CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas exigieron al gobernador Héctor Astudillo que demuestre que los jóvenes desaparecidos en la entidad, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa, “participaban en acciones delincuenciales”, como lo afirmó el priista este fin de semana durante una reunión con miembros del Club Rotario de Acapulco, o de lo contrario que ofrezca una disculpa pública a las víctimas de la violencia. También exigieron a los diputados de la 61 legislatura que llamen a cuentas al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge de los Santos Barila, quien rindió protesta como vicepresidente del Club Rotario Las Brisas, con el fin de que se abstenga de “realizar vida social” y se ponga a trabajar ante el rezago en investigaciones y procedimientos de identificación de cuerpos que se encuentran almacenados en las morgues. La postura de los familiares de desaparecidos se dio luego de que Apro informó este sábado 4 que el gobernador Astudillo aseguró que los jóvenes desaparecidos en la entidad, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa, “participaban en acciones delincuenciales”, y atribuyó la imparable ola de inseguridad y violencia a “la pérdida de valores” en las familias guerrerenses. De esta forma el mandatario criminalizó a las víctimas y se deslindó de su responsabilidad de garantizar seguridad a la sociedad durante un evento elitista, realizado la noche anterior en la terraza “Tulipán” del exclusivo hotel Las Brisas, donde rindieron protesta el fiscal Jorge de los Santos Barila y la exdirectora del Acabús, Silvia Zapata López, como dirigentes del Club Rotario Acapulco. Al respecto, familiares de víctimas de desaparición y homicidio denunciaron que no es la primera vez que Astudillo “señala de manera irresponsable que las hijas e hijos desaparecidos y ejecutados que los familiares buscamos son delincuentes”. A través de un comunicado, recordaron que en diciembre de 2016 hizo la misma imputación sin presentar pruebas, y ahora lo vuelve a decir, después de que el mandatario sostuvo una reunión con varios colectivos de familiares de personas desaparecidas de Guerrero. En dicho encuentro privado, señalaron, las víctimas le exigieron “resultados” al mandatario y al fiscal. Por ello, se sintieron ofendidos tras la acusación sin pruebas de Astudillo contra los jóvenes desaparecidos, y el hecho de que responsabilizó a las madres y padres de ser los responsables de la inseguridad y violencia, “al no inculcarles a nuestras hijas e hijos valores”, y remataron: “El gobernador Héctor Astudillo Flores es quien no tiene valores, pues al abandonar su responsabilidad de proteger y dar seguridad a las y los guerrerenses, comete omisión e impunidad a favor de los grupos delincuenciales, por lo que día a día se viven desapariciones, ejecuciones, personas torturadas, enfrentamientos armados, miles de desplazados y pueblos fantasma”, acusaron las víctimas. Luego, señalaron que Astudillo es el responsable de la situación de inseguridad y violencia en la entidad y el país, al argumentar que su partido político, el PRI, y sus aliados de PAN y PRD, así como los gobernantes, desplegaron desde hace más de 25 años políticas para “beneficiar a las élites políticas, sus amigos y familiares, quienes su único interés ha sido saquear los recursos públicos y beneficiarse del poder que como gobernantes tienen, dejando a la inmensa mayoría de la población en la pobreza y la miseria. “Esta política privatizadora que implementan ha sido también la responsable de la pérdida de valores en la sociedad, al provocar la desintegración de las familias en la búsqueda de la sobrevivencia y, aún a pesar de ello, somos estas familias y sobre todo las madres en la pobreza quienes contra viento y marea mantenemos arraigados valores que estamos seguras que ellos no tienen, porque su vida gira en torno al dinero y al poder político que éste les da”, expresaron las víctimas. Por ello, exigieron a Astudillo que pruebe su imputación contra los jóvenes desaparecidos, o de lo contrario se disculpe públicamente con los colectivos de familiares y cumpla con sus obligaciones, “garantizando a los habitantes de nuestra entidad la libertad, la seguridad, el bienestar y la justicia. “Si no pueden cumplir con sus obligaciones mandatadas, entonces renuncien”, emplazaron en un comunicado firmado por el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, Guerrero y México; la Organización Campesina de la Sierra del Sur; Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, y Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores de La Parota (CECOP). Así como la asociación denominada Aliadas por la Justicia; Red de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (Remjina); Unión Campesina Independiente Emiliano Zapata, y las señoras Felicitas Martínez Solano y Martha Obeso Cázares.