URES, Son. (apro).- En reclamo al olvido e indiferencia del gobierno federal por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, los afectados por el derrame de 40 millones de litros de tóxicos mineros organizaron una protesta en lo que debió ser la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas). La protesta de los damnificados ribereños incluyó la colocación de una manta que rememora el ecocidio y la desolación experimentada por los 24 mil afectados en siete municipios de la sierra. Benjamín Cokelet, codirector ejecutivo de Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación), explicó que la representación artística conmemora la tragedia y el cuarto aniversario del macroderrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 por irresponsabilidad de la mina Buenavista, subsidiaria de Grupo México. "No es un día feliz, es un día de mucha rabia, de mucho enojo, de mucha frustración porque en estas fechas se piensa todo lo que no se ha hecho en estos últimos cuatro años", fustigó Cokelet. La organización Poder es una asociación regional, no gubernamental, sin fines de lucro. Su misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, así como fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales. Uno a uno, los representantes de cuenca reconocido por Grupo Poder manifestaron su descontento, como Ramón Miranda, de Aconchi, quien consignó que la población en su totalidad resultó afectada "en nuestro medio ambiente, en nuestra naturaleza, porque de nuestro entorno depende nuestra economía y actividades". Luego, Francisca Siqueiros, de Ures, lamentó esa tragedia que sacudió a la sierra baja estatal, debido a que la vida a la vera de los ríos Sonora y Bacanuchi cambió drásticamente. "Por desgracia, ese 6 de agosto fue un día que se nos juntó el cielo con la tierra, fue lo peor que nos pudo haber pasado a la humanidad, debido a que se trató de un ecocidio de una gran magnitud", expresó. Después Roberto Guerrero, de Huépac, exteriorizó que aún siguen contabilizando los casos de cáncer detectados en los últimos cuatro años. "Pese a la dimensión de personas enfermas que encontramos, el dinero fue a parar en un edificio como el de Uveas, que se encuentra en obra negra y no funciona", denunció. De acuerdo con Cokelet, los datos presentados por el Fideicomiso Río Sonora muestran que tres organizaciones recibieron 184 millones de pesos para proveer tinacos a las familias después del derrame, una fue el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, pero la segunda organización “fue fundada por Rodolfo Lacy Tamayo, el entonces subsecretario de Semarnat, quien también es el presidente del Comité Técnico del mismo fideicomiso. Él creó una asociación civil que recibió dinero del mismo fideicomiso para poner los tinacos”, acusó. El tercero y más preocupante dato, según dijo Cokelet, es que la empresa de Rotoplas, “cuyo nombre se ve en cada uno de los tinacos a lo largo del río Sonora”, es propiedad de Carlos Rojas Mota Velasco, familiar de Germán Larrea Mota Velasco, el dueño de Grupo México. “Ellos gastaron dinero del fideicomiso en sus propias empresas”, señaló. “Esta construcción a medio empezar es un recordatorio constante de las promesas sin cumplir del Fideicomiso Río Sonora, cuyos responsables se comprometieron a hacer aquí una clínica de atención especializada para las personas afectadas en su salud”, dijo Mario Salcido, integrante del Comité de Cuenca de Ures, quien acusó que el gobierno y la empresa Grupo México le han fallado a las comunidades del río Sonora, las cuales se encuentran en el abandono desde que sucedió el derrame.