Hay una crisis política en Colombia: en un hecho inédito, el expresidente Álvaro Uribe anunció que dejará su escaño en el Senado; no fue una decisión meditada, lo hizo porque la Corte Suprema de Justicia lo someterá a proceso penal. Hay evidencias que implican al exmandatario en una trama orientada a manipular y presionar a testigos que lo señalan como patrocinador de grupos paramilitares. BOGOTÁ (Proceso).- La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia de someter a proceso al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y manipulación de testigos, conocida el martes 24, desató un terremoto político en el país y puso al entrante mandatario, Iván Duque, en un dilema. Para Duque, “delfín” de Uribe y quien asumirá como presidente la semana próxima, no ha sido fácil fijar una posición que deje satisfechos a los colombianos que le exigen respetar la autonomía del Poder Judicial ni a los que creen que, por encima de todo, le debe lealtad a su mentor político. El entrante mandatario colombiano ha dicho que es respetuoso “de la Constitución y sus instituciones”, pero que conoce la “honorabilidad” de Uribe así como “su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país”. De acuerdo con Duque, la inocencia del exmandatario “prevalecerá”. Pero según la CSJ hay sólidas evidencias contra Uribe. Existen grabaciones telefónicas, videos y testimonios que lo implican en una trama orientada a manipular y presionar a testigos que lo señalan como patrocinador de grupos paramilitares.  La contundencia de las pruebas fue lo que llevó al máximo tribunal colombiano a llamar a un juicio penal a un expresidente, un hecho que ocurre por primera vez en la historia del país. Uribe, un caudillo ultraderechista que, sin duda, es el político más poderoso de Colombia, sabe que se enfrenta al mayor desafío de su larga trayectoria como figura pública. Tanto que, luego de conocer la decisión de la CSJ de llevarlo a juicio penal, el expresidente renunció a su escaño en el Senado. “Me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa”, argumentó en su cuenta de Twitter.  Pero un día después, el miércoles 25, Uribe hizo lo que ha hecho durante su carrera política: defenderse atacando. Aseguró que todo se trata de un “montaje”, dijo que hay “periodistas que suelen” maltratarlo y afirmó que, en su caso, se está imponiendo “la presión mediática y política”. Las acusaciones contra Uribe no son nuevas. De hecho, la CSJ, tribunal que tiene entre sus funciones juzgar a los presidentes y miembros del Congreso, lleva 28 procesos en los que aparece como presunto responsable de delitos relacionados con las atrocidades que cometieron grupos paramilitares de extrema derecha, entre ellos asesinatos selectivos y masacres.  Y la Comisión de Acusaciones del Congreso, instancia encargada de investigar a los expresidentes en Colombia, ha recibido 548 denuncias contra Uribe por delitos que van desde homicidio y financiamiento ilegal de campañas políticas, hasta auspicio de grupos paramilitares.  De esos expedientes, 60 permanecen activos y 488 están archivados, según informó a Proceso el secretario de la Comisión de Acusaciones, Juan Pablo Duque.  Aunque nadie espera en Colombia que esa comisión traduzca alguna de esas denuncias en una acusación formal, porque en ella suelen prevalecer criterios políticos sobre los jurídicos, la CSJ sí parece decidida a llevar el juicio contra Uribe hasta las últimas consecuencias. El expresidente, incluso, ha dicho que la decisión del máximo tribunal colombiano de citarlo a indagatoria lleva “implícita (una) medida de aseguramiento (de detención)”. Un animal político El Centro Democrático (CD), el partido fundado por Uribe y al cual pertenece Iván Duque, cerró filas con su líder y consideró en un comunicado que el proceso en su contra es producto de “un montaje de sus enemigos políticos”, cuyo objetivo es “atacar la estabilidad del nuevo gobierno”. El día que se conoció la decisión de la CSJ, Duque, quien asumirá como presidente el próximo 7 de agosto, dijo que su mentor político debe contar con las garantías para ejercer plenamente su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. En los días posteriores ha evitado referirse al tema.  El proceso contra Uribe y su renuncia al Senado –que hasta el viernes 27 no se había formalizado– son un duro golpe para Duque, quien aspiraba a que el exmandatario liderara la bancada del CD en el Congreso para sacar adelante reformas como la que busca modificar los acuerdos de paz con las FARC, para impedir que los exjefes insurgentes ejerzan la política. Para el abogado y maestro en políticas públicas de la Universidad de Oxford, Juan Carlos Palou, es claro, dice en entrevista, que el CD busca politizar el proceso contra el exmandatario y desatar “una campaña de desprestigio de la justicia, lo que puede ser muy peligroso”. Uribe, quien goza de un enorme respaldo ciudadano por la guerra que desató contra las FARC durante su gobierno (2002-10) y por su feroz oposición al acuerdo de paz con esa guerrilla, fue un factor decisivo en la elección de Duque como presidente. Tanto, que los colombianos observan al próximo mandatario como “el que dijo Uribe”. En las elecciones legislativas de marzo pasado, el exgobernante fue reelegido como senador con más de 870 mil votos, una cifra sin precedente para un candidato a ese cargo. Y su partido –que él creó con la sola fuerza de su nombre hace cinco años– tiene la bancada mayoritaria en el Congreso. Pero así como suscita fervientes adhesiones­ entre el electorado conservador, que en Colombia es mayoría, Uribe genera también un amplio rechazo. Según una encuesta de Gallup divulgada este mes, 43% de los colombianos tiene una opinión favorable del líder del CD, mientras 52% lo desaprueba, el más alto porcentaje de toda su carrera política. El exfiscal y abogado penalista fiscal Fabio Humar señala a Proceso que el llamado a juicio es una oportunidad para que el expresidente se defienda, pero advierte que podría quedar detenido al comparecer ante la CSJ. Ese tribunal, explica, suele imponer medidas de aseguramiento a los acusados y si no lo hiciera con Uribe, “sería absolutamente excepcional”. El expediente judicial El pliego de cargos contra Uribe elaborado por la CSJ establece que hay pruebas de que el expresidente participó “de manera personal y directa”, o a través de terceros, en maniobras ilegales para presionar a testigos a que se retracten de acusaciones por paramilitarismo que han formulado contra él y su hermano, Santiago Uribe. Existe, incluso, un video grabado en forma clandestina en la cárcel por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, en el que se observa al abogado de Uribe, Daniel Cadena, pidiéndole que elabore un escrito en el que ofrezca disculpas al exmandatario por haberlo acusado de promover el paramilitarismo y en el que diga que el senador izquierdista, Iván Cepeda, le ofreció prebendas a cambio de esa acusación. Monsalve, quien cumple una condena de 35 años en la cárcel bogotana de La Picota por secuestro y concierto para delinquir, es una pieza clave del proceso contra Uribe, no sólo por las pruebas que indican que lo habrían presionado para incriminar a Cepeda en manipulación de testigos, sino porque es hijo de Óscar Monsalve, exadministrador de la hacienda Guacharacas, propiedad del expresidente. Monsalve ha declarado ante la justicia que en 1996 Álvaro Uribe –quien entonces gobernaba Antioquia– participó con su hermano Santiago y los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas y Santiago y Pedro Gallón Henao, en la creación de un grupo paramilitar. Por esas afirmaciones, el expresidente demandó al senador Iván Cepeda ante la CSJ en 2012. Lo acusó de calumnia agravada y fraude procesal (en este caso por manipulación de testigos), con el argumento de que había obtenido la declaración de Monsalve a cambio de dinero y de beneficios carcelarios. Pero en febrero pasado el máximo tribunal de Colombia no sólo exoneró a Cepeda de esos cargos, sino que decidió investigar a Uribe por manipulación de testigos, la misma acusación que había formulado contra el legislador del Polo Democrático Alternativo. La determinación de la Corte Suprema se basó en varias escuchas telefónicas que indicaban que Juan Guillermo Villegas, amigo del expresidente, presionó a Monsalve y a su familia para que se retractara de las acusaciones contra Uribe y para que incriminara a Cepeda. La decisión del tribunal de llamar a juicio Uribe por soborno y fraude procesal se basó también en varias intercepciones telefónicas realizadas por la Fiscalía desde febrero pasado y en el video grabado por Monsalve en la cárcel cuando se reu­nió con el abogado Cadena. Según Uribe, hay “reiteradas denuncias” de que en esa grabación participó la agencia de inteligencia británica MI6, en la que tiene “amigos” el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien calificó esa afirmación de “estrambótica”. Atentados y amenazas  Iván Cepeda dice a Proceso que la “valiente” decisión de los magistrados es inédita en la historia jurídica de Colombia y con ella “comienza a derrumbarse el mito de que Uribe es un personaje todopoderoso que está por encima de cualquier tipo de indagación judicial”. Hay que ver, agrega, hasta dónde llegará ese proceso penal “porque estará sometido a toda clase de presiones políticas y presiones sobre los magistrados de la Corte; eso es algo que ya ha ocurrido en el pasado”. Cepeda pide crear una comisión internacional que dé seguimiento al juicio contra el exmandatario y rodeé a los magistrados.  El senador señaló que es necesario, además, extremar las medidas de seguridad en torno a Monsalve, quien ya ha sufrido dos atentados en la cárcel. El mismo Cepeda, quien cuenta con un fuerte esquema se seguridad, dice que a raíz de las acusaciones que ha formula contra Uribe han aumentado “exponencialmente” las amenazas en su contra.  Palou considera que el juicio contra el expresidente tendrá enormes repercusiones políticas en el país, porque el futuro mandatario, Iván Duque, pierde en el Senado a un articulador clave para sacar adelante las reformas que busca hacer al acuerdo de paz con las FARC. “A Duque se le complicará más lograr construir las mayorías legislativas que requiere para modificar esos acuerdos (el presidente electo busca que los exjefes guerrilleros paguen con cárcel los delitos graves que hayan cometido en la guerra) e impulsar otras reformas, como la de la justicia”, señala el académico. Uno de puntos de la reforma a la justicia anunciada por Duque es debatir la conveniencia de desaparecer varias de las alta cortes y crear un solo tribunal supremo, lo que en la campaña electoral fue interpretado como una forma de presionar a los magistrados que investigan a Uribe. Para Palou, al próximo presidente le será muy difícil satisfacer las expectativas de los colombianos que le exigen respetar la autonomía del Poder Judicial y las de los uribistas radicales que le exigen, ante todo, lealtad con el exgobernante y líder del CD. “Pero todo esto también puede ser una gran oportunidad para Duque. El proceso contra Uribe le puede ayudar a darle un nuevo talante a su gobierno y enfocarse más en los temas de futuro, más que en empeñarse en demoler todo lo que hizo el gobierno del presidente Santos, como la paz con las FARC”, asegura. Este reportaje se publicó el 29 de julio de 2018 en la edición 2178 de la revista Proceso.