra Luna, sin el consentimiento de sus padres en Guanajuato. Por la Interpol, la demanda menciona a los agentes José Luis Acevedo Moreno, Paola Vanessa Sandoval Santana, Claudia Ivonne Chávez Minero, Raymundo Jesús Gallegos Lazcano, Mariel Juárez Morales y Cristina Mariana Urzúa Sánchez, de la Policía Federal, quienes estuvieron comisionados en las patrullas11094 y 14806, desplegados en Los Reyes el 17 de abril de 2015. De la Procuraduría de Michoacán, está señalado el perito médico forense Francisco Javier Espinosa Rodríguez. La indolencia de ministerios públicos y jueces para que avancen estos procesos (23 en total, de los cuales permanecen activos 18) han obligado a los abogados a interponer varios juicios de amparo, demandando el acceso de la familia Luna Núñez a la justicia en un plazo razonable. Un juez de distrito con sede en Guanajuato concedió la razón a los defensores por la dilación en el actuar de la Fiscalía federal en esta indagatoria que estuvo inactiva por más de dos años, y le ordenó entregar un informe sobre el estado de la misma. “Gracias a esta resolución de amparo, se pudo por fin, apenas el 21 de mayo pasado (34 meses después de iniciada la carpeta) citar a declarar a la jueza Cinthia Elodia Mercado García, a la que estamos señalando por actuar en un juicio sumarísimo y violentando varias normas de debido proceso, incluyendo preceptos que establece el Código familiar de Michoacán”, explicó el abogado Carlos Alvarado. La burla Alondra no oculta su resentimiento al hablar de la jueza Mercado. Tanto en su declaración consignada en la averiguación previa como en la entrevista, describió cómo desde que fue presentada en el juzgado, la mujer la llamó Alondra García, nombre con el que no dejó de referirse a ella en todo momento; cómo la ignoró cuando ella le pidió que le practicaran un examen de ADN antes de entregarla a Dorotea García. Ese día 16 de abril la jueza la mandó a un albergue del DIF hasta Morelia, sin comer, y al día siguiente, al final de la audiencia, amenazó a sus padres con la cárcel y una fuerte multa económica cuando ambos se resistieron a entregarla, a soltarle la mano, una vez que ordenó tajante que la menor fuera trasladada a Houston. Al respecto, el abogado Alvarado señala: “es increíble, pero la jueza no da un solo paso, una sola medida para comprobar la identidad de la menor. Ella siempre da por hecho que se trata de Alondra Díaz García, y así lo reconoce en la declaración que dio ante la PGR” el 21 de mayo pasado. Cuando Alondra Luna fue devuelta a sus padres por Dorotea García, la jueza defendió su proceder ante reporteros, a los que dijo que ella había cumplido con su papel de dar cumplimiento a una orden de restitución; que se había apegado a la ley y que no le correspondía aplicar o desahogar pruebas de identidad de la menor en cuestión. Muy pronto debió tragarse su dicho. Casi un mes después, a consecuencia del escándalo desatado en medios del país y del extranjero por el equívoco de las autoridades, la verdadera Alondra García le fue presentada por una tía y su abuela paterna, luego de ser entregada por su papá. Esta vez, la jueza decidió ordenar el examen de ADN antes de entregarla, y también ordenó que la menor fuera hospedada en un hotel local, con todos los cuidados y consideraciones que no previó para Alondra Luna. La Procuraduría de Justicia de Michoacán anunció en ese entonces que abriría una investigación sobre el actuar de la jueza. Nada pasó y actualmente Cinthia Elodia Mercado es titular de un juzgado familiar en Los Reyes. En el proceso que mantienen abierto en la PGR, los abogados de la familia Luna Núñez enfrentan otras complicaciones: la mayoría de los funcionarios y agentes señalados han sido asignados a otras funciones, dejaron de trabajar en las áreas o no han sido localizados. “Esto también se debe a una investigación negligente y deficiente, porque los hechos fueron denunciados con la debida oportunidad, pero se hizo nada hasta que el juez federal ordenó garantizar el acceso a la justicia a la familia. Si los actos de esos funcionarios fueron indebidos, deben pagar”. