CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más allá de los electrochoques que ha generado la designación de Manuel Barlett como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hay otros asuntos prioritarios para ser atendidos por el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete: la espiral de violencia que sigue creciendo y la inseguridad que esta genera en todos los niveles de la sociedad. Hace unos días el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) de México dio a conocer los nuevos números de la violencia y el récord que ha alcanzado en el último año. La tasa de homicidios creció un 27% a 31 mil 174 personas asesinada en 2017. “Es decir, una razón de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2016, que fue de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes”, indicó el INE en un boletín. El sexenio de Enrique Peña Nieto va a terminar como el más violento de la historia del país y será una de las herencias que dejará a la administración de López Obrador que tendrá que afrontarla de inmediato para que no se convierta con el paso del tiempo en su talón de Aquiles. La situación de por si grave se agudiza más si tomamos en cuenta otros números que reflejan la endeble estructura de la seguridad pública en todo el país: hay 600 municipios que carecen de policía local y 900 que tienen menos de 20 agentes en activo. A la par de esta carencia o de la ausencia de elementos suficientes que den seguridad en mil 500 municipios de todo el país, en muchos de ellos el crimen organizado los controla e incluso, como ha sucedido en Michoacán y Guerrero, los criminales imponen a los policías que forman parte de su estructura. La inseguridad, al igual que la corrupción y la violencia, fueron demandas sociales que el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó en segundo término con tal de cumplir con sus reformas estructurales en materia energética, educativa y hacendaria. Este error de gobierno con el paso del tiempo cobró sus intereses y al dejar de atender las necesidades ciudadanas se convirtieron en exigencias y demandas que, a su vez, se transformaron en votos de castigo a Peña Nieto y al PRI. La tasa de homicidios alcanzada hasta ahora es superior incluso a la de 2011 donde la “guerra contra el narcotráfico” derivó en 24 muertes por cada 100 mil habitantes. La principal causa de homicidio fue agresión con armas de fuego pues representó el 68.4% del número total de homicidios. Los homicidios por agresiones con objeto cortante, ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación también fueron en aumento. Y para el 2018 el escenario pinta más rojo pues durante el primer semestre las ejecuciones perpetradas por el crimen organizado superaron las 11 mil a nivel nacional, esto es, 60 ejecuciones diarias que representan un incremento de 28% respecto al año pasado y un récord histórico. La atención del próximo gobierno lopezobradorista habrá de detenerse por un largo tiempo ante el problema de la inseguridad ya que el 75% de los mexicanos percibe que vivir en su ciudad es inseguro debido a que el 38.6% de los hogares cuenta con al menos una persona víctima de robo y/o extorsión y el 42.5% dijo haber sido testigo de la venta o consumo de drogas. Por cierto… El récord histórico de asesinatos violentos con el que termina el gobierno de Enrique Peña Nieto no es otra cosa que consecuencia y extensión de la estrategia militar y policiaca de lucha contra el narcotráfico establecida por Felipe Calderón hace 12 años. Urge una nueva política de combate al crimen organizado del gobierno entrante, que sea integral y de prontos resultados. Lo mismo que de combate a la corrupción.