CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigió justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales del “cobarde asesinato” de los activistas Crispín López y Abraham Hernández Gonzáles, en represalia por oponerse a la imposición de proyectos extractivos en Oaxaca. En un comunicado, la organización precisó que Crispín López, integrante de la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón, pueblo que desde 2012 se mantiene en resistencia contra el proyecto eólico Mareña Renovables, fue ejecutado el pasado domingo 22 en Juchitán de Zaragoza. Este mismo mes, abundó, mataron a Abraham Hernández Gonzáles, del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), organización emprendedora de procesos de autogestión en alrededor de 50 comunidades, que ha denunciado el daño causado por los talamontes. Además, señaló, Alejandro Antonio Díaz Cruz, de 42 años, Ignacio Basilio Ventura Martínez (17) y Luis Ángel Martínez (18), integrantes de Codedi, también fueron asesinados el 12 de febrero de este año. La Rema precisó que, de acuerdo con la visión de la clase gobernante y de la iniciativa privada nacional y extranjera, el estado de Oaxaca forma parte de una región estratégica para la implantación de proyectos relacionados al modelo extractivo. En ese sentido, recalcó, “no es casual que la región del Istmo de Tehuantepec, por su posición geopolítica y la gran diversidad de sus bienes naturales, sea una zona con elementos fundamentales para aquellos que pretenden imponer ‘formas’ para la inversión bajo el establecimiento de Zonas Económicas Especiales (ZEE)”. Sostuvo que son varias las compañeras y compañeros del Istmo que han sido víctimas de la imposición de proyectos extractivos, muchos de ellos “proyectos de poderosas trasnacionales entre los que destacan la industria petrolera, los parques eólicos y proyectos hidroeléctricos, además de la entrega de poco más de 300 concesiones mineras de empresas privadas nacionales y extranjeras, que buscan principalmente el hierro y los metales preciosos”. Añadió: “El pueblo oaxaqueño es un detonador nacional de procesos de resistencia contra megaproyectos, al mismo tiempo que es generador de propuestas autogestivas basadas en su procesos identitarios y culturales que, por supuesto, los grandes inversionistas desdeñan, y es por ello que las comunidades se ven obligadas a luchar por la defensa de su tierra y territorio”. En respuesta han sido sometidos a amenazas, intimidación, coacción, división comunitaria, represión, criminalización de la protesta social, daños a la salud y al ambiente, “incluidos los cobardes y lamentables asesinatos de las y los compañeros que no se han dejado deslumbrar por las falsas promesas de los capitales privados, que actúan en contubernio con los tres niveles de gobierno”. Las y los integrantes de la Rema expresaron su profunda preocupación por las políticas extractivistas que han sido impuestas en el país porque, no importando si son de capitales privados nacionales o extranjeros –subrayaron--, atentan contra la vida misma. “Creemos que mientras este tipo de proyectos prevalezcan, continuará agudizándose la contaminación, los daños a la salud, el despojo y el desplazamiento forzado, entre otras consecuencias que son, sin duda alguna, la peor expresión del modelo extractivo”.