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió a mediados de 2017 cinco dictámenes con sus respectivas recomendaciones dirigidas a diversas autoridades, básicamente del gobierno federal y del gobierno de Michoacán, a fin de que se otorgue el pago de una compensación económica como reparación del daño a Alondra y sus padres. Promesas incumplidas Para todos, familia y abogados, esta resolución “se quedó corta”, pero es la única que hasta la fecha representa un acto de justicia mínimo por lo que Alondra vivió. “Nosotros estamos planteando una reparación integral, que implica que las autoridades reconozcan los errores que cometieron y se realice un acto de disculpa pública con medios de comunicación. Porque se convocó a los medios después de que Alondra fue devuelta a su familia para decir que se le iba a apoyar con muchas cosas que la familia no pidió; se hicieron muchos compromisos”, recordó el abogado. Efectivamente, en una reunión efectuada el 26 de abril, el entonces Subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián, el delegado de esa misma dependencia en Guanajuato, Javier Aguirre Vizzuett, el delegado del IMSS Sergio Santibáñez y otros funcionarios federales y del gobierno del estado, ofrecieron una beca escolar que cubriera los estudios de Alondra hasta el nivel profesional; un tratamiento completo de terapia física y rehabilitación para atender su discapacidad, que le afecta principalmente el movimiento de una de sus manos; una opción de sustento a través de una microempresa para la familia, así como terapia psicológica para los integrantes de la familia. Esta última fue la única promesa cumplida por el gobierno federal a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde Alondra ha reanudado recientemente la terapia después de algún tiempo de haberla suspendido. “Yo sentí que no estaba bien y que todavía la necesito”, afirma en la entrevista. Pero la CEAV ha sido omisa en atender la resolución de la CNDH para el pago de la compensación subsidiaria. Todavía en un par de encuentros posteriores, el entonces delegado de Segob Javier Aguirre ratificó los compromisos. “Después, ya ni las llamadas contestó”, dijo Gustavo Luna. “Se fueron a burlar de nosotros”. “Sí fue una burla, una violación a su dignidad hacer promesas aprovechando el momento, a los medios, para lucirse, y después desaparecerse así sin cumplir. Por eso, todos estos funcionarios –incluyendo la CEAV- también están demandados”, lo mismo que el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó el abogado. Los padres de Alondra reconocieron que quien sí respondió fue el gobernador Miguel Márquez: ambos fueron empleados por el gobierno estatal –a la fecha laboran en distintas dependencias- y Alondra recibió en sus 15 años el regalo que las candidatas en campaña se olvidaron de darle, un viaje a la playa. -¿Tú necesitas una disculpa pública?- se pregunta a Alondra. “De que quiero una disculpa, obvio. Se portaron mal conmigo, a mis papás les dijeron cosas muy fuertes. Quieras o no queda una espina de recuerdo que llega a afectar mucho. Mi vida no ha sido fácil desde antes, pero con eso me fui al piso”. En un momento de desahogo, Alondra hace en voz alta varias preguntas: “¿Por qué a mí no me hizo la prueba de ADN? Yo se la pedí, me calló y me dijo que no. A la otra niña se la hicieron sin que la pidiera. ¿Por qué a mí me mandó la juez de Los Reyes a Morelia, al DIF? Me hicieron dormir en el suelo, me quitaron el celular; a ella la llevaron a un hotel. Se entiende que no es culpa de la otra niña, pero ¿por qué a mí me trataron así?”, pregunta. Aunque ahora trata de “no enojarse tanto”, no siempre puede evitarlo. “Espero que ya un día se acabe todo esto. Ya quiero que se acabe. A la juez le tenía un coraje. Me decía: ¿cómo puede haber personas tan malas? De un día para otro me cambió de papás. También le llegué a tener coraje a Dorotea; cómo es posible que viera que no me parecía en nada a su hija y así me apartó de mis verdaderos padres…”. -¿Es suficiente la disculpa?- “Quisiera tenerlos aquí, a todos enfrente, que me dijeran: discúlpanos, nos equivocamos. Quiero estar bien conmigo”.