CIUDAD DE MEXICO (proceso.com.mx).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó que en el ámbito federal todavía "es un reto" la institucionalización de los protocolos, la atención a víctimas y la sistematización de datos en lo que se refiere a abatir la trata de personas. También expresó su "preocupación" por la falta de mecanismos armonizados y coordinados entre los órdenes de gobierno para asegurar la implementación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual se aprobó hace seis años. A través de un comunicado, la CNDH recordó que el 30 de julio se conmemora el Día Mundial Contra la Trata de Personas, y por ello, la Comisión pidió al gobierno de México ratificar el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como continuar con los esfuerzos para elaborar, institucionalizar e implementar en los ámbitos federal y estatal, los protocolos de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrícolas con perspectiva de género y de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el ámbito federal mencionó que la institucionalización de los protocolos, la atención a víctimas y la sistematización de datos es aún un reto, además de que la intervención y cumplimiento de las obligaciones que señala la Ley General por parte de las diferentes autoridades de la Administración Pública Federal varía considerablemente entre unas y otras. "Los derechos a la reparación del daño, a la salud, la educación y, sobre todo, a no ser sometido a la trata de personas, que implica el deber de prevención, siguen sin ser garantizados por el Gobierno de México", mencionó el organismo.  Mientras que en las entidades existe la legislación aprobada, comités interinstitucionales y alguna unidad o fiscalía especializada para la investigación de este delito, se carece de programas estatales con indicadores de cumplimiento y rendición de cuentas, estrategias de trabajo regionales, presupuestos etiquetados y, en general, de políticas sociales dirigidas al combate de las causas estructurales de la trata de personas como la desigualdad, la discriminación y la violencia.  De acuerdo con el Informe Global sobre Trata de Personas 2016, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 71% de las víctimas son mujeres; mientras que la desigualdad de género es también evidente con las víctimas menores de 18 años de edad, ya que las niñas y las adolescentes representan el 20% de las víctimas totales. En cuanto a las modalidades de explotación por sexo, se observa que las niñas y mujeres son víctimas de trata con fines de explotación sexual en un 96%, mientras que hombres y niños en 4%. Por último, la CNDH instó a cumplir con las recomendaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos en agravio de jornaleros agrícolas, posibles víctimas de delitos en materia de trata de personas; especialmente la Recomendación 28/2016 a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al Gobierno de Baja California Sur; la Recomendación 70/2017 dirigida a la STPS y al Gobierno de San Luis Potosí; y la Recomendación 15/2018 dirigida a la STPS, IMSS y Gobierno estatal y Presidencia Municipal de Colima.