CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los asesinatos de los periodistas mexicanos Rubén Pat y Luis Pérez García son emblemáticos de “una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos”, señaló este martes la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un comunicado, la oficina encabezada por el experto uruguayo Edison Lanza destacó que con ambos homicidios se eleva a ocho el número de periodistas asesinados en lo que va de este año, por lo que urgió al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a atender las recomendaciones emitidas el año pasado, luego de una visita conjunta a México con la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “La Relatoría Especial insta al reciente gobierno electo a redoblar esfuerzos para asegurar la protección de los comunicadores y para luchar contra la impunidad, ya que los asesinatos a periodistas se configuran como un grave ataque a la libertad de expresión y constituyen una forma de censura extrema”, precisó. La Relatoría emplazó al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) a “instrumentar las recomendaciones contenidas en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México que dan cuenta de la insatisfactoria coordinación entre el nivel federal y estatal, tanto para implementar las medidas de protección, como para esclarecer en forma completa los hechos y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”. Para la oficina de la CIDH, los homicidios de Rubén Pat y Luis Pérez García “son un ejemplo clásico de estos problemas” de falta de coordinación entre dependencias de estatales y federales. Y sostuvo que en posicionamientos anteriores recalcó que “este país enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos, particularmente la seguridad de los periodistas”. En el Informe Especial, dijo, se afirmó que “los ataques endémicos en contra de periodistas, así como de las personas defensoras de derechos humanos, sin duda representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en México”. La Relatoría resaltó que, en el caso de Rubén Pat, director del semanario Playa News, asesinado el 24 de julio en el municipio de Solidaridad, contaba con medidas de protección por parte del Mecanismo, entre ellas el resguardo de escoltas, desde abril de 2018. Según la CIDH, un mes antes de su muerte “Pat se comunicó con el Mecanismo para denunciar que una camioneta desconocida se estacionaba frente a su casa, por lo que se habría dispuesto vigilancia permanente en su domicilio”. Agregó que a los cuestionamientos al Estado mexicano sobre el caso, informó que se investigaba si durante el atentado estuvo presente la escolta asignada. En el comunicado la Relatoría retomó la versión de organizaciones civiles, en el sentido de que el periodista “habría denunciado que esas medidas no eran suficientes, en vista de que las amenazas en su contra persistían, y por eso realizaba sus labores con temor”, además de recordar que en 2017 Pat fue agredido y arrestado por la policía de Solidaridad, Quintana Roo. En el caso de Luis Pérez García, quien era director de la revista Encuesta de Hoy y miembro de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM), asesinado en Iztapalapa el 10 de julio pasado, resaltó las contradicciones sobre la causa de su muerte, pues oficialmente se determinó que había sido por asfixia, pero más tarde se concluyó que recibió un golpe con un objeto puntiagudo. La Relatoría puntualizó que, de acuerdo con la respuesta del Estado, la Feadle “inició investigaciones en los casos de Pat y Pérez García y que se mantienen abiertas para determinar si los homicidios tuvieron relación con la labor periodística de las víctimas”, además de que la dependencia envío investigadores a las entidades en las que ocurrieron los hechos.