CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y al fiscal general de Justicia en Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, por violaciones graves a derechos humanos atribuibles a personal naval. En un comunicado, la CNDH precisó que dichas violaciones consistieron en la desaparición forzada de 10 personas en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, entre ellas dos menores de edad, así como el cateo ilegal cometido en agravio de tres de las víctimas en la primera entidad. El organismo sostuvo que recibió diversas quejas de familiares, algunas presentadas ante Comisiones Estatales de Derechos Humanos, por desapariciones forzadas de personas en los estados señalados, e inició cuatro expedientes distintos, que por existir entre ellos identidad en los derechos violados y por las autoridades responsables, por economía procesal y bajo el principio de concentración, se resolvieron con la emisión de la recomendación emitida. En el primer caso, los quejosos señalaron que una persona fue detenida por marinos mientras circulaba en su vehículo por una carretera de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. En distintas quejas, familiares de tres víctimas más dijeron que éstas fueron sustraídas de sus domicilios en ese municipio por personal de la Semar, sin que se conozca su paradero. En el segundo caso, familiares de dos víctimas, una de ellas menor de edad, manifestaron que fueron detenidos a bordo de un vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un retén de la Secretaría de Marina, y en el tercero se señaló que una persona menor de edad fue detenida sin justificación por elementos navales cuando conducía su vehículo, también en Nuevo Laredo. En el último caso, los quejosos manifestaron que tres personas fueron detenidas por efectivos de la Semar frente a una vulcanizadora en El Refugio, en Matamoros. En los cuatro casos se cuenta con testigos presenciales de familiares y personas que se encontraban en el lugar de las detenciones, incluso algunas refirieron haber visto que los detenidos fueron ingresados a las bases navales. La CNDH explicó que en uno de los casos la Semar buscó desacreditar la queja del familiar de una de las víctimas, argumentando inconsistencias y contradicciones en sus escritos, sin que hubiera tales. Otra persona más fue detenida en la misma fecha que la primera víctima del caso uno, y en entrevista con visitadores adjuntos de la CNDH refirió que elementos de la Semar la detuvieron de manera arbitraria y retuvieron ilegalmente por cinco días, tiempo en el que sufrió malos tratos, privaciones de sus sentidos y movilidad; sin embargo, pidió que no se investigara su caso por temor a represalias. No obstante, los hechos narrados corresponden a violaciones a derechos humanos y por ello también es considerada como víctima, puntualizó el organismo. Como resultado de las evidencias y el trabajo de campo, la CNDH advirtió que tres de las personas desaparecidas eran jefes de familia y proveedores del sustento, por lo que trascendió a la esfera de sus hijos, quienes al momento de los hechos eran menores de edad, por lo cual se violaron los derechos a la familia y al sano desarrollo, así como al interés superior de la niñez, al desintegrarse el núcleo familiar. También se violaron los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la privacidad, la seguridad jurídica y la legalidad en agravio de otras tres personas y sus familias que se encontraban en sus casas, por los saqueos, allanamientos y daños a su propiedad en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. En ese sentido, concluyó que hubo indebida procuración de justicia por el Ministerio Público con residencia en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por la dilación excesiva en integrar las averiguaciones previas, por no actuar de inmediato para buscar a las víctimas o responsables, y por no realizar una efectiva investigación, pues dicha autoridad fue omisa y laxa al practicar diligencias que ayudaran con el esclarecimiento de los hechos. Por ello, recomendó al secretario de Marina y a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, entre otros puntos, inscribir a las 10 víctimas de desaparición forzada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y continuar su búsqueda, así como reparar el daño a la víctima liberada y a las víctimas indirectas de las 10 personas desaparecidas, para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en términos de la Ley General de Víctimas.