La CDHDF hace “llamado urgente” a la PGJ-CDMX a cumplir “a cabalidad” recomendación por caso Narvarte

Familiares de las víctimas del multihomicidio en la colonia Narvarte protestan en la PGJ. Foto: Octavio Gómez Familiares de las víctimas del multihomicidio en la colonia Narvarte protestan en la PGJ. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un “llamado urgente” a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) para que “impulse y agote todas las medidas suficientes para cumplir a cabalidad” con la Recomendación 4/2017 sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte.

De lo contrario, alertó que “estaremos frente a un escenario de mayor vulneración y revictimización de cada una de las personas agraviadas, a quienes desde hace tres años se les privó del libre ejercicio de sus derechos humanos”.

Este martes se cumplen tres años del feminicidio de Mile Virginia Martín, modelo de nacionalidad Colombia; Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, maquillista; Olivia Alejandra Negrete Avilés, trabajadora del hogar; y Nadia Dominique Vera Pérez, defensora de derechos humanos; así como el homicidio de Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotoperiodista, en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte.

El 21 de junio del 2017, la CDHDF emitió la Recomendación a la PGJ-CDMX y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local por las violaciones a los derechos humanos contra las víctimas y algunos de sus familiares.

A un año de la emisión de la misma, el organismo presidido por Nashieli Ramírez dijo que se han hecho “numerosas reuniones y mesas de trabajo” con las víctimas, sus representantes y las autoridades recomendadas. Además, la Comisión ha acompañado diversas diligencias ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención en Delito de Homicidio.

Además, informó que desde el Programa de Lucha contra la Impunidad, se ha dado seguimiento a los procedimientos penales y administrativos contra servidores públicos y, como parte del seguimiento, se han revisado y analizado instrumentos normativos para la mejora de las investigaciones en este tipo de casos.

Sin embargo, dijo, “si bien, se han establecido espacios de diálogo entre las víctimas, sus representantes y las autoridades, estas últimas no han logrado dar cumplimiento total a la mencionada Recomendación. Pese a los esfuerzos llevados a cabo durante el último año, los mismos aún resultan insuficientes”.

Grandes pendientes

Como lo adelantó Proceso en su edición 2178 que circula está semana, la CDHDF señaló que entre los grandes pendientes de la Recomendación que la PGJ-CDMX -a cargo de Edmundo Garrido- está la elaboración de un Plan Integral de Investigación que cuente con los mínimos estándares para identificar, delimitar y agotar las posibles líneas de investigación, así como una metodología adecuada para procesar y analizar la información que se va recabando.

Y es que, aseguró que a la fecha las diligencias “no han servido para confirmar o desacreditar las diversas hipótesis ni las responsabilidades de los presuntos autores intelectuales”.

La CDHDF añadió que, para realizar las diligencias pendientes, “es indispensable que la autoridad continúe colaborando con las víctimas y sus representantes, se alleguen de expertos en materia de feminicidios, ataques a defensores y periodistas, así como de ampliar las investigaciones de cara a determinar las diversas líneas de investigación”.

Sobre las investigaciones penales y administrativas contra servidores públicos involucrados con las violaciones a derechos humanos, el organismo autónomo manifestó su preocupación porque “aún no hay ninguna persona investigada o sancionada por estos actos. Por el contrario, aquellas investigaciones que se iniciaron, fueron determinadas sin responsabilidad alguna”.

Tal situación, agregó, permitió que ayer se publicaran en medios de comunicación nuevas imágenes e información relacionada con el caso, “poniendo de manifiesto las consecuencias de la impunidad”.

La CDHDF confió en que la PGJ-CDMX realice un acto de disculpa pública y una propuesta de indemnización “acorde con los estándares internacionales en materia de reparación integral”, con la que se reconozcan los daños por cada uno de los derechos vulnerados -acreditados por esta Comisión-, así como las pretensiones de las víctimas, la pertenencia a grupos en situación de riesgo y el impacto que la impunidad ha tenido sobre ellas, “la cual continúa afectando su integridad física y psicológica”.

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