COLIMA, Col. (apro).- Más de una década tardó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en frenar el proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo hacia la zona norte, por incumplimiento de las condicionantes que había impuesto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al autorizarle la manifestación de impacto ambiental (MIA). En medio de críticas de grupos ambientalistas, el 22 de noviembre de 2005 la Semarnat otorgó a la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo SA de CV la autorización de las obras en materia ambiental y, dos años después, cuando la empresa paraestatal empezó a talar manglares, la organización Bios Iguana solicitó a la Profepa detener los trabajos por no haber atendido previamente las condicionantes, pero en ese tiempo no hubo respuesta favorable de la dependencia federal. Fue más de diez años después, ya concluidas prácticamente todas las obras de ampliación, cuando este miércoles 25 de julio la Profepa anunció a través de un boletín la suspensión de la autorización que emitió la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat al proyecto, hasta que cumpla todos los términos y condicionantes. La dependencia especificó que esa sanción —que incluye también una multa por el monto máximo considerado en la ley— se aplicó porque la API incumplió los plazos de ejecución de la totalidad de los aspectos de protección ambiental del proyecto “Puerto de Manzanillo, Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010”. Entre los aspectos desatendidos se encuentran los programas de compensación, la supervisión ambiental, la realización de las medidas de mitigación y las verificaciones de cumplimiento, por lo que “las acciones deben estar enfocadas a mitigar la posible afectación de la laguna de San Pedrito, restaurar la laguna del Valle de las Garzas y compensar con base en el programa establecido de la laguna de Cuyutlán”. Tala de manglares En los últimos meses de 2007, luego de que la API Manzanillo inició trabajos de desmonte y tala de manglares en los alrededores de la laguna de San Pedrito, integrantes de las organizaciones Bios Iguana y Pro Manzanillo interpusieron más de 300 denuncias ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa). De acuerdo con el texto de las denuncias presentadas en su momento, el proyecto —considerado sobre una superficie de 406 hectáreas en la zona norte de la actual ubicación del puerto, con la destrucción de 30 hectáreas de manglares— “atenta de manera flagrante contra los derechos humanos”, además de que viola la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y vulnera el estado de derecho ambiental y la Ley General de Vida Silvestre. Por su parte, a través de un oficio fechado en noviembre de 2007, la organización Bios Iguana solicitó a la Profepa frenar los trabajos y verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes incluidos en el resolutivo de la Semarnat. La historia se había iniciado el 8 de diciembre de 2003, cuando la API presentó ante la delegación de la Semarnat la solicitud de cambio de uso de suelo forestal del manglar ubicado en la laguna de San Pedrito. El 2 de abril de 2004, el Comité Técnico del Consejo Estatal Forestal acordó recomendar a ese consejo emitir una opinión favorable al cambio de uso de suelo solicitado por la API, lo que fue realizado el 19 de abril siguiente, pese a que en ese momento se encontraba vigente en la Norma Oficial Mexicana 022-Semarnat-2003 la prohibición de destruir manglares, situación que fue permitida hasta el 7 de mayo de 2004, con la condicionante de realizar labores compensatorias. Posteriormente, el 15 de julio de ese mismo año, la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió una opinión de factibilidad de uso de suelo que, según Bios Iguana, “fomenta e incita la destrucción del mangle y violenta lo establecido por el ordenamiento ecológico territorial”. Casi dos meses después, la Semarnat emitió la autorización de cambio de uso de suelo forestal de una superficie de 98 hectáreas de San Pedrito a favor de la API, mediante el oficio SGPARN-1914/2004. La denuncia penal Esto motivó que, en febrero de 2006, la coordinadora de Bios Iguana, Esperanza Salazar Zenil, presentara una denuncia penal contra los servidores públicos implicados en las autorizaciones de ese proyecto, pues de acuerdo con el texto de la querella, tanto el acuerdo de la Comisión Estatal Forestal como la autorización de la Semarnat son ilegales, pues “violan de manera clara” el artículo 1 de la Ley General de Vida Silvestre. Antes, el 14 de septiembre de 2004, la API de Manzanillo ingresó la MIA del proyecto ante la Semarnat y, a solicitud de Bios Iguana, en noviembre de ese año se realizó una consulta pública al respecto, donde hubo varias denuncias de ciudadanos inconformes con el proyecto. Mientras la API argumentó que la tala de manglar no iba a causar ningún problema, además de que iban a compensar los daños con replantaciones y bombearían agua salina a la laguna de Las Garzas, investigadores de la Universidad de Colima presentaron ponencias en las que aseveraron que no era posible, pues se generaría un daño grave. A finales de 2005 fue autorizada la ampliación del puerto, pero con una gran cantidad de condicionantes, pues se pidió a la API que hiciera un plan de manejo de la laguna de Las Garzas, un programa de cómo se va a tratar a la fauna silvestre para llevar a su nuevo hábitat y, previo al corte del manglar, hacer un estudio del lugar donde van a ir a dar esos animales para saber si el lugar tiene la capacidad de carga para recibir esa cantidad de especies, y muchas cosas más. Mientras tanto, a la par que avanzaron las obras de ampliación del Puerto de Manzanillo, sus cifras de movilización de contenedores se incrementaron en más de 200%, al pasar de 872 mil 569 unidades en 2005 a 2 millones 830 mil 370 en el año 2017, de acuerdo con los datos divulgados por la API en su apartado de transparencia. Desde febrero de 2017, el Congreso local exhortó a la Semarnat realizar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad medioambiental de la laguna del Valle de las Garzas en Manzanillo, y consideró urgente que las autoridades municipales, estatales y federales exigieran a la API el cumplimiento de los compromisos firmados en materia de rehabilitación de la laguna y que realice las labores para salvar del deterioro a este cuerpo lagunar. La entonces diputada panista Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, autora de la iniciativa, advirtió que la laguna, “uno de los espacios naturales más importantes de la entidad, está a punto de desaparecer y las autoridades no hacen nada; desde que se construyó la terminal de contenedores Contecon, el paso por donde fluye el agua fue tapado, dando como resultado el decaimiento de la vida acuífera que ahí existía y actualmente sólo obtiene agua que es enviada desde la planta de tratamiento de aguas residuales, lo que es insuficiente". La legisladora estimó necesario que las autoridades “actúen a la brevedad para evitar que esta área de reserva ecológica, donde habitan cientos de animales y es refugio de muchas aves migratorias, no desaparezca; se debe de armonizar la actividad industrial o comercial y el medio ambiente, no podemos ni debemos detener la flora y la fauna privilegiando la actividad comercial”. Los acuerdos del gobernador Después de que diversas voces se sumaron a la demanda de rescate de la laguna del Valle de las Garzas, el nuevo director de la API, Ovidio Noval Nicolau, anunció a principios de 2018 un proyecto de restauración ecológica y se iniciaron los trabajos de dragado. El martes 24 de julio anterior, un día antes de que la Profepa anunciara las sanciones contra la API, esta empresa publicó un comunicado en el que dio a conocer que, como parte de los acuerdos entre el gobernador priista José Ignacio Peralta Sánchez y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, se llevó a cabo un recorrido por la laguna Valle de las Garzas. Durante el recorrido, las autoridades supervisaron los avances del dragado, donde observaron el estado actual que guarda la laguna, así como los trabajos ejecutados en el canal principal, su alcance y proceso del mismo. Según la API, “esta obra es fundamental para cumplir con las condicionantes del Manifiesto de Impacto Ambiental de la Semarnat y actualmente se tiene un avance de 86%, lo que representa un total de 130 mil metros cúbicos y 4 mil 100 mililitros en los canales principales de la laguna”.