GUANAJUATO, Gto. (apro).- El Instituto de Acceso a la Información Pública en el estado (Iacip) recibió una queja formal por un cúmulo de irregularidades en las publicaciones del gobierno estatal, particularmente en el tema de los contratos y convenios de publicidad a través de la Coordinación de Comunicación Social, a cargo de Enrique Avilés Pérez, además de otras dependencias y organismos en materia de proveedores, facturas y ligas para acceder a las comprobaciones de gastos. En la lista figuran, además de la Coordinación de Comunicación Social, el Fórum Cultural, el CECYTEG, la Comisión del deporte, el Instituto de Alfabetización para Adultos (INAEBA), el Instituto Tecnológico del Sur, el Museo Iconográfico del Quijote, la Comisión de Vivienda, el Instituto de Ecología, y las secretarías de Educación, Seguridad Pública, Agricultura, así como la de Transparencia y Rendición de Cuentas, entre otras dependencias. En diciembre pasado, el gobernador Miguel Márquez Márquez presumió que el estado se encontraba en el segundo lugar nacional en transparencia y rendición de cuentas. Pero en una búsqueda directa en los portales digitales y a través de una treintena de solicitudes de acceso a la información, se evidenció que todas las dependencias mencionadas incurren en violaciones diversas a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública para el estado. En algunos casos, no publican los contratos; en otros, las ligas que deberían remitir a los contratos están desactivadas o rotas. Lo mismo ocurre en varios casos cuando se remite a facturas, convenios o testigos de publicidad contratada que no pueden consultarse o verificarse porque los enlaces no funcionan. Por ejemplo, en el caso de Comunicación Social, los registros están incompletos desde el 2015 a la fecha, según la queja presentada ante el Iacip por la reportera Kennia Velázquez, del portal informativo Zonafranca.mx. La instancia dispuso en 2016 y 2017 de casi un millón de pesos diarios para publicidad, en el penúltimo año de gobierno del panista Márquez Márquez. El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) reveló en un informe el incremento exponencial del monto asignado y aprobado inicialmente por el Congreso del estado en el 2017 al Ejecutivo guanajuatense en materia de comunicación social, en comparación con el que finalmente se ejerció. Mientras que el gasto aprobado fue de 170 millones de pesos, lo ejercido casi llegó a los 400 millones de pesos. Queja por opacidad Un reportaje publicado por el mismo portal que interpuso la queja –el cual es objeto de una auditoría por parte de la Secretaría de Finanzas del estado- cita incluso a una empresa veracruzana dedicada al ramo de la construcción (Consorcio Xlapak) contratada por Avilés Pérez para servir como intermediaria en la asignación de publicidad a dos páginas de internet que entre 2016 y 2018 recibieron casi medio millón de pesos. Sin embargo, del total de más de mil 300 millones de pesos ejercidos en publicidad en el gobierno de Márquez, sólo se han publicado contratos por poco más de 400 millones, y de éstos, en 284 millones se pueden corroborar las facturas. La queja dirigida a la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, no sólo alude a esta opacidad, sino al incumplimiento del Ejecutivo estatal de varios puntos de la Ley de transparencia. “La mayoría de los contratos celebrados no indican con detalle ni precisión el objeto del contrato, suelen referirse a ‘difusión’, ‘publicidad’, ‘espacios publicitarios’, o remiten a anexos, que, en las más de las veces, no están publicados. Esto impide que se transparente el ejercicio de la función pública y que se pueda exigir el cumplimiento de lo acordado al proveedor. En el mismo sentido se encuentran las facturas, pocos proveedores detallan el servicio prestado”, señala. Datos de contratos que no coinciden con los de las facturas, contratos por material que no corresponde al rubro presupuestal consultado, falta de acceso a la consulta de documentos; repetición de datos o archivos en años distintos (en lugar de actualizar la información) o casos en los que ni siquiera se incluye una liga para verificar facturas, son varias de las inconsistencias detectadas en las búsquedas de información en la plataforma estatal. “Muchos de los sujetos obligados ocultan los nombres de los prestadores de servicios, por lo que es imposible saber si el contratado fue el que realizó el servicio. Algunas facturas y contratos son ilegibles, por lo que se pide que les solicite a los sujetos obligados que publiquen sus archivos de manera clara”, agrega la queja. Incluso, en solicitudes efectuadas a través de la Unidad de acceso a la información del Ejecutivo, las dependencias obligadas se negaron a proporcionar datos sobre un proveedor, con el argumento de que no había sido contratado, pero en el portal de la misma dependencia aparecía el contrato. “Considero que hay un intento sistemático de bloquear el acceso a la información pública, es mi intención con esta denuncia global demostrarlo, pues las impugnaciones en lo particular no permiten mostrar los intentos constantes por ocultar la información… Acudo a usted para que intervenga, para que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley, responda las peticiones de cualquier ciudadano en tiempo y forma y haga público lo que marca la normatividad sin excepciones”, dice la comunicación entregada a la presidenta del Iacip